Tegucigalpa (Especial Proceso Digital / Por Jorge Sierra) – A 100 días –que se cumplen este 7 de mayo– de haber asumido la presidencia de Honduras, Nasry Asfura enfrenta uno de los mayores desafíos de su administración que es contener la violencia en un país históricamente golpeado por el crimen organizado, el narcotráfico y la inseguridad y donde el crimen muta y se recompone cada vez que se ve amenazado.
– El fin del estado de excepción, vigente por tres años, y el giro hacia un modelo focalizado de combate al crimen marcan el inicio de la actual gestión presidencial.
– Yoro asoma como el departamento más violento con tres masacres este año.
– Los desaparecidos es otro fantasma del pasado con decenas de casos en el presente, además el incremento de secuestros también reta la estrategia de seguridad que ha logrado rescatar a cuatro de cinco víctimas del fenómeno.
El inicio del gobierno estuvo marcado por una decisión clave: eliminar el estado de excepción que rigió durante la administración de Xiomara Castro y que, aunque sus gestores dicen que redujo algunos índices delictivos, también fue objeto de fuertes cuestionamientos por violaciones a derechos humanos amparadas en su marco, de acuerdo a denuncias documentadas del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y organizaciones civiles defensoras de la vida.
Con base a lo anterior, Asfura apostó por un giro en la política de seguridad, centrado en lo que ha denominado una estrategia de focalizar las acciones de seguridad a través de un combate ‘in situ’ de cuerpos policiales y operadores de justicia, pero la medida requiere acciones conjuntas de los operadores de justicia que deberán trabajar como equipo. Hasta la fecha en los primeros 100 días, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que reúne a las cabezas del Ejecutivo, Congreso Nacional, Poder Judicial y Ministerio Público, además de los titulares de Seguridad y Defensa, solo se ha reunido una vez.
En ese espacio, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), planteó la prioridad de articular una respuesta más coordinada entre los distintos poderes del Estado. Aquí se acordaron reformas penales y el uso de herramientas que aún no se ponen en marcha porque deben ser aprobadas en el Congreso de la República.
Así, durante este centenar de días de gestión, el Ejecutivo impulsado una reconfiguración institucional en materia de seguridad y defensa, incluyendo cambios en la cúpula policial y ajustes en las estructuras encargadas de combatir el crimen.
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Entre las acciones visibles también destacan operativos dirigidos a combatir el lavado de activos, particularmente en sectores económicos señalados como fachada de estructuras criminales. Estas medidas buscan debilitar financieramente al crimen organizado, aunque sus resultados aún son incipientes. La nueva cabeza en el Ministerio Público –Pablo Emilio Reyes– que asumió el pasado 25 de marzo parece todavía estar conociendo del trabajo en ese ente acusador del Estado, por lo que las acciones aún son tibias.
Sin embargo, los datos reflejan un escenario complejo. En los primeros meses del año se ha registrado un aumento en los homicidios, así como un repunte en delitos de alto impacto como la extorsión, los secuestros y los feminicidios. Además, alrededor de ocho masacres se contabilizan este año, tres de ellas en el ingobernable Yoro.
Analistas atribuyen esta tendencia, en parte, al reacomodo de estructuras criminales tras acciones de Estados Unidos para el combate regional contra el narcotráfico y a la disminución de la presión operativa del Estado en territorios históricamente controlados por pandillas.
Reconfiguración del hampa
El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, afirmó que en Honduras hay una recomposición del narcotráfico por las acciones emprendidas por Estados Unidos en aguas del Caribe para contener el envío de droga desde el sur al norte del continente.
“Hay reconfiguración de las bandas criminales por la recomposición del tráfico de drogas y la inmigración que retorna a personas provenientes de México que traen los modelos y los replican en la zona”, analizó el alto funcionario.
Recalcó que “en estos momentos hay una reconfiguración de las estructuras criminales que se dedicaban al narcotráfico. Las acciones militares que tiene Estados Unidos frente a las costas venezolanas de alguna forma han limitado el accionar de las bandas locales de tráfico de drogas”, declaró.
“Estamos viendo esta reconfiguración. Muchas de estas estructuras lamentablemente están causando otros hechos de violencia, estamos conscientes y nos focalizamos en neutralizarlas”, dijo.
El ministro de Seguridad asumió su cargo hasta un mes después de la toma de posesión de Asfura, tiene una hoja de vida que le acredita como uno de los oficiales mejor formados y con experticia en el combate de criminalidad organizada, igualmente varios de sus acompañantes en los mandos de la seguridad pública. Estas condiciones incomodan a los mandos criminales que lo ven como un riesgo.
Nombrado el pasado 5 de febrero en el cargo, es uno de los funcionarios más cuestionados. No ha faltado algún parlamentario que haya expresado la posibilidad de llamarlo en interpelación para pedirle cuentas.
Con un plan para atajar la violencia, centrándose en 30 ciudades con zonas calientes en todo el país, el ministro Velásquez afirmó que “no me recuerdo en otro tiempo que nos hayan exigido tantos resultados en 60 días, yo aseguro que antes que finalice este año se verán mejores condiciones de seguridad”, prometió.
Cuando recibió el ministerio, su titular Gerson Velasquez no recibió traspaso del poder en la Secretaría de Seguridad; el ministro anterior abandonó su cargo y dejó de ser mediático casi inmediatamente después de las elecciones de 2025. Sin dejar informes transparentes, con una planilla inflada, gastos injustificados y un derroche de bienes públicos la dependencia fue abandonada a su suerte en medio de carencias y deudas.
Un ejemplo del abandono de la seguridad se retrata en la paralización casi total de las cámaras de seguridad. El 19 de marzo anterior, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó este jueves que únicamente 1,520 de las 7,300 cámaras instaladas por el Sistema Nacional de Emergencias 911 se encontraban en funcionamiento.
Asfura adelantó que el Gobierno planea reforzar la plataforma con nuevas cámaras equipadas con reconocimiento facial, tecnología que —según dijo— ha permanecido descontinuada durante los últimos años. Aún se desconoce como avanza la gestión.
Igualmente, los órganos judiciales devuelven a la institución a decenas de policías que fueron objeto de la depuración y con ello, las cabezas de la Secretaría de Seguridad están atadas, no les queda nada más que acatar lo que dispone la normativa de ley.
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Feminicidios
Uno de los puntos más críticos en Honduras, siguen siendo los feminicidios y la violencia de género. Los femicidios continúan en cifras alarmantes, evidenciando debilidades estructurales en la prevención, investigación y judicialización de estos crímenes. A ello se suma la persistente impunidad que caracteriza al sistema de justicia hondureño.
Sólo este año se registran más de 80 muertes violentas de mujeres. La saña que ronda estos sucesos parece no tener eco en los operadores de justicia. Informes y estudios de sociedad civil destacan el 90 % de impunidad en este tipo de acontecimientos que ponen a Honduras en el top 5 de los países con mayores tasas en este apartado en el planeta.
La Policía dice que muchas muertes violentas de mujeres tienen que ver con sus parejas sentimentales, participación en crimen organizado y hechos sociales, una dinámica que obliga a un problema que debe abordarse integralmente para poder darle respuesta.
En paralelo, el narcotráfico mantiene su peso como uno de los principales factores de inestabilidad. Honduras continúa siendo un punto estratégico en las rutas de la droga hacia el norte, con organizaciones que conservan capacidad logística y redes de corrupción que dificultan su combate.
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Nulas incautaciones de cocaína, enormes cultivos de coca incautados
De acuerdo con una reciente publicación del medio InsightCrime –medio especializado en criminalidad organizada- da cuenta que según los datos de 2025, reportados por las Fuerzas Armadas de Honduras, registran incautaciones de 1.5 toneladas de cocaína.
Lo anterior representa una caída del 93 % frente al año anterior (2024), aunque la cifra debe interpretarse con cautela, ya que los datos de 2024 fueron proporcionados por el Ministerio de Seguridad, y las diferencias en fuentes y metodologías dificultan las comparaciones directas.
El gobierno ha centrado sus esfuerzos en contener los cultivos de coca. En la última década, Honduras ha mostrado un aumento en la presencia de cultivos dentro de su territorio. Al menos 223 incautaciones de cultivos de coca se registraron durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026). En lo que va de este año suman 25 plantaciones erradicadas con 400 mil arbustos destruidos especialmente en zonas de Olancho, Atlántida, Yoro y Olancho, los departamentos donde más se destruyen este tipo de cultivos.
El cultivo de coca se está expandiendo ahora hacia zonas rurales de Colón, Olancho, Atlántida y Yoro, considerados como la ruta del narco en Honduras. En este tipo de acciones de los cuerpos de seguridad se detectan las plantaciones, pero nunca se sabe a quienes pertenecen los predios, lo que es calificado por analistas como una lucha de ciegos, o de los que se hacen ciegos, ante la narcoactividad que sigue más vigente que nunca en territorio nacional.
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Incapacidad del Estado
Así el gobierno hace frente a la urgencia de dar respuesta efectiva a la criminalidad con respeto a los derechos humanos, sin retornar al cuestionado estado de excepción.
En medio de la mutación criminal, las muertes violentas no cesan. La brutalidad de los crímenes retrata la espiral de violencia que genera zozobra en la población. Asesinatos cruentos que involucran a niños, mujeres, jóvenes y adultos, así como asaltos cotidianos que se viralizan a través de cámaras de vigilancia privada y otros hechos delictivos que provocan malestar en una ciudadanía ávida de justicia.
A este panorama se suman debilidades históricas no resueltas, como la falta de inteligencia criminal, la corrupción institucional y la limitada coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Estos factores continúan obstaculizando cualquier intento de reforma profunda.
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Un reciente reportaje de Proceso Digital expone que desde hace una década se repite la estadística que el 90 % de los delitos que se cometen en Honduras –que involucran muertes, agresiones y lesiones– quedan en total impunidad y que la mayoría se valen de armas para ejecutarlos. Pero, estas cifras ponen al desnudo la poca eficiencia en investigación criminal que se desmenuzan de una precariedad técnica para probar las responsabilidades de los hechores en los tribunales de justicia.
Proceso Digital conoció que la máquina utilizada para la prueba de absorción atómica no funciona desde hace varios años e incluso el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés) está completamente desfasado. Estas dos herramientas de los operadores de justicia dan al traste con el poco nivel de efectividad que se logran en los juicios que involucran las armas de fuego.
La inoperatividad de estos equipos clave en la Fiscalía vuelve a poner en evidencia serias debilidades en la capacidad investigativa del Estado hondureño. La ausencia de estas herramientas limita la obtención de pruebas científicas concluyentes, debilitando expedientes y reduciendo las posibilidades de llevar casos sólidos ante los tribunales.
Expertos en seguridad y operadores de justicia advierten que estas limitaciones tecnológicas inciden de forma directa en el incremento de la impunidad. Sin evidencia científica robusta, muchos casos quedan estancados o no logran sostenerse en los procesos judiciales, lo que deriva en sobreseimientos y absoluciones.
En el plano internacional, la administración Asfura también enfrenta presión para mostrar resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico, en un contexto regional donde algunos países han optado por estrategias de mano dura con resultados controversiales.
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En síntesis, el gobierno de Asfura se enfrenta, entre sus frentes más prioritarios: contener el repunte de homicidios, recuperar control territorial en zonas dominadas por maras, fortalecer la investigación criminal, reducir impunidad en femicidios y combatir las estructuras financieras del narcotráfico.
La criminalidad muta y se actualiza en Honduras y tras el establecimiento de poderosos transportistas de droga, la sostenida producción de arbustos de coca, ahora se agrega un nuevo problema: el microtráfico de drogas se apodera de todo el territorio y nuevos actores criminales surgen en regiones del interior del país, mientras los grandes centros urbanos ven la consolidación de mercados y rutas de drogas tradicionales y nuevas.
A cien días de gestión, el balance en materia de seguridad deja interrogantes. Si bien el gobierno ha sentado las bases de un nuevo enfoque, los resultados deben traducirse en una reducción sostenida de la violencia. El desafío ahora será demostrar que es posible construir un modelo eficaz que garantice seguridad sin recurrir a medidas que comprometan los derechos fundamentales de la población. (PD)
