Tegucigalpa- La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), demandó al Gobierno el pago inmediato de los salarios adeudados a miles de docentes y denunció posibles riesgos de corrupción en el manejo de los recursos humanos de la Secretaría de Educación.
A través de un pronunciamiento emitido este miércoles, la organización expresó su preocupación por la crisis que afecta al sistema educativo nacional, señalando que el incumplimiento en el pago de salarios vulnera los derechos laborales de los maestros y pone en riesgo el acceso de la niñez hondureña a una educación continua y de calidad.
La ASJ indicó que numerosos docentes acumulan deudas retroactivas debido a la falta de pago de sus salarios, situación que afecta la estabilidad económica de miles de familias en todo el país. En ese sentido, exigió al Gobierno cumplir de manera inmediata con las obligaciones pendientes y saldar los pagos atrasados.
Asimismo, la organización denunció la existencia de señales preocupantes de posibles actos de corrupción en la administración del sistema de recursos humanos de la Secretaría de Educación. Según el documento, desde febrero solicitaron información sobre la planilla completa del personal docente y administrativo; sin embargo, aseguraron que la institución no ha entregado los datos requeridos.
ASJ recordó que auditorías sociales realizadas en años anteriores identificaron irregularidades en el sistema de planillas. Entre los hallazgos, señalaron que una parte de los docentes registrados no se encontraba en sus centros de trabajo y que el Estado efectuaba pagos millonarios sin justificación a personas fallecidas o con duplicidad de plazas.
Ante esta situación, la organización demandó acceso irrestricto a la información y la publicación completa, abierta y actualizada de la nómina de todo el personal que recibe salario del Estado en el sector educativo. Además, pidió la implementación de mecanismos de monitoreo ciudadano y una auditoría técnica independiente para detectar y corregir posibles irregularidades.
La ASJ también manifestó preocupación por la suspensión de clases derivada de las protestas del gremio magisterial. Según el pronunciamiento, hasta el 22 de mayo los estudiantes habían perdido seis días de clases, lo que representa un impacto económico estimado en más de 1,337 millones de lempiras, sin que ello genere beneficios pedagógicos.
La organización reiteró su compromiso con la defensa del derecho de la niñez a recibir educación de calidad y exhortó a la ciudadanía, medios de comunicación, cooperantes internacionales e instituciones del Estado a sumarse a las acciones de vigilancia y transparencia en el sistema educativo hondureño. IR
