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Autocracia y corrupción socaban las democracias en la región

Tegucigalpa – (Especial Proceso Digital) Hechos concretos ocurridos en los últimos años en América Latina, reflejan que hay una clara debilidad en el estado de derecho y cada día las democracias se ponen en mayor riesgo.   

Expertos, que expusieron en el Taller Internacional sobre Estado de Derecho en la región de América Latina, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras, en el marco de la construcción del Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) de Honduras 2021, coincidieron en que hay serios problemas en la región que atentan en contra del estado de derecho.

Los reconocidos especialistas exteriorizaron que uno de los puntos principales en este deterioro de la democracia, es el autoritarismo y la concentración de poder que se está viviendo en diferentes naciones lo que influye directamente con impartir justicia, y que esta no sea aplicada adecuadamente, además esto está generando una mayor desigualdad, mayor pobreza, desesperanza y falta de credibilidad en quienes nos gobiernan.

En el taller, donde estuvo presente Proceso Digital, se destacó que la crisis que arrastran los países de América Latina, pero principalmente Centroamérica, que tiene problemas sociales y políticos estructurales que se han agudizado con la pandemia por COVID-19 y los huracanes Eta e Iota.

Autoritarismo incrementa la impunidad

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anotó que las democracias en América Latina han demostrado mucha resiliencia para enfrentar crisis económicas y también cambios geopolíticos diversos.

Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica.

Asimismo, la democracia regional también ha experimentado alteraciones considerables y desgraciadamente no todas han sido para bien.

Remarcó que hay factores muy preocupantes que generan una justificada alarma y preocupación, y hay un desencanto con las instituciones de la democracia que ha venido en aumento y se ha acelerado especialmente en la última década.

Varios estudios de opinión indican que Centroamérica, tiene los peores datos en cuanto a ese desencanto con la democracia, siendo los más graves Nicaragua Honduras y El Salvador, refirió.

La expresidenta lamentó que efectivamente esos indicadores no son nada alentadores para el estado de derecho “entonces podemos afirmar que, si bien, la región no se despierta todos los días contando más autocracias dentro de sus fronteras, ciertamente se despierta cada día con democracias de menor calidad, con una gobernabilidad deficiente y con un estado de derecho amenazado”.

La exgobernante de Costa Rica fue más allá y anotó que la situación es peor aún porque “esas democracias presentan una incapacidad creciente para articular acuerdos políticos que les permitan enfrentar los enormes desafíos institucionales socioeconómicos y ambientales que tienen por delante”.

En ese sentido refirió que no es de extrañar el creciente desencanto del ciudadano, ni su creciente preferencia entre las democracias y autocracias, ni el resurgimiento de liderazgos más cercanos al populismo.

Agregó, que lo anterior se debe a algunos temas que no son difíciles de identificar, como una ambición absoluta del poder, la falta de independencia de poderes, el irrespeto a la constitución y altos grados de impunidad, en este último punto lamentó que Honduras, pese a que ha hecho algunos esfuerzos, sigue siendo el país con más altos niveles de impunidad.

“El debilitamiento de la democracia arrastra consigo el estado de derecho y viceversa, cuando el estado de derecho de se debilita, la democracia queda desprotegida frente a los excesos del poder político y los poderes fácticos, el estado de derecho no es más ni menos que el garante de la democracia” destacó.

Finalmente, envió un mensaje muy claro sobre la importancia del respeto a las leyes, independientemente si se está en el poder o es un ciudadano común “en democracia nunca, nunca, los fines justifican los medios y es precisamente el estado de derecho, el que vela porque las reglas se respeten, y los medios se observen por parte de todos, el estado de derecho, implica que todos los ciudadanos por igual están sometidos a la ley y por supuesto entre ellos y con más razón los más poderosos”.

Integridad en las elecciones, indispensable

En la misma sintonía de la expresidenta de Costa Rica, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos Espino, lamentó que hay un debilitamiento de la democracia y del estado de derecho en la región.

Martín Torrijos Espino, expresidente de Panamá.

El expresidente Torrijos habló de la necesidad de que se fortalezca el sistema de derecho, y que no solo haya elecciones libres y periódicas, sino que sean comicios que tengan integridad y que no haya duda sobre los procesos y que los estados tengan la capacidad de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Torrijos, remarcó que hay mucha preocupación porque en medio del debilitamiento de la democracia, se ve un marcado autoritarismo, y concentración de poder.

En esa concentración de poder “muchos han pensado que, si la justicia ayuda a los fines políticos, es válido desconocer esa separación de poderes”.

El exgobernante destacó que hay una reflexión obligada para todos los latinoamericanos y los centroamericanos en particular, “sobre la necesidad de entender que sin estado de derecho no hay democracia”.

Torrijos, cerró subrayando que en el difícil contexto que se vive en todo el mundo, se demanda de una actitud distinta porque sin duda la pandemia por el COVID-19 “nos ha empobrecido a todos y se requiere de nuevas iniciativas, de nuevas voluntades, para fortalecer lo que tenemos por delante para seguir y pensar que efectivamente tenemos futuro y que juntos podemos lograrlo”.

Recomendaciones de Comisión de la Verdad cayeron en el vacío

El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, también estuvo de acuerdo con los demás expositores planteando las dificultades que vive la región, en cuanto al debilitamiento de la democracia y el estado de derecho.

El vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein.

Stein, quien fue el coordinador de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), en Honduras, enmarcó su participación en la experiencia que tuvo al frente de esta comisión, y lamentó que, pese a que hubo recomendaciones claras a seguir para que el país enmendara muchos errores que han llevado al deterioro del estado de derecho, estas han quedado en el olvido.

En este contexto, Stein, recordó que hubo una unidad encargada de dar seguimiento a las recomendaciones de la CVR, pero está “se desmontó” a pesar de que el discurso político fue de mucho interés, la unidad “ceso en su existencia, porque había elementos que le resultaban sumamente incómodos a cualquiera de estos ejercicios oscuros, de complicidades en donde se colaban intereses de grupos específicos o incluso de personas disfrazadas de interés nacional”.

Pese a que las recomendaciones fueron claras y eran propuestas nacidas de la voluntad del pueblo, para que se corrigieran malas prácticas como la intromisión entre poderes e impunidad, “Honduras ha seguido el camino opuesto” y más bien se ha dado paso para un mayor control de poderes y de los entes contralores del estado, agregó Stein.

Finalmente, advirtió que lamentablemente “no es el tema de sustitución de una persona, sino un problema de estructuras, en donde lo que más está padeciendo la región centroamericana con algunas honrosas excepciones es un embate del crimen organizado y un solapamiento de estructuras de corrupción que tienen coptados los centros de decisión pública del estado en varios de los países”.

Urgen cambios esenciales que lleven al bien común

Monseñor Ángel Garachana Pérez, Obispo de San Pedro de Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), también participó en el taller internacional, y fue enfático al anotar que no se puede seguir con los vicios inveterados de siempre, ya se necesita un cambio que tiene raíz en la ética.

El obispo Ángel Garachana Pérez.

En su presentación, el obispo destacó que en el estado de derecho es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres, especialmente de los gobernantes y, todas las personas e instituciones públicas y privadas incluyendo el propio Estado, están sometidos a las leyes y, se opone a este estado de derecho toda forma de dictadura, totalitarismo y absolutismo, remarcó.

Garachana, apuntó que, en una mirada a la realidad en Honduras, se pueden señalar algunos puntos críticos que debilitan la institucionalidad.

En ese sentido destacó la facilidad con que la Constitución ha sido acomodada a intereses particulares; La desigualdad ante la ley y la aprobación de leyes para blindar la corrupción o proteger intereses particulares en detrimento del bien común.

El religioso, además planteó importantes propuestas para consolidar el estado de derecho, pero remarcó que primero “es necesario impulsar y formar un cambio de mentalidad, un cambio cultural en Honduras, que lleve a todos los ciudadanos a interiorizar la ley y a cumplirla como una forma de contribuir al bien común”.

Asimismo, destacó que debe haber un profundo cambio en el Poder Legislativo para fortalecer el respeto a la ley y emitir leyes justas.

Finalmente, se refirió a la urgencia de un sistema judicial independiente, imparcial y rápido en la aplicación de la justicia, donde el buen funcionamiento del Poder Judicial es esencial en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico que ha impregnado las estructuras del Estado, apostilló.

El Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras Ricard Barathe, manifestó que “los desafíos que países como Honduras deben enfrentar dibujan un cuadro muy complejo de crisis y riesgos y necesitan un estado de derecho muy fortalecido, es aquí en este sentido que se requiere poner en marcha un proceso de transformación profunda de la estructura económica social y política para eliminar la pobreza, reducir la desigualdad, alcanzar una justicia inclusiva, y por supuesto afianzar el equilibrio en la división de poderes mediante un mecanismo de pesos y contrapesos que evite la concentración de poder.

Una coincidencia de todos los expositores fue que la participación ciudadana es indispensable para el fortalecimiento en un estado de derecho, y el equilibrio en la independencia de poderes es una condición inexcusable. Y es precisa la construcción de un nuevo estado de derecho, para una recuperación que sea inclusiva y revierta el deterioro en que ha caído toda la región. (PD)

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