San Salvador – La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, dijo este miércoles que los asesinatos de migrantes salvadoreños consignados en un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) son producto de la «rivalidad entre las pandillas».
De acuerdo con el documento de HRW, 138 migrantes deportados de Estados Unidos fueron asesinados en El Salvador entre 2013 y 2019.
«Seguimos investigando, pero lo que se tiene conocimiento ahorita (es) que fueron deportados y que estos deportados eran miembros de pandillas y que eso fue una riña interna entre ellos. No obstante, seguimos investigando esta situación que se dio», señaló Hill en rueda de prensa.
La jefa de la diplomacia salvadoreña no detalló si se trata de casos puntuales o si las 138 personas eran consideradas por las autoridades como miembros de las referidas estructuras criminales.
«Fue una riña de rivalidad entre pandillas lo que ocasionó esa lamentable situación», añadió.
HRW documentó además 70 casos de maltratos ligados a violencia sexual y amenazas de las fuerzas de seguridad.
El documentos relata casos como el de los primos «Walter T» y «Gaspar T», que escaparon de El Salvador con 16 y 17 años respectivamente, para no ser reclutados por la pandilla, se toparon tras su deportación con una nueva amenaza: la Policía.
Agentes irrumpieron en su vivienda para detenerlos y llevarlos a un cuartel, donde fueron sometidos a golpizas y amenazas al ser acusados de pandilleros. Tres días después fueron liberados sin enfrentar cargos, relató el informe.
«Nohemy P», quien huyó de El Salvador cuando tenía nueve años y era beneficiaria de DACA en el país, fue deportada en 2018 acusada de traficar a sus propios hijos y terminó viviendo junto a una tía en un vecindario violento. «Leticia P», madre de Nohemy, afirmó a HRW que su hija y dos primos deportados «casi no salen» por miedo.
«Este informe muestra que Estados Unidos ha retornado gente para sufrir lesiones muy graves, la muerte inclusive», dijo a Efe Elizabeth G. Kennedy, coautora del documento.
En El Salvador operan las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 y otras minoritarias, la cuales controlan diferentes zonas del país y cuentan con unos 60.000 miembros.
Los cuerpos de seguridad salvadoreños también son señalados por activistas de derechos humanos de generar violencia, perpetrar ejecuciones extrajudiciales y obligar a jóvenes a desplazarse.
