Managua.– Un ataque armado de la Policía de Nicaragua contra una familia dejó como resultado un muerto y dos heridos graves este miércoles, denunció una fuente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
Bryan López, de 22 años, falleció eta madrugada al recibir varios disparos de fusil AK-47, de fabricación rusa, ejecutados por un grupo de al menos nueve policías que invadieron su vivienda en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua, confirmaron sus familiares.
Kener López y Javier Cortez, primo y tío de la víctima, respectivamente, sobrevivieron a los disparos y se encuentran en estado grave en el Hospital de León, indicaron las fuentes.
Según los familiares, los agentes de la Policía de Nicaragua ingresaron a la vivienda sin tener una orden judicial, con el objetivo de capturar al joven, quien había participado en las protestas contra el presidente Daniel Ortega en los últimos 15 meses.
López murió mientras se oponía a la captura. Al notar que el joven había muerto, los policías abandonaron la vivienda, informaron los familiares, quienes no se identificaron, pero colgaron en internet un vídeo de la escena y las balas usadas por los agentes.
Entre abril y julio del año pasado la oposición denunció varias acciones policiales de las mismas características, en diferentes ciudades de Nicaragua, sobre las que hasta ahora el Gobierno no se pronuncia.
Esta misma mañana diferentes grupos de oposición informaron de redadas policiales contra personas que han expresado su descontento contra el Gobierno de Ortega en ciudades del Pacífico y norte de Nicaragua.
Los arrestos, que los opositores califican de «secuestros», se han incrementado conforme se acerca el aniversario 40 de la revolución sandinista, el 19 de julio, que tiene en Ortega su centro de atención.
En marzo pasado el Gobierno se comprometió a no perseguir a las personas que se expresaran contra Ortega, pero, según la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, hasta ahora no ha cumplido.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostiene que el Gobierno ha cometido crímenes «de lesa humanidad» en el marco de una crisis que comenzó en abril de 2018, con el estallido social contra Ortega.
De acuerdo con la CIDH, el conflicto ha dejado 326 muertos. Organismos locales elevan la cifra a 594, pero el Gobierno reconoce 200.
Hasta ahora Ortega, quien lleva 12 años en el poder, se niega a un adelanto de elecciones como solución a la crisis.
