Cerca de la medianoche pasada, Morales dio un mensaje sorpresivo para hacer ese anuncio demandado por varios sectores sociales que en sus diversas protestas llegaron incluso a exigir la renuncia del mandatario si es que no accedía a dejar sin efecto la medida.
Morales había defendido la vigencia de la subida de los combustibles entre un 57% y 82% como una necesidad para la economía del país porque frenaría el millonario contrabando de carburantes, pero anoche argumentó que la anuló tras escuchar la demanda del pueblo.
«Hemos decidido, en esa conducta de mandar obedeciendo al pueblo, abrogar el decreto supremo 748 (sobre los combustibles)», dijo.
El anuncio tomó desprevenidos a muchos bolivianos prácticamente en medio de la fiesta de Fin de Año y a los diarios locales que hoy, salvo alguna excepción, no reflejan ese mensaje.
El analista político Carlos Cordero comentó hoy a Efe que la decisión de Morales fue «valiente, ya que dio un paso atrás» e «inteligente», porque el país se encontraba en el «umbral de una espiral violenta que podría terminar en su renuncia».
Con la anulación del decreto, Morales buscó la pacificación del país cuando sufría un duro golpe político, sobre todo en su imagen, con varios sectores sindicales y sociales en su contra, apuntó.
Para concentrarse en la resolución del conflicto, que amenazaba con agravarse el lunes, Morales incluso no viajó hoy a Brasil a la investidura presidencial de Dilma Rouseff, como pretendía hacerlo.
Dirigentes de la Central Obrera Regional de la ciudad de El Alto, considerada oficialista pero que también llamó a protestas, señalaron hoy a los medios que los trabajadores ya no marcharán el lunes hacia la vecina La Paz, como pretendían.
El dirigente de los maestros paceños, José Luis Álvarez, uno de los duros críticos de Morales, celebró la anulación del «gasolinazo» pero dijo que su sector analizará la próxima semana qué hará porque los precios de los alimentos no han bajado.
Asimismo, sindicalistas fabriles destacaron hoy que Morales «haya seguido el compromiso de gobernar siguiendo al pueblo» y escuchado el reclamo de derogar el decreto.
Aún no se han pronunciado los sindicatos mineros que iban a parar el lunes y marchar desde el altiplano a La Paz, ni las asociaciones indígenas que pretendían bloquear las carreteras, pero sus medidas estaban condicionadas a la anulación del «gasolinazo».
Uno de los dirigentes del sindicato de transportistas de La Paz, Fortunato Sirpa, dijo a los medios que los pasajes de su servicio iban a reducirse hoy por efecto de la baja de los combustibles, pero su sector puede decidir el próximo martes otros niveles de aumento.
Para Cordero, la «crisis» vivida esta semana puede tener consecuencias en el Ejecutivo: «muchos ministros van a ser removidos, para mostrar un nuevo rostro, más técnico».
En su criterio, el mandatario izquierdista «tiene que recuperar la confianza y la credibilidad» de la población que le respaldaba, pero que se había volcado en su contra esta semana en las calles.
Las protestas de envergadura se vivieron el jueves en El Alto, que hasta ahora había sido una aliada incondicional del mandatario aimara, en La Paz y en Cochabamba (centro), que terminaron en enfrentamientos entre policías y manifestantes -que fueron repelidos con gases lacrimógenos-, heridos y detenidos.
Si bien la decisión de Morales parece haber bajado la tensión con vistas hacia el lunes, que iba a ser una jornada de protestas, no se ha informado qué opciones analiza ahora el Gobierno para encarar el problema del contrabando de carburantes que el año pasado provocó a la economía pérdidas por 150 millones de dólares.
El mismo Gobierno calcula que en 2011 esa cifra podría subir a 300 millones de dólares, tras admitir que no tiene forma de combatir el comercio ilegal de carburantes a Perú, Brasil y Argentina.
