Por: Luis Cosenza Jiménez
Recientemente Transparencia Internacional publicó un informe intitulado Las Personas y la Corrupción: América Latina y El Caribe.
El informe presenta los resultados de una encuesta encargada a Latinobarómetro y que involucró a 22,000 personas que fueron entrevistadas en 20 países de nuestro continente. En el caso de Honduras la encuesta se llevó a cabo en mayo de 2016 e involucró a 1,000 personas. Los resultados de la encuesta son muy interesantes y deseo compartirlos con ustedes.
Veamos primero los temas regionales, para luego ver aquello que se refiere a nuestro país. Según nos dice el documento, en el total de países donde se llevó a cabo la encuesta, el 53% de los entrevistados opinó que la corrupción había aumentado el último año. En cuanto a la policía y en lo referente a los representantes electos (diputados y senadores), el 47% de los encuestados piensa que “la mayoría o todos son corruptos”.
Como usualmente ocurre, los líderes religiones son los mejores vistos. Sin embargo, aún en ese caso, el 25% de los participantes en la encuesta piensa que “la mayoría o todos son corruptos”. Por el lado positivo, el 66% piensa que “socialmente aceptable denunciar un caso de corrupción”. No obstante, solo el 9% dice haber denunciado un acto de corrupción, y el 28% de estos dice haber sufrido represalias o consecuencias negativas a consecuencia de la denuncia.
En lo referente a Honduras, cuando se pregunta ¿qué tan bien o tan mal está actuando el gobierno en la lucha contra la corrupción?, el 55% dice que bien, el 37% dice que mal y un 8% dice que no sabe. En Guatemala, la respuesta es similar. El 54% dice que bien, el 28% dice que mal y un 8% dice que no sabe. Los gobiernos de Honduras y Guatemala reciben las mejores calificaciones entre los 20 países en los cuales se llevó a cabo la encuesta. Lo que estos países tienen en común es la participación de organizaciones internacionales dedicadas al combate de la corrupción y la impunidad, específicamente la CICIG y la MACCIH.
Cabe por tanto preguntar si el optimismo manifestado por los encuestados se debe, al menos parcialmente, a la existencia de esas instancias internacionales, y, en el caso de Honduras, a la extradición de un importante número de personas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas y en el lavado de activos. Sea como fuere, parece haber un ambiente de optimismo que permite pensar que tenemos una ventana de oportunidad para combatir la corrupción. No obstante, si la población percibe que no se avanza en la lucha contra la corrupción, la resultante frustración puede fácilmente resultar en inestabilidad política. Véase si no, lo que ocurre en Guatemala.
Por otro lado, es importante ver lo que los encuestados dicen en cuanto al pago de sobornos en nuestro país. Entre un 11 y un 20% dice haber pagado sobornos a la policía o a quienes prestan servicios públicos. Entre un 21 y un 30% afirma haber pagado sobornos en las escuelas, en los hospitales, o para obtener sus documentos de identidad. Finalmente, más del 51% dice haber pagado sobornos en los Tribunales de Justicia, por mucho el porcentaje más alto en todos los países donde se llevó a cabo la encuesta.
Es evidente que el pago de sobornos, en cualquier ámbito u ocasión, es preocupante, pero es particularmente dañino cuando se da en los propios Tribunales de Justicia. Cabe, por tanto, hacer un llamado a nuestras autoridades para que prontamente tomen medidas para hacer frente a esta situación. El Poder Judicial es pieza fundamental en la lucha contra la corrupción y claramente que la batalla no puede librarse plenamente si el propio Poder Judicial está inmerso en la corrupción. Si se concluye que es necesario proceder a la depuración del Poder Judicial, no vacilemos y procedamos.
El informe nos dice que en nuestra Nación el 76% opina que “las personas comunes pueden hacer una diferencia en la lucha contra la corrupción.” Esto contrasta con el reducido porcentaje de denuncias que efectivamente se dan cuando las personas se ven obligadas a pagar sobornos. No obstante, debemos buscar la forma de incentivar a las personas para que denuncien los actos de corrupción, para lo cual será necesario garantizarles la confidencialidad de su denuncia y asegurarles que contarán con la efectiva protección del Estado a fin de que no sufran represalias.
Aprovechemos el clima que priva en la lucha contra la corrupción a fin de hacer frente a este flagelo y castigar a los corruptos. La oportunidad está frente a nosotros. Es el momento para que nuestras autoridades se decidan a actuar.
