Tegucigalpa – Desde hace varios años se repite la estadística que el 90 % de los delitos que se cometen en Honduras –que involucran muertes, agresiones y lesiones– quedan en total impunidad y que la mayoría se valen de armas para ejecutarlos. Pero, estas cifras ponen al desnudo la poca eficiencia en investigación criminal que se desmenuzan de una precariedad técnica para probar las responsabilidades de los hechores en los tribunales de justicia.
Proceso Digital conoció que la máquina utilizada para la prueba de absorción atómica no funciona desde hace varios años e incluso el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés) está completamente desfasado. Estas dos herramientas de los operadores de justicia dan al traste con el poco nivel de efectividad que se logran en los juicios que involucran las armas de fuego.
La inoperatividad de estos equipos clave en la Fiscalía vuelve a poner en evidencia serias debilidades en la capacidad investigativa del Estado hondureño. La ausencia de estas herramientas limita la obtención de pruebas científicas concluyentes, debilitando expedientes y reduciendo las posibilidades de llevar casos sólidos ante los tribunales.
Expertos en seguridad y operadores de justicia advierten que estas limitaciones tecnológicas inciden de forma directa en el incremento de la impunidad. Sin evidencia científica robusta, muchos casos quedan estancados o no logran sostenerse en los procesos judiciales, lo que deriva en sobreseimientos y absoluciones.
En un país donde la impunidad ha sido históricamente elevada, la inoperatividad de herramientas como la máquina de absorción atómica y el sistema IBIS agrava la crisis de confianza en el sistema de justicia. Organismos de sociedad civil han reiterado la urgencia de fortalecer las capacidades forenses y tecnológicas, advirtiendo que sin estos recursos será difícil revertir las estadísticas y garantizar procesos efectivos que permitan sancionar a los responsables de delitos.
La prueba de absorción atómica pretende identificar residuos de disparo (pólvora y otras partículas que escapan por la parte posterior de un arma de fuego cuando es accionada y se depositan en la mano de quien la manipuló), y su realización se ve frustrada cuando dichos residuos son eliminados por el sudor o el lavado.
En tanto, el Sistema Integrado de Identificación Balística es una herramienta tecnológica avanzada que digitaliza y compara marcas microscópicas únicas en balas y casquillos (huellas balísticas). Permite a los peritos forenses identificar armas de fuego utilizadas en delitos de manera rápida y precisa, conectando escenas del crimen a nivel nacional e internacional.
Recién, el abogado Carlos Chajtur señaló que el sistema de justicia debe ser analizado en todo su contexto y no pretender bajar algunos tipos penales por decreto. Evidenció que hace cinco años no funciona el equipo del MP que realiza las pruebas de absorción atómica para conocer los delitos donde hay involucradas armas de fuego.
Máquina, IBIS y software inoperativos
Una fuente de la Fiscalía hondureña –que prefirió el anonimato– le confió a Proceso Digital que la inoperatividad de la máquina de absorción atómica representa una limitación enorme para los casos donde se involucran homicidios o lesiones relacionadas a heridas provocadas por arma de fuego.
Señaló que esta herramienta forma parte del laboratorio de Medicina Forense, una dirección adscrita al Ministerio Pública.
Desnudó que “en la medida de lo posible se trabaja con lo que hay. Lo que hacemos es que en el plano personal pedimos asistencia a homólogos que tenemos en países vecinos”.
Sin embargo, la fuente señaló que no solamente enfrentan esa limitación porque todos los laboratorios dedicados a la investigación criminal también están prácticamente estropeados. “Todo el sistema criminalístico del Ministerio Público y la Policía está en abandono”, citó.
Igualmente, el miembro de la carrera fiscal apuntó que los software –como el IBIS– están desfasados porque sus licencias no han sido renovadas hace algún tiempo.
Recordó que anteriormente contaban con aporte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos que operaba con una oficina en El Salvador, pero fueron recortados y eliminados los recursos que se aportaban por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
“La esperanza es que se retomen esos programas y se vuelvan a actualizar las bases de datos, así como las capacitaciones, y una serie de programas como apoyo logístico que facilitaba la Embajada de Estados Unidos al Ministerio Público”, confesó.
Englobó que “el Ministerio Público sin el apoyo internacional prácticamente trabaja de forma artesanal. Sin ese apoyo, sin esa colaboración, todo se reduce a un trabajo artesanal”, finalizó.
Evidencias pobres
De su parte, la directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, citó que el 79.1 % de los crímenes en Honduras se cometen con armas de fuego, lo que se traduce en 73 mil 623 homicidios provocados por estos artefactos en las últimas décadas.
Detalló que cuando se hace investigación criminal y se analizan las escenas, se toman casquillos y armas que necesitan ser periciadas, pero cuando eso no pasa porque la máquina de absorción está mala, no se pueden hacer los contrastes correspondientes.
“Lo que se hace es retardar la investigación porque en los juicios no se pueden probar los elementos que arguye el Ministerio Público”, estimó.
Ayestas aquilató que la Dirección de Medicina Forense requiere de mayores recursos para potenciar sus capacidades y que les permita a los investigadores no ir tan desprovistos a los juicios que requieren de diligencias criminalísticas profesionales.
Tema de seguridad nacional
Para el abogado penalista Marlon Duarte, los registros balísticos se constituyen como de seguridad extrema nacional, que incluso es más importante que cualquier sistema de datos electorales que se maneja en Honduras.
Especificó que el sistema IBIS tiene más importancia que la propia base del Registro Nacional de las Personas (RNP), porque de estos registros depende determinar la participación de un individuo a partir del uso de armas de fuego.
Cuestionó a los que proponen un desarme general en el país porque al final se desarma a la gente honrada que no tiene problemas en registrar en forma legal sus armas.
Dijo que cuando el sistema IBIS funciona, cualquier podría registrar hasta 10 armas y en ese momento esos artefactos se sacan del anonimato y se les pone nombre y apellido, es decir que si en determinado momento se cometen ilícitos con estos aparatos el sistema de registro indica a quién le pertenece.
El jurisconsulto apuntó que los asesinos y hampones jamás van a registrar un arma con la que eventualmente cometerán un delito.
“El honesto va a registrar su arma, no así un delincuente. Que el sistema IBIS no funcione es lamentable, ya que la ley primaria dice que el fin supremo es la persona humana y este mecanismo esencial en cualquier parte del mundo con base a la tecnología para proteger a la personas humana”, manifestó.
Operadores de justicia desorganizados
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, reprochó que el gran problema del país es que los entes operadores de justicia no están organizados y tampoco cuentan con las herramientas mínimas para hacer bien su trabajo.
Cuestionó que se siga vendiendo armas a granel desde las Fuerzas Armadas a través de La Armería, lo que calificó como “un negocio redondo”.
El defensor de DDHH apuntó que en Honduras pululan miles de armas que entran por las fronteras con Guatemala, Nicaragua, El Salvador, entre otros.
“Aquí estamos armados hasta los dientes, los grupos irregulares en el país no sólo están más armados que la Policía, también nos multiplican a los agentes de seguridad”, aseveró.
Maldonado aseguró que los más de 19 mil privados de libertad que componen la población penitenciaria son una responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Consumó que el MP no sólo se enfrenta a sus limitaciones presupuestarias, sino también a la infiltración por parte de grupos criminales. “Estamos crucificados, pero con una política criminal del Estado para el adecentamiento de los funcionarios en materia de justicia debe comenzar con una radiografía que nos diga en blanco y negro las falencias operativas urgentes para ser atendidas”. PD
