Tegucigalpa – El gobernante salvadoreño Nayib Bukele ha mostrado un curioso comportamiento respecto a su vecino Honduras. Lejano y a veces hostil con los gobiernos hondureños, pero empalagoso con la población hondureña, sobre todo con los habitantes de áreas fronterizas. Su conducta mueve a preguntarse si obedece a una estrategia para alcanzar cierto fin, y qué fin? Ha sido pública la donación de medicamentos y material escolar fuera de los canales intergubernamentales e incluso de ayudas monetarias y ofrecimiento de servicios de salud a particulares. Las acciones de Bukele vienen acompañadas de la utilización intensa de las redes sociales para destacarlas.
En Honduras las reacciones han sido diversas. Desde el circunspecto silencio oficial del Ejecutivo, que para unos denota prudencia o cautela y otros califican como inacción, a posiciones alebrestadas de alcaldes y diputados que van desde extender la mano sin disimulo, a propuestas alocadas que a falta de creatividad, proponen replicar políticas concebidas para realidades e idiosincrasia diferentes.
Hay también aquellos otros hondureños que rechazan imitar el ejercicio autocrático del poder y advierten del peligro de abandonar las normas que protegen los derechos individuales y restringen el uso del poder público, así como los que desconfían de la vestimenta de Bukele que recoge los laureles bordados del uniforme militar del héroe hondureño Francisco Morazán, su barba completa media y postura de perfil, a la vez que repite llamados a la unión centroamericana. Todo esto ocurre cuando la región pasa por uno de los momentos de mayor disgregación que han sepultado la Corte Centroamericana de Justicia.
Expertos consultados por Proceso Digital destacan que la debilidad de la presencia institucional, de programas y proyectos hondureños en las zonas fronterizas facilitan la “proyección e influencia” de Bukele. La menor extensión territorial de El Salvador coloca a sus autoridades más próximas a la frontera, mientras que las autoridades centrales hondureñas se encuentran más distantes y enfrentan la Cordillera Centroamericana. El resultado es que la geografía ejerce mayor presión sobre la frontera del lado salvadoreño. Por ello después de la Sentencia de 11 de septiembre de 1992 Honduras creó el Comisionado para las Zonas Fronterizas, cargo que ejerció con gran acierto el Coronel García Turcios. Quien además de trasladarse a vivir en la frontera, ejecutó un plan de desarrollo en todas esas localidades.
La posición de Bukele con respecto a Honduras representa un desafío. Además de cuestionar la soberanía hondureña sobre la isla Conejo, y dilatar la delimitación a partir de la línea de cierre en la bocana de la Bahía de Fonseca, como se hizo con Nicaragua, ha puesto en marcha una política conocida en relaciones internacionales como “poder suave” (soft power), ya que en tierra firme no muestra el músculo militar, sino acciones de buena voluntad con el propósito de ganarse la simpatía y el apoyo de la población al otro lado de la frontera. Esta es una situación irregular, ya que ambos Estados están obligados a observar la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 11 de septiembre de 1992 y son signatarios de la “Convención Sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos en las Zonas Delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 11 de Septiembre de 1992” en vigor, la cual regula la situación de las poblaciones asentadas en aquel momento de uno y otro lado de la frontera definida por la Sentencia. Por tanto, no se trata de ganar simpatías de las poblaciones en dichas zonas, ni puede pretenderse obtener su favor y lealtad a cambio de regalías.
Ante una petición de El Salvador de revisar el fallo, tal como estaba contemplado en el documento dde 1992, la Corte Internacional de Justicia determinó el 18 de diciembre del 2003 rechazar la misma y dejó firme el fallo fronterizo.
“Gilbert Guillaume, presidente y juez de la Cámara de la CIJ que evaluó el caso, dijo que la instancia jurídica consideró inadmisible la petición del gobierno salvadoreño en vista de que no cumplió con una serie de condiciones muy precisas y estrictas requeridas para este tipo de solicitudes”, de acuerdo al boletín emitido por Naciones Unidas.
El 5 de abril de 2014, cuando Bukele era alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán y a 15 años para asumir la Presidencia de El Salvador, criticó al liderazgo de su país por querer plantear el caso de El Conejo en la Corte Internacional de Justicia de La haya, Holanda, el máximo organismo global de justicia y adscrito a las Naciones Unidas.
Cercanía o aislamiento de gobernantes
El gobernante salvadoreño ha demostrado pretensiones de rebasar el liderazgo y aprobación de las cuales goza en su país a los ámbitos regional y continental. Él mismo se denominó el “Dictador más cool del mundo mundial” usando sus jeans, una gorra de beisbol y sus anteojos de sol. Como publicista y mercadólogo logró atraer el apoyo de la población harta de la inseguridad, de la corrupción, falta de oportunidades y malos servicios públicos. Esa proyección, está impulsada por una activa plataforma digital para ampliar su figura y mensaje.
En ese marco, Bukele lleva años gestionando una cercanía con los ciudadanos de Honduras, a quienes ofrece servicios fuera de los canales oficiales, aprovechando que algunos gobernantes de Tegucigalpa han sido incapaces de entregarlos a sus ciudadanos. Esto le ha servido también para nivelar el campo de juego con aquellos gobernantes hondureños de cuyo liderazgo ha sido receloso. Recordemos que en el marco de la pandemia del COVID-19, el gobierno de Bukele atendió la petición de varios alcaldes de la oposición en el año 2000 y donó un lote de vacunas, mientras la administración del expresidente Juan Orlando Hernández aún no lograba conseguir las mismas en los mercados internacionales.
El mes pasado, el gobierno salvadoreño volvió a mover ficha cuando envió una donación de material escolar, tabletas y computadoras para los escolares que viven en las zonas fronterizas reconocidas a Honduras por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La acción ha causado mucha controversia porque fue de nuevo ejecutada fuera de los canales oficiales, sin coordinación previa ni permiso de las autoridades hondureñas y porque fue liderada por la ministra de Educación, Karla Trigueros, vistiendo uniforme militar como miembro de la oficialidad de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
En el plano de seguridad y defensa, los roces también han agriado el ambiente. El presidente Bukele abandonó todo comedimiento y respeto al gobierno hondureño y abiertamente criticó la estrategia del nuevo ministro hondureño de Seguridad, Gerzon Velásquez, quién afirmó que el gobierno hondureño combatirá el crimen respetando los derechos humanos, como establece la Constitución de Honduras. Bukele señaló en su cuenta de X que dicha estrategia era equivocada.
Hace apenas unos días, un alto oficial de las Fuerzas Armadas fue destituido como jefe de la Base Naval en el Golfo de Fonseca, por haber devuelto lanchas a sus homólogos salvadoreños, quienes describieron las coordenadas de su captura pretendiendo que dicho espacio marítimo era de El Salvador, cuando el apresamiento de las lanchas se había ejecutado en aguas soberanas hondureñas.
Debilidades hondureñas favorecen estrategia de Bukele
El analista político y experto en defensa Omar García advirtió que las debilidades estructurales del Estado hondureño, especialmente en la atención de servicios básicos en zonas fronterizas, estarían facilitando la proyección e influencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en esos territorios hondureños.
Para García, que habló con Proceso Digital, la falta de inversión en salud y educación por parte del gobierno hondureño crea un vacío que puede ser aprovechado estratégicamente por el mandatario salvadoreño para fortalecer su imagen. “Si Honduras no atiende estas áreas, es evidente que la población percibirá al otro lado como el que resuelve, y eso juega a favor de Bukele”, expresó.
El analista consideró que este escenario forma parte de una estrategia política orientada a ejercer un poder suave sobre las poblaciones de la frontera, ¿con qué propósito, se preguntan los hondureños? “Necesita posicionamiento constante, y estas acciones le sirven como combustible político”, afirmó.
En el plano diplomático, García fue crítico con la postura del gobierno de Honduras, al señalar que se han cometido “errores estructurales” que han debilitado la posición del país frente a El Salvador. Entre ellos, que en el gobierno anterior hubo falta de pronunciamientos claros en conflictos internacionales como la invasión de Rusia a Ucrania, lo que —según el experto— ha tenido repercusiones indirectas en la dinámica regional.
Resulta entonces obvio que Honduras debe rechazar cualquier adquisición de territorios por la fuerza o reclamos sobre territorios donde habiten nacionales de otro Estado.
El entrevistado cuestionó la inconsistencia política interna respecto a Bukele, señalando que sectores que anteriormente lo criticaban ahora respaldan su posicionamiento. “Eso demuestra una falta de coherencia que termina beneficiando su imagen en Honduras”, apuntó.
Sobre incidentes recientes, como el intento de la funcionaria salvadoreña de ingresar a territorio hondureño sin permiso y con uniforme militar, García señaló que, aunque la intención pudiera haber sido de cooperación, se incurrió en la violación de principios internacionales. Uno de esos principios establece que un Estado no puede admitir el ingreso de personal militar de otro Estado sin coordinación o permiso previos, igualmente, una alta autoridad de un Estado vecino no puede atravesar la frontera y presentarse “como Pedro por su casa” en el territorio del otro Estado para ejercer actos gubernamentales sin haber cumplido con esos mismos requisitos. De allí que la decisión adoptada por el Director de Migración de Honduras fue oportuna y plenamente justificada.
García concluyó que Honduras debe fortalecer su institucionalidad y presencia en las zonas más vulnerables, además de adoptar una política exterior más coherente, para evitar que factores externos continúen incidiendo en su dinámica interna.
Posible estrategia salvadoreña en zonas fronterizas
El experto en derecho internacional, Graco Pérez, advirtió sobre una presunta estrategia del gobierno de El Salvador orientada a generar influencia en territorios fronterizos hondureños, mediante acciones que buscan ganar simpatía entre la población.
Según Pérez, este tipo de prácticas no son nuevas y responden a una lógica de política exterior que intenta acercarse a las comunidades a través de iniciativas sociales, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 con la distribución de vacunas. “Se trata de incluir a la población de una forma positiva hacia su gobierno, generando aceptación y respaldo”, explicó.
El especialista señaló a Proceso Digital que recientes incidentes, como el intento de ingreso al país de la ministra de Educación salvadoreña utilizando uniforme militar sin cumplir los protocolos establecidos, dejan mucho que desear ya que “No es desconocimiento, es una estrategia que busca posicionamiento e influencia, especialmente en zonas fronterizas”, subrayó.
Mencionó que proyectos como la instalación de hospitales o servicios en áreas limítrofes también podrían estar orientados a generar simpatía hacia el gobierno salvadoreño. Recordó que, en el pasado, se han registrado percepciones favorables hacia el presidente Nayib Bukele incluso desconociendo a autoridades hondureñas, lo que calificó como un escenario “peligroso”.
Pérez hizo un llamado a las autoridades hondureñas a tomar medidas firmes, tanto en el ámbito diplomático como en la atención interna. “Cancillería debe realizar las protestas correspondientes, pero también el Estado debe garantizar presencia efectiva en salud, educación y seguridad en estas zonas”, enfatizó.
En el plano político, el analista advirtió que el nacionalismo podría ser utilizado como herramienta electoral en El Salvador, especialmente ante la posibilidad de una nueva reelección presidencial. Indicó que temas como la seguridad, el fortalecimiento militar y disputas territoriales, incluyendo la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992, podrían ser reactivados para consolidar apoyo interno.
