A los cien días de gobierno, Honduras repite el mismo error: confundir el balance con el rito político, aplaudir lo que apenas empieza y exigir resultados donde todavía no hay más que voluntad declarada. Roosevelt convirtió los primeros cien días en vara de medir porque detrás de la urgencia había método, plan y consecuencias. Honduras importó la liturgia, pero no la disciplina. Aquí los cien días no miden resultados: revelan si el poder llegó con brújula o llegó solo a ocupar; revelan algo más incómodo aún: por qué Honduras recibe, cada cuatro años, la misma herencia con distinto titular.
No es cosa de una administración. Honduras arrastra una memoria demasiado larga de desfalcos, compras sobrevaloradas, emergencias convertidas en negocio y contratos adjudicados bajo la sospecha permanente de la coima. La constante ha sido la misma: la factura no la pagan quienes deciden, sino los ciudadanos que trabajan tributan y sostienen un Estado que les cobra como contribuyentes y les responde con servicios que pagan, pero no reciben.
El problema tiene forma de calendario.
Y esa forma es una trampa. El primer año se consume en empezar de cero: cada nuevo gobierno jura que no sabía, y el país espera entre escuelas sin clases, hospitales sin medicinas y diagnósticos que nadie ejecuta. El segundo año llega con proyectos, comisiones y archivadores llenos de documentos que no obligan a nadie; la deuda, en cambio, sí obliga. El tercer año huele a campaña antes de tiempo: lo que incomoda se engaveta, lo que no da rédito se aplaza. El cuarto, cuando la siembra debería ser cosecha, ya es archivo y reparto de culpas. Así, Honduras no gobierna: arranca tarde, se distrae pronto y termina siempre en campaña. Que este ciclo se repita es el síntoma. Que lo demos por inevitable es el problema.
El problema no nace siempre de la corrupción. A veces nace de algo más difícil de corregir porque es más difícil de nombrar: gobernar sin método es una elección. Donde no hay cronograma, el atraso se disfraza de prudencia. Donde no hay responsables, nadie falla. Donde nadie falla, nadie rinde cuentas. Y donde nadie rinde cuentas, el Estado deja de ser un servicio para convertirse en territorio que se ocupa, se reparte y se abandona cada cuatro años.
Las reformas que Honduras necesita no requieren, solamente, nuevas leyes. La reforma de la ENEE no es un expediente técnico: es la diferencia entre un país productivo y uno condenado al apagón. La carrera administrativa en salud no es burocracia: es la frontera entre el hospital como derecho y el hospital como botín. La despolitización de los órganos de control no es una cortesía institucional: es la condición mínima para que alguien audite de verdad. Requieren únicamente lo que hasta ahora no ha llegado: voluntad ejecutiva.
La diferencia entre Honduras y otros países no es de recursos ni de inteligencia. Finlandia construyó su sistema educativo en treinta años de continuidad institucional que sobrevivió a cada cambio de gobierno. Corea del Sur convirtió sus planes quinquenales en disciplina económica con metas verificables y seguimiento real. Uruguay blindó su reforma de salud con financiamiento autónomo y una arquitectura legal diseñada para sobrevivir al ciclo electoral. La diferencia fue la continuidad. Honduras, en cambio, confunde cada cambio de gobierno con una mudanza completa del Estado. Esa diferencia la pagan, cada día, quienes nunca dejaron de ser ciudadanos en los discursos, pero siguen esperando serlo en los hechos.
“Transformación”, “refundación”, “unidad”: esas palabras ¨ganan¨ campañas, no reparan hospitales, escuelas ni carreteras. En la era del ¨reel¨, el riesgo se multiplica: cuando la imagen del anuncio reemplaza al resultado y la cadencia de publicaciones sustituye al plan de acción, el gobierno se convierte en una puesta en escena permanente. Lo que Honduras necesita no cabe en las plataformas digitales donde el ciudadano se reduce a audiencia y el ¨meme¨ se confunde con aprobación: cabe en un presupuesto ejecutado, una meta cumplida y una cuenta rendida con nombre y apellido.
La democracia no se agota en el voto: se ejerce en la pregunta incómoda, en la negativa a validar con el silencio lo que el poder no cumple. Un ciudadano no es espectador del Estado; es quien le da sentido, o quien lo pierde cuando el Estado lo abandona. Cien días no transforman un país. Pero bastan para saber si quien gobierna llegó a construir o llegó a ocupar.
Gobernar no es ocupar el Estado. Es dejar un país más ordenado, más justo y capaz de sostenerse cuando el poder cambie de manos.
No en cien días.
En los que quedan.
