Tegucigalpa – La Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la petición de los exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Antonio Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequiera, Gustavo Enrique Bustillo Palma y el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, por considerar que se cometieron varias violaciones durante su destitución del cargo en diciembre del 2012.
Los referidos magistrados fueron destituidos por el Congreso Nacional el 12 de diciembre del 2012, mientras la sede del poder legislativo se encontraba rodeada de elementos militares, según el informe de la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Asimismo, el reporte, rotulado como Informe No. 83/18 Petición 455-13, señala que la destitución fue producto de la decisión de los magistrados a aceptar un recurso anticonstitucional contra una Ley de Depuración Policial.
Los exmagistrados invocaron los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos referentes a la integridad personal (5), garantías judiciales (8), principio de legalidad y retroactividad (9), protección de la honra y la dignidad (11), derechos políticos (23) y protección judicial (25).
La comisión recomienda a las partes, los afectados y el Estado de Honduras, llegar a un acuerdo, de lo contrario el caso llegará a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH).
A continuación Proceso Digital reproduce el informe de la CIDH, el cual fue aprobado en julio del presente año.
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