Tegucigalpa – El cambio de la cárcel por arresto domiciliario que un juez hondureño dictó a favor del exalcalde de Tocoa (2010-2026), Adán Fúnez, representa un duro golpe a la memoria de Juan López, así como a la justicia ambiental en este país centroamericano.
– Adán Fúnez ha sido mencionado constantemente por el líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en varios juicios contra señalados por delitos de narcotráfico en EEUU.
– Apenas 79 días después el poderoso exalcalde vuelve a recobrar la libertad pese a ser el principal señalado por el crimen que silenció la voz del ambientalista López.
– El fallo –coinciden defensores– desestima el clamor de justicia de una comunidad entera y pisotea el legado de un hombre que entregó su vida protegiendo los ríos y los bienes comunes de la región de Guapinol.
Durante casi dos décadas, Fúnez consolidó un poder territorial casi absoluto bajo la bandera, primero del Partido Liberal y luego con el Partido Libertad y Refundación (Libre), manejando los hilos de una región marcada por conflictos agrarios, explotación minera y el narcotráfico.
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En noviembre de 2009, cuando aspiraba a su primer periodo municipal, se arrodilló y pidió perdón por haber pertenecido a la resistencia zelayista y se unió al presidenciable liberal Elvin Santos. Luego, se integró a las huestes de Libre bajo el amparo y la sombrilla de los Zelaya-Castro.
El asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido en septiembre de 2024, hizo que Fúnez pasara de ser el caudillo indiscutible de Tocoa, Colón, a convertirse en el rostro de una de las crisis políticas y judiciales más profundas de Honduras en los últimos años.
“Adán Fúnez, es el responsable del crimen contra el ambientalista Juan López”, dijo en tono firme y sin dobleces el padre Carlos Orellana, durante una sentida homilía en la parroquia de San Isidro en Tocoa apenas horas después de su asesinato hace casi dos años.
De igual forma la lluvia de señalamientos de defensores humanitarios, ambientalistas, pobladores, Conferencia Episcopal, Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos,entre tantos otros, que reclamaron por la vida del defensor de la tierra y regidor municipal de Tocoa, aunque sus voces se estrellaban ante el muro de la impunidad que suele poner el sistema de justicia en Honduras.
Aunque pasaron 605 días (1 años, 7 meses, y 27 días) para que Adán Fúnez Martínez fuera alcanzado por el brazo de la justicia hondureña como el presunto autor intelectual del asesinato de Juan López, apenas 79 días después el poderoso exalcalde volvió a recobrar la libertad pese a ser el principal señalado por el crimen que silenció la voz del ambientalista, un hecho que enfureció a todo un pueblo que desde el día uno reclamó para que los operadores de justicia dieran con los que ordenaron la muerte del entonces regidor de la alcaldía tocoeña.
La imagen de Fúnez como intocable comenzó a desmoronarse tras el asesinato de su principal opositor político y defensor del territorio, el entonces regidor Juan Antonio López, el 14 de septiembre de 2024, tan solo 11 días después que se divulgó un narcovideo en el que apareció junto a figuras prominentes de Libre, entre ellos Carlos Zelaya –hermano de Mel Zelaya y cuñado de la expresidenta Xiomara Castro–, en reunión con capos de la droga en la que acordaron la entrega de millonarias cantidades para la primera campaña de ese izquierdista instituto político en noviembre de 2013 que igualmente significó su primera contienda electoral.
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El arresto para Fúnez
En las últimas horas, una jueza otorgó la medida de arresto domiciliario al exalcalde Fúnez, acusado por el Ministerio Público como presunto autor intelectual del asesinato del defensor ambiental Juan López, ocurrido en septiembre de 2024.
La resolución sustituye la prisión preventiva que enfrentaba el exfuncionario, quien ahora continuará el proceso judicial desde su vivienda mientras avanzan las diligencias en su contra.
La defensa de Fúnez solicitó la revisión de las medidas cautelares argumentando que el exalcalde presenta problemas de salud y que su permanencia en un centro penitenciario representaba un riesgo debido a su condición médica y su edad.
Tras evaluar los argumentos, la jueza decidió modificar la medida bajo las restricciones impuestas por el tribunal.
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Medida es un privilegio
La decisión es cuestionada por la representación legal de las víctimas. La abogada Kimberly Andino, apoderada del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, calificó la resolución como “lamentable” y sostuvo que no es proporcional a la gravedad de los delitos imputados.
La representante legal anunció que continuarán impulsando las acciones judiciales correspondientes para solicitar una nueva revisión de la medida cautelar y aseguró que permanecerán atentos al desarrollo del proceso, que aún deberá avanzar hacia la audiencia preliminar y posteriormente al juicio oral y público.
De su lado, la abogada Kenia Oliva, apoderada legal de la familia de Juan López, calificó como privilegio el cambio de medidas otorgadas al exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez.
Explicó que el Código Procesal Penal establece que si las circunstancias de un privado de libertad se modifican, la defensa puede solicitar cambio de medidas.
Sin embargo, Oliva señaló que cuando se otorga cambio de medidas es porque el privado de libertad posee una enfermedad terminal, pero que la enfermedad acredita que Fúnez recibe un tratamiento ambulatorio.
Recalcó que el sistema penitenciario brinda atención médica, y que si cada recluso argumenta tratamiento ambulatorio para cambio de medidas, cada privado de libertad quedará libre.
“Sentimos que es un privilegio (cambio de medidas) como sucede en este país, se puede ver en este contexto donde la justicia es selectiva, clasista y la cárcel está hecho para los pobres”, declaró la profesional del derecho.
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La ley contempla el arresto domiciliario
El abogado defensor del exalcalde tocoeño, Marlon Duarte, dijo que se logró acreditar con documentación de especialistas médicos los padecimientos crónicos de Adán Fúnez, tal como lo establece el Código Procesal Penal.
“Presentamos los dictámenes correspondientes e incluso los expedientes clínicos de don Adán. La ley establece que toda persona mayor de 70 años y las mujeres en estado de embarazo no se les puede imponer la medida de prisión preventiva”, detalló.
Duarte mencionó que la esperanza de vida en Honduras –según la OMS– es de 69 años, por lo que no se puede aspirar a un castigo anticipado de un imputado.
Ejemplificó el caso de los tres generales imputados en el caso Isis Obed Murillo, la Corte Suprema determinó concederles arresto domiciliario porque son personas que pasan los 70 años y padecen enfermedades crónicas.
Negó que el sistema judicial proteja al exedil coloneño y que únicamente se han basado en la legislación vigente para acudir a las medidas de arresto domiciliario.
Detalló que Adán Fúnez tiene dos stents (tubo pequeño con malla metálica) en el corazón, padece de prostatitis y tiene falencias renales. “No entiendo cuando dicen que es favorecido por grandes y ya el código establece una medida distinta a la prisión por las causas que he enumerado”, puntualizó.
Sin embargo, para muchos expertos esta reciente decisión judicial de otorgarle arresto domiciliario al exalcalde Fúnez, representa un doloroso retroceso en la lucha por los derechos humanos en Honduras y un insulto directo a la memoria del ambientalista asesinado Juan López.
El fallo –coinciden defensores– desestima el clamor de justicia de una comunidad entera y pisotea el legado de un hombre que entregó su vida protegiendo los ríos y los bienes comunes de la región de Guapinol.
Esta medida de «casa por cárcel» evidencia una vez más la profunda selectividad del engranaje judicial hondureño, donde los privilegios parecen reservarse para los sectores con influencia política y económica. Mientras miles de ciudadanos comunes languidecen en prisión preventiva dentro de centros penitenciarios hacinados y sin atención médica adecuada, las figuras de poder logran burlar el encarcelamiento formal con facilidad. PD
