Tegucigalpa / San José – Un choque de poderes entre el poder ejecutivo dirigido por la presidenta Laura Fernández y el Poder Judicial mantiene en tensión a Costa Rica y pone en duda la tradicional independencia de poderes en esta nación centroamericana, considerada hasta el momento un bastión en la defensa de la democracia y la fortaleza de sus instituciones.
– Líderes de la oposición acusan que gobierno quiera controlar la justicia y temen que Costa Rica sea la próxima en caer en un gobierno autoritario en la región.
El choque entre la presidenta Fernández, apoyada por su mentor el expresidente Rodrigo Chaves, ha desatada las alarmas en el país, temerosa que su tradicional democracia sea contagiada o atacada por la corriente de gobiernos donde todo el poder se concentra en la Presidencia de la República, como ocurre en El Salvador y Nicaragua.
Esa oleada de gobiernos o regímenes fuertes se miraba en Costa Rica como algo lejano a su país y no propio de su idiosincrasia o cultura política, acostumbrada a un equilibrio de poderes, y más propia de los gobiernos centroamericanos al norte, como son Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Fernández acusa de golpismo a Sala Constitucional
La presidenta Fernández acusó esta semana a cuatro integrantes de la Sala Constitucional de “golpistas” por prorrogar el nombramiento de los suplentes de dicha sala, cuyos mandatos constitucionales caducaron en diciembre pasado.
El Congreso de Costa Rica (Asamblea Legislativa), dominado por el Partido Pueblo Soberano de Fernández y Chaves, no ha podido designar a sus sucesores, los cuales fueron nominados por la Corte Suprema de Justicia, por lo que la decisión de extender los mandatos a los suplentes es considerada un “golpe” por la presidenta Fernández al considerar que esa es competencia exclusiva del poder legislativo.
«Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional», expresó en un mensaje en redes sociales la presidenta Fernández, cuyo Gobierno se ha caracterizados por las constantes críticas y enfrentamientos con el Poder Judicial.
La mandataria aseguró que «esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados», manifestó Fernández.
Pero la mandataria costarricense también ha criticado los salarios y la reelección de magistrados por largos periodos y ha instado a los más longevos a dar espacio a otras personas, al señalar que el Poder Judicial no cumple con su labor de garantizar una justicia pronta y cumplida.
Figuras de la oposición han señalado al oficialista Partido Pueblo Soberano de tener tintes autoritarios y de querer controlar el Poder Judicial.
Declaraciones desproporcionadas, según magistrados
Ante la arremetida del gobierno, la Sala Constitucional costarricense reaccionó y calificó las declaraciones de la presidenta Fernández como “desproporcionadas”.
«La Sala lamenta las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo, por considerarlas desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado. Este tribunal reafirma que continuará actuando con firmeza, valentía e independencia, siempre del lado de la ciudadanía y en defensa del Estado de Derecho», indicó este órgano jurisdiccional en un comunicado.
Pero no solo el Poder Judicial es objeto de ataques del gobierno, sino que la Fiscalía General es víctima de las declaraciones del Ejecutivo.
A inicios de 2025 Chaves encabezó una marcha para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, a quien llegó a calificar como «matón».
Díaz lidera una serie de investigaciones contra Chaves y varios de sus excompañeros de Gobierno. Muchos de ellos, incluido el expresidente, continúan con inmunidad en la actual Administración de Fernández como ministros o diputados.
Tras dejar la presidencia y entregarle el mando a Fernández, Chaves fue designado ministro de la Presidencia y Hacienda (finanzas), lo que lo convierte en la figura más poderosa, después de la mandataria.
Como medida de represalia, Chaves anunció que reducirá en un 5 % el presupuesto al Poder Judicial el 2027. (PD/Efe).
