¡Barbarie!

Tegucigalpa – El asesinato atroz y bárbaro de un menor de 12 años en el noroccidental departamento de Santa Bárbara reconfirma que los niños hondureños siguen siendo presas frágiles ante la delincuencia común y organizada que abate este país centroamericano.
 

– Detrás de cualquier acción cometida contra los menores, está la maniobra de adultos, señala UNICEF.

“Era un niño, no era ningún pícaro, ¡que país este Dios Santo!”, exclamó la madre de Anderson Jaret López Cardona (12), asesinado presuntamente y paradójicamente por otros niños quienes después lo enterraron a inmediaciones de la escuela donde cursaba sus estudios primarios.

El hecho tuvo lugar en el ancestral poblado de Ilama, Santa Bárbara, y fue presuntamente ejecutado por otros tres menores, que fueron detenidos en las últimas horas por las autoridades policiales.

López Cardona cursaba el sexto grado en la escuela Leónidas Romero y había desaparecido el lunes por la tarde cuando regresaba de hacer una tarea en la vivienda de un compañero.

La madre del malogrado niño, Yamileth Cardona, no podía creer lo que sus ojos miraban al momento que personeros de Medicina Forense procedían a desenterrar el cadáver de su vástago.

“Sólo era un angelito ¿cómo me le hicieron esto? pido justicia”, demandó.

Una fuente policial dijo a Proceso Digital que los presuntos asesinos iniciaron la privación de libertad de Anderson Jaret a manera de secuestro pero luego decidieron asesinarlo y enterrarlo ante la presión de búsqueda de los pobladores de Ilama, lo que les hizo sentirse casi descubiertos. Los “niños –secuestradores” pedían cuatro millones de lempiras por el rescate del pequeño, informó la fuente oficial.

Pero, crímenes como el del pequeño Anderson Jaret, parecen adueñarse de las primeras planas y espacios informativos, que muestran la saña con que se actúa contra este sector de la población hondureña, cada vez más vulnerable.

Para el caso otro hecho que conmocionó a la sociedad hondureña fue el asesinato de un bebé de siete meses, hecho ocurrido en Olanchito, Yoro. El espeluznante crimen ocurrió en la colonia Libertad Norte, donde Carlos Josué Carrillo (23) y su hijo de siete meses, perdieron la vida en condiciones violentas.

Ante estos crímenes, la representante de UNICEF, Cristian Munduate, señaló que la situación de Honduras es muy grave para los niños y este es el momento que todos los sectores están obligados a unir esfuerzos para trabajar articuladamente, a fin de salvaguardar los derechos de la niñez.

Detrás de cualquier acción cometida contra los menores o de aquellos hechos que son ejecutados por adolescentes, está la maniobra de adultos, prosiguió la funcionaria de las Naciones Unidas.

En todo ese contexto de violencia generalizada, el Gobierno hondureño ha manifestado un compromiso con la niñez al adoptar una legislación que busca su protección.

Se trata de la reforma del Código de la Niñez aprobada por el Congreso Nacional a finales de 2013 y que incluye un Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia.

La ONU también ha calificado como “absolutamente inadmisible” el asesinato de infantes en Honduras.
«Honduras es probablemente ahora el país más violento del mundo, eso nos indica cuán difícil es ser niño en Honduras y cómo la esperanza de crecer con seguridad, en el seno de la familia, en la calle, es un riesgo increíble que no podemos aceptar”, ha expresado la representante especial del Secretario General de la ONU sobre la Violencia contra la Niñez, Marta Santos Pais.

A criterio del obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, los crímenes de los menores se pueden calificar “algo diabólico, aterrador, que no tiene ni pies ni cabeza”.

Un reciente informe de la Organización No Gubernamental, Casa Alianza, asegura que el crimen organizado aprovecha la pobreza y que las leyes de Honduras impiden imputar penalmente a menores de edad para reclutar y entrenar en técnicas de ataque y el uso de armas a niños pobres o en situación de abandono.

Rosario de crímenes contra menores este 2014

Recientemente se conoció sobre el asesinato de al menos media docena de niños en la colonia La Pradera de San Pedro Sula, quienes se habrían opuesto a integrarse a una mara que opera en esa zona de la ciudad industrial.

Aunque se ha logrado la detención de los presuntos autores de estos crímenes, no hay una relación detallada que conduzca a los autores intelectuales de estas muertes.

Las versiones de la Policía indican que los reclutadores permanecen entre dos y tres meses, dándoles drogas, armas y otros objetos para que los niños sean simpatizantes en un primer momento y que después sean miembros activos de los grupos criminales.

La vulnerabilidad frente a la criminalidad que golpea el territorio nacional también quedó al descubierto al registrarse la muerte violenta de cuatro niños en Tocoa, Colón, Caribe de Honduras. Las autoridades lograron la captura del presunto hechor.

Igualmente, en mayo de este año se reportó la muerte violenta de cinco jóvenes pandilleros en un enfrentamiento producido en el interior del Centro de Rehabilitación El Carmen, con sede en la norteña San Pedro Sula.

Violencia obliga a niños a abandonar el país

En los últimos días también se ha denunciado el éxodo masivo de niños hondureños en busca del denominado Sueño Americano. Se estima que en albergues de Estados Unidos hay más de 14 mil menores, aunque otros miles llegan a diario por la vía terrestre deportados de México y Guatemala.

Diversos organismos que se encargan a la defensa de los derechos humanos, han asegurado que la principal causa de la huida de estos menores se debe a la violencia generalizada que enfrentan en sus países. El gobierno hondureño también se ha pronunciado en esos términos, aunque ha agregado que ese fenómeno se debe a acciones de la delincuencia organizada que mueve drogas desde el sur al norte del continente.

Pese a todo lo que se ha dicho en torno a este problema de migración infantil, Estados Unidos ha reiterado que lo único que procede es la deportación, se trate de niños o adultos.

Preocupantes estadísticas

De acuerdo a datos que maneja el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Honduras registró entre 2010 y 2013 (4 años) la muerte violenta de 27 mil 272 personas, de los cuales 458 niños menores de 14 años perdieron la vida bajo esa circunstancia.

El Ombudsman hondureño considera que la muerte de menores es un tema de carácter nacional que para enfrentarlo se requiere del liderazgo de los gobiernos locales, de los padres de familia, del sector privado y de la misma sociedad civil.

Recordó que la Ley de Municipalidades establece como obligación de los alcaldes tener políticas públicas de protección a la niñez y asignar fondos para su ejecución.

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