La denuncia contra la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 fue presentada hace medio año a la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el Gobierno del presidente Evo Morales, pero se hace efectiva a partir de hoy 1 de enero, confirmaron fuentes oficiales.
No obstante, y de forma casi simultánea a la entrada en vigor de la denuncia, el mandatario solicitó a la Secretaría General de las Naciones Unidas una nueva adhesión a la Convención, pero con una reserva sobre el veto al masticado de hojas de coca.
La denuncia de la Convención y la nueva adhesión con esa reserva ha sido la fórmula inédita que encontró Morales para defender el masticado de hojas de la planta, llamado acullico en Bolivia, que también practican indígenas y campesinos de otras naciones andinas.
La Convención prohíbe la masticación de la coca porque contiene alcaloides que son materia prima en la producción de cocaína.
En la solicitud para la nueva adhesión, enviada el pasado 29 de diciembre, Morales afirmó que el requisito de la Convención de que la «masticación de hoja de coca debe ser abolida es incompatible» con la Constitución boliviana que protege la planta como patrimonio cultural y considera que en su estado natural no es estupefaciente, según informa hoy la agencia estatal ABI.
«Dicho requisito vulnera los derechos indígenas y culturales reconocidos en la Constitución», así como «diversos acuerdos internacionales sobre derechos humanos, incluyendo la declaración de la ONU de 2007 sobre derechos de los Pueblos Indígenas», agrega Morales, líder de los principales sindicatos cocaleros de Bolivia.
El análisis de la reserva planteada por Morales tomará tiempo y debe ser considerada por los 191 países miembros de la Convención antidroga, que tienen un plazo de un año para pronunciarse sobre el asunto, según han explicado fuentes de Naciones Unidas.
Si un tercio (63) de las naciones se pronuncia en contra de la petición, Bolivia no será readmitida en la Convención.
En una anterior oportunidad, Bolivia presentó una propuesta de enmienda para modificar el texto de la Convención, pero se encontró con la objeción de 17 países.
El Gobierno boliviano está confiado en que esta vez no tendrá obstáculos, porque, según dijo el viernes el ministro de Exteriores, David Choquehuanca, la reserva se aplicará solo para Bolivia, no afecta la integridad del acuerdo y se seguirá cumpliendo lo que establece en la lucha contra el narcotráfico.
En cambio, la oposición boliviana considera que la denuncia de la Convención ha puesto en riesgo la cooperación con otros países para enfrentar al narcotráfico.
«Bolivia está en la mira internacional por el aumento realmente impresionante de la cantidad de narcotráfico en nuestro país, por lo tanto es una muy mala señal al mundo», dijo hoy la diputada opositora de Unidad Nacional, Elizabeht Reyes.
Según la legisladora, para que Bolivia tenga «una voz responsable en la defensa de la coca» y del «acullico», debe reducir los cultivos ilegales de la planta que son destinados al narcotráfico.
De su parte, el senador opositor Roger Pinto señaló que quedar al margen de la Convención, aunque sea por un año, puede ser visto como un «error mayor» en los países vecinos que están preocupados por el tráfico de cocaína boliviana en sus mercados.
Bolivia es el tercer productor mundial de coca y cocaína, tras Colombia y Perú, y el mayor proveedor para los países del Cono Sur, según la ONU.
