Tegucigalpa – El proceso que se sigue para elegir a las cabezas de la Fiscalía, hasta el momento no cuenta con reglas y procedimientos claros, limitándose a lo estipulado en la Constitución de la Republica y la Ley de Ministerio Publico, lo cual impide conocer de manera transparente, la ruta del mismo para su seguimiento y veeduría.
Así se manifestaron este viernes las organizaciones integrantes de la Coalición Anticorrupción de Honduras ante el inicio del proceso de elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto.
Según el frente anticorrupción, lo anterior abre las posibilidades a mayores injerencias partidarias en esta primera etapa, aumenta la desconfianza en cuanto a que la elección no responda a criterios por méritos e idoneidad, y con ello, puede generar el rechazo de profesionales idóneos a participar en la elección.
Asimismo, mencionan que las denuncias públicas sobre la repartición partidaria de los cargos para Fiscal General y Adjunto, y la Dirección de Fiscalías, y además las componendas para elegir a personas específicas como representantes ante la Junta Proponente, es un mal comienzo porque origina preocupaciones y dudas.
Por lo anterior -resaltan- respaldamos y hacemos propias las recomendaciones planteadas por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), organización miembro de esta Coalición, en cuanto al proceso a que es fundamental:
• Respetar los estándares internacionales de independencia e imparcialidad de los fiscales, propuestos por la ONU en el Informe del Relator Especial sobre la independencia de las y los magistrados y abogados, realizado durante su visita a Honduras el 16 al 22 de agosto de 2019.
• Garantizar a la junta proponente, un presupuesto adecuado que le permita independencia y autonomía en sus funciones.
• Garantizar a través de la regulación y mecanismos jurídicos vinculantes, que la sociedad civil organizada realice, sin limitaciones, la veeduría del proceso o escrutinio público.
• Que la junta proponente elabore un reglamento interno para el proceso de selección del FG y FA, con los estándares de difusión, independencia, transparencia y meritocracia, utilizados por la junta nominadora para la selección de magistrados y magistradas de la CSJ.
Asimismo, como Coalición, expresan su satisfacción por la elección de José Ramón Ávila, director de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG) como representante de las OSC ante la JP, un líder social que goza de confianza y respeto y ofrecemos nuestro apoyo en esta trascendental tarea para fortalecer las buenas prácticas, la difusión y rendición de cuentas en el proceso de selección de altos cargos del Ministerio Público.
Como se menciona en el artículo uno de la Ley del Ministerio Público, dentro de sus fines y objetivos esta “representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad” la elección de sus máximas autoridades debe gozar de plena independencia, legitimidad, transparencia y máxima difusión. Solo así podría haber garantía de que la o el fiscal general y la o el fiscal general adjunto, sea asumida por personas capaces, independientes, honestas, con vocación para trabajar en equipo y que respetan y defienden los derechos humanos, concluye el comunicado de la Coalición Anticorrupción de Honduras. JS
