Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Las fuerzas políticas concentradas en el bipartidismo en el Congreso Nacional tienen ante sí una de sus mayores pruebas de fuego: la elección de las nuevas autoridades electorales en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) al término de las audiencias públicas y el envío de las personas seleccionadas que mejor se expresaron y defendieron sus ideas sobre el rumbo que deben tomar dos importantes órganos rectores de la democracia.
–Proceso Digital conoció que los jóvenes profesionales Aixa Zelaya y Eduardo Fuentes son los dos candidatos que generan mayor consenso calificado para cubrir las potenciales ausencias de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.
–Elegir a los sustitutos de los consejeros que fueron destituidos tras juicios políticos y llenar el espacio de la fallecida magistrada Miriam Barahona (QDDG), pueden ser tareas pospuestas para la siguiente legislatura ya que los liberales siguen fracturados y sin una unanimidad de criterios, dijo a Proceso Digital una fuente política que conoce de cerca lo que ocurre en el seno de las cúpulas partidarias.
–Mientras Libre, sin capacidad directa de accionar, observa y busca aprovechar las fisuras liberales para salir ganancioso; la sociedad civil y las organizaciones independientes aún conservan la esperanza de que los políticos hayan aprendido la lección tras las frustradas elecciones de noviembre de 2025.
Los nuevos representantes que sean seleccionados para ocupar un cargo propietario y uno suplente en el CNE, dos magistraturas propietarias e igual número de suplentes en el TJE, no solo permitirá ver qué tan comprometida se encuentra la élite política con la democracia o hasta dónde los pactos bajo la mesa pesarán más sobre las trayectorias profesionales y de idoneidad presentadas por los aspirantes.
Como bien señaló en su más reciente carta la exrectora de la UNAH, Julieta Casrtellanos, la vuelta al poder del bipartidismo representado en la figura de los partidos Nacional, en el poder, y Liberal, en la oposición, representa la posibilidad de legitimarse o de hundirse nuevamente.
Y la elección de las nuevas autoridades electorales es una de sus pruebas de fuego: o se legitima con la selección y elección de las figuras más probas y destacadas, o se hunden como partidos políticos que prefieren optar por las negociaciones y pactos ocultos que entender las demandas ciudadanas de fortalecimiento institucional a los entes de control electoral para no reeditar los episodios que caracterizaron el pasado proceso electoral que quiso ser boicoteado para evitar la llegada de un nuevo gobierno al poder.
Las elecciones generales de 2025 mostraron las falencias del Consejo Nacional Electoral que enfrentó un boicot a lo interno y a lo externo, mientras en el Tribunal de Justicia Electoral se libraron otras batallas orientadas a frenar el cumplimiento del cronograma electoral y la resolución de fallos en casos conflictivos. La ausencia premeditada a sesiones de pleno, la judicialización del proceso electoral, la persecución hacia algunas autoridades electorales interponiendo incluso recursos de hábeas corpus, fue solo un matiz del deterioro institucional y la urgente necesidad de despolitizar los órganos rectores electorales para apostar por reformas que permitan fortalecerlos.
Durante al menos dos semanas, la ciudadanía hondureña conoció a los postulantes a los cargos en el CNE y el TJE, a través de audiencias públicas transmitidas por el canal oficial del Congreso Nacional y otros medios estatales públicos, así como reproducciones de los medios corporativos y digitales del país.
Estas audiencias permitieron medir el grado de conocimiento y compromiso de quienes quieren ser electos en esos cargos, unos con mayor conocimiento, otros con aproximaciones muy generales y básicas de lo que se aspira en materia de reformas electorales y fortalecimiento institucional.
Su comparecencia en las audiencias públicas fue producto de la conclusión de juicios políticos y renuncias de algunas autoridades del CNE y del TJE. Ha llegado el momento de devolver la confianza a las instituciones electorales y a la ciudadanía para que su voto se respete y siga cada cuatro años ejerciendo un derecho como la más fuerte expresión popular reflejada en las urnas.
Los informes de las misiones nacionales e internacionales de observación electoral indican que en el caso del TJE las disputas internas entre los tres magistrados y las ausencias intencionadas consecutivas de más de algún magistrado, impidieron alcanzar el quórum necesario para celebrar sesiones provocando la parálisis en ese tribunal y limitando su capacidad para funcionar durante el período electoral.
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La instrumentalización de la Fiscalía por parte de un magistrado contra los otros dos, seguida de una acción penal contra ellos ante la Corte Suprema de Justicia en medio de rumores sobre su posible detención, limitó la capacidad de la institución de justicia electoral en su preparación para el período postelectoral, señalan las misiones en sus informes de veeduría.
Hechos que no deben repetirse
En el caso del CNE, los informes destacan que éste luego del boicot sufrido en lo relacionado con el TREP y la interrupción constante para la licitación del proceso, nunca se recuperó del todo de este retraso, que impactó en una reducción de los plazos y afectó negativamente a la mayor parte del cronograma operativo, especialmente a las partes relacionadas con las soluciones tecnológicas subcontratadas y su integración. A su vez, los frecuentes desacuerdos y acusaciones mutuas entre los consejeros provocaron retrasos adicionales en los procesos de licitación.
Esas entre otras grandes aristas fueron consignadas en los informes de las misiones de observación electoral y con más lujo de detalles en la declaratoria oficial de las elecciones emitida por el CNE donde se hace una cronología del intento de boicot que buscaba socavar el proceso electoral y la democracia hondureña.
Para que esos hechos no se repitan, la Cámara Legislativa está a las puertas de elegir nuevas autoridades y con ello un nuevo rumbo a estos dos entes claves en los procesos electorales como son el CNE y el TJE.
Desde las instancias de sociedad civil y organismos académicos se ha insistido en que la elección de las nuevas autoridades debe basarse en meritocracia, compromiso, conocimiento del tema y trayectoria profesional, además de probidad. Es el momento de despolitizar este tipo de instituciones y ofrecer claras señales de que el país se apresta a transformar el sistema político con reformas electorales de calidad y pertinencia.
Pero desde el Congreso empiezan a salir voces alertando que el bipartidismo político—en especial las cúpulas —no están dispuestas a despolitizar el proceso y cabildean para que la elección sea un reparto más y cerrar espacios a gente destacada de sociedad civil y posturas independientes a ocupar uno de esos cargos en el CNE y el TJE.
El presidente de la comisión de las reformas electorales en el parlamento, Antonio Rivera Callejas, ha dicho que en este momento “no existe consenso” en el hemiciclo para elegir a las nuevas autoridades electorales, cuya escogencia requiere de una mayoría calificada, es decir, de 86 votos.
Existe un debate entre los parlamentarios sobre elegir perfiles neutrales o personas afines al partido de gobierno, así como si deben mantener en esos cargos a los representantes de Libertad y Refundación (Libre), tras la destitución de sus representantes en el CNE y el TJE. Según Rivera, el proceso podría estancarse si no se logran los acuerdos para la elección.
“Dentro del Congreso existen actualmente dos corrientes principales: una que impulsa perfiles independientes, y otra que considera que los cargos corresponden al Partido Libertad y Refundación (Libre)”, dijo Toño Rivera.
“Yo creo que hay más apoyo a que sean neutrales e independientes, pero no se llega a 86 votos”, acotó.
Cúpulas en movimiento
Desde instancias de sociedad civil como la ASJ, su director ejecutivo, Carlos Hernández, denunció que existe resistencia entre los diputados y cúpulas de los partidos políticos para despolitizar los órganos de control electoral y que no quieren dar espacios a los postulantes que por sus posturas independientes se han destacado desde instancias de sociedad civil.
Hernández insiste en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) deben ser técnicos y profesionales, no activistas políticos, pues se requiere de organismos que den certidumbre y credibilidad.
Los partidos políticos Nacional, Liberal y Libre cabildean entre ellos por retener la politización en esos órganos electorales y no dar espacios a actores con independencia de criterio que no responda a intereses político-partidarios, sino a los intereses de la democracia y del país.
El representante de la ASJ denunció que ante la falta de consensos en el parlamento se baraja el escenario de una reforma constitucional para elevar a 5 el número de consejeros en el CNE y querer dar asi dos espacios a sociedad civil, un hecho que no comparten porque no se trata de un proceso de reparto de cuotas, sino de uno que conlleve reformas profundas y electorales que amerita el país.
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Esas negociaciones opacas que empiezan a trascender son recogidas en la reflexión política de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, al recordarle al bipartidismo la oportunidad política que les dio el electorado: o se legitiman con los cambios o se hunden al boicotearlos. Castellanos indica que, en el caso de la elección de las nuevas autoridades electorales, surgen nuevamente las voces que cuestionan cualquier espacio o demanda que provenga desde la sociedad civil.
“Las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, que estuvieron al frente defendiendo el proceso electoral, y exigiendo el juicio político, y que ahora demandan la despolitización de los órganos electorales, las reformas político-electorales, y reformas del Estado, comienzan a ser atacadas por las oligarquías partidarias, por aquellas que el interés no es que el partido al que pertenecen gane elecciones, ni que el país avance, sino conservar una cuota de poder. En esencia, aquellos que estando fuera del gobierno, siguen y pretenden seguir conservando el poder”, advierte. (PD)
