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Cárcel de SPS fue escenario de al menos 60 hechos violentos con 330 víctimas en 13 años

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San Pedro Sula – El Centro Penal de San Pedro Sula fue escenario, entre el 2004 y el 2016 (13 años), de más de 60 hechos violentos que dejó un saldo de, al menos, 215 muertos y alrededor de 115 heridos según un recuento del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), difundido este domingo.

Durante este período, fueron numerosas las muertes múltiples que se registraron producto del enfrentamiento entre privados de libertad.

Además se reportaron fugas, motines y en cada uno de los operativos fue común que las autoridades encontraran armas de todo tipo y calibres.

Es de recordar que el 17 de mayo de 2004 se registró un incendio que dejó como saldo 107 privados de libertad muertos y 25 heridos, lo que fue calificado, hasta ese momento, como una de las mayores tragedias que en su género se haya conocido en establecimiento penitenciaros a nivel Latinoamericano.

Años después, el Estado hondureño fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CORTE IDH) a indemnizar a los familiares de los privados de libertad que murieron en ese incendio.

Sin duda alguna, los hechos ocurridos en el Centro Penal de San Pedro Sula no resultaron casuales ni aislados en el sistema penitenciario hondureño.

Esa gravísima tragedia, fue el resultado de la inseguridad que se vive al interior de los centros penales, sus precarias condiciones que afectan tanto a la población penitenciara como al personal que en ellos labora.

Un análisis del Conadeh reveló que todos esos hechos son producto del retardo de la justicia, la ausencia de una política de seguridad efectiva, la mala distribución presupuestaria, la inexistencia de un programa de integración social, el alto grado de hacinamiento, y la incapacidad mostrada por el Estado hondureño para resolver de manera efectiva la problemática de los centros penitenciarios.

En sus informes sobre la situación de derechos humanos en Honduras, el Conadeh ha señalado las graves violaciones colectivas y sistemáticas que se cometen en todos los centros penales del país, presentando recomendaciones para atender y dar solución a los problemas que se han denunciado.

Este ente estatal considera que la promoción de la resocialización de los privados de libertad conviene tanto al interior de los centros penales, como un medio para mantener la paz y el orden, como fuera de ellos, para que las personas que egresen de dichos establecimientos no regresen con mayores problemas personales en su relación con la sociedad que aquellos con los que ingresaron.

Un informe del Conadeh sobre la situación en el Centro Penal de San Pedro Sula determinó la existencia de retardo en la justicia como el más grave y más denunciado ante ese ente estatal.

Además que había un grave hacinamiento, a lo que se sumaba la inseguridad al interior del mismo, reportándose incendios y constantes riñas entre los reclusos, que derivaron en lesiones y muertes entre ellos mismos.

De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre el 2004 y el 2016 se registraron más de 60 hechos violentos, muchos de ellos con lamentables pérdidas de vidas humanas.

Luego del incendio registrado el 17 de mayo de 2004 que dejo como saldo 107 muertos y 25 heridos se suscitó, el 26 de abril de 2008, un enfrentamiento entre privados de libertad que dejó 9 muertos, lo que provocó que días después las autoridades trasladaran 31 reos del Centro Penal de San Pedro Sula a la Penitenciaría Nacional de los cuales 18 fueron ultimados a machetazos y punzonazos en horas de la madrugada.

En junio del 2009 se fugaron 18 privados de libertad de los cuales, al menos 10 fueron encontrados muertos en diferentes fechas y regiones del país.

El 14 de octubre de 2011, el centro penal samperano fue escenario de un enfrentamiento a balazos entre internos que dejo nueve muertos y tres heridos.

La situación no concluyó allí, ya que el 29 de marzo de 2012, un enfrentamiento entre privados de libertad originó un tiroteo y un incendio que dejó 13 muertos y un herido de gravedad. En ese incidente un reo fue decapitado y su cabeza lanzada sobre el techo cercana al a guardia penitenciaria

Un recuento de los hechos violentos suscitados durante 2012 determinó la muerte violenta de 22 privados de libertad cuyos casos quedaron impunes.

El 11 de marzo de 2015 se reportó un enfrentamiento entre privados de libertad y autoridades militares y policiales con un saldo de 3 muertos y más de 40 heridos.

Introducción de armas y drogas
se volvió una modalidad

Uno de los cuestionamientos más fuertes al sistema penitenciario, en los últimos años, fue la identificación de malos tratos.

Al no haber una estructura jerárquica definida, las autoridades delegaron funciones en algunos privados de libertad, quienes tenían “licencia” para maltratar física y emocionalmente a sus compañeros, imponiendo arbitrariamente castigos y sanciones como ocurrió en la Granja Penal de El Porvenir cuyo resultado fue una matanza que cobró la vida de 69 personas.

La introducción de armas, drogas y estupefacientes se siguió produciendo a pesar de haberse implementado registros más minuciosos. Muchos hechos indican que los responsables podrían ser las mismas autoridades penitenciarias.

Escenario de una de las mayores tragedias

Es importante señalar que la situación imperante en el Centro Penal de San Pedro Sula, en reiteradas oportunidades había sido denunciada, no sólo por el Conadeh, sino también por diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, pero las advertencias no fueron atendidas a tiempo por los entes responsables de la seguridad y cuidado de ese centro penitenciario.

Ante los hechos ocurridos el 17 de mayo de 2004, el Conadeh encontró que el denominado “Hogar 19” era una estructura de concreto de aproximadamente 200 metros cuadrados, dentro de los cuales convivían un aproximado de 183 internos pertenecientes a la Mara Salvatrucha (MS).

Con esas medidas, el espacio físico para cada reo era de 1.09 metros cuadrados, sin contar el espacio ocupado por los aparatos de refrigeración, camas, y otros, situación que, sin duda alguna, convirtió la detención en violatoria y contraria a cualquier concepto de respeto a los principios básicos de tratamiento humano a los internos.

No bastando el reducido espacio del inmueble, éste no contaba con ninguna ventana, por lo que no había posibilidades de acceso de ventilación natural, ni luz, manteniendo oscuro el interior, siendo solamente posible la iluminación artificial.

En materia de seguridad contra contingencias, esa celda sólo tenía una ruta de evacuación, lo cual no permitió que existiera posibilidad de salvar la vida de los 107 internos muertos por el incendio, ni de evitar las lesiones de al menos 25 más.

Finalmente el Conadeh considera que en materia penitenciaria es preciso contar con la asesoría de expertos para procurar la rehabilitación y reinserción social de los miembros de maras o pandillas privados y no privados de libertad.

Además, se debe capacitar al personal e integrar equipos interdisciplinarios para aplicar programas especiales a estos grupos.

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