Tegucigalpa (Proceso Digital) – Los primeros meses del gobierno de Nasry “Tito” Asfura, marcados por recibir una administración desconocida, sin informe alguno ni el asomo de lo que debió ser una transición, propia de todos los gobiernos democráticos, le obligó a arrancar en un terreno desconocido y pantanoso.
De entrada, se detectó la urgencia de realizar un ajuste estatal, sumando a ello la presión fiscal, la redefinición de alianzas internacionales y las expectativas ciudadanas en torno a las promesas de campaña.
Su llegada al poder ocurrió en un contexto excepcional, tras un proceso inédito en el cual la democracia estuvo a punto de quebrarse tras la embestida oficialista para romper el orden constitucional, lo que dejó a la institucionalidad gravemente dañada.
Sin transición, con deudas financieras -en-demandas-este-2026 y sociales acumuladas, y con los peores índices de percepción de corrupción registrados por Transparencia Internacional (TI) en la historia reciente del país, según los reportes previos al cambio de gobierno, Asfura ha navegado en aguas turbulentas en las cuales además y sin ser un tema menor, ha afrontado los efectos colaterales, pero dañinos de la de la guerra Estado Unidos-Israel contra Irán y sus efectos en el derrame de la economía nacional.
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Deudas, embargos y un Estado al límite
El nuevo gobierno recibió una administración con embargos y demandas que superan los 4 mil millones de lempiras, además de una deuda flotante cercana a los 25 mil millones de lempiras, según reportes de la Secretaría de Finanzas. Este escenario ha limitado la capacidad del Gobierno para ejecutar proyectos y ha obligado a priorizar pagos urgentes y reorganizar el gasto público.
En su primer mes, Asfura reconoció que el Estado enfrentó demandas de pago cercanas a los 4,000 millones de lempiras, lo que presionó aún más la caja pública. Aun así, aseguró que la planilla salarial se ha mantenido al día y que se continúa honrando compromisos financieros.
Fusiones, cierres y austeridad
Una de las primeras decisiones del Ejecutivo fue impulsar un plan de reestructuración estatal, que incluye la fusión y cierre de instituciones para reducir el gasto corriente y liberar recursos para inversión. Esta línea coincide con el discurso de austeridad que Tito Asfura planteó desde su toma de posesión, realizada en un acto austero en el Congreso Nacional. La medida ha permitido el desmantelamiento de ciertas oficinas y la reducción de al menos dos mil plazas que eran desempeñadas por burócratas sobre contratados.
También destacan entre las medidas anunciadas la duplicación del presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de 510 a más de 1,100 millones de lempiras; el incremento de fondos para la Procuraduría General de la República (PGR) y el envío al Congreso de una Ley Antisoborno para reforzar los mecanismos de control institucional.
Estas acciones, – según el discurso oficial -, buscan responder a la demanda ciudadana de transparencia, especialmente tras los índices inéditos de percepción de corrupción reportados por TI antes del cambio de gobierno. Asfura hasta la fecha no ha mencionado la posibilidad de instalar en el país una misión internacional anticorrupción, una iniciactiva que fue promesa de la anterior presidenta Xiomara Castro y que nunca cumplió pero que sigue siendo un clamor popular en un país en que los corruptos han hecho y deshecho a su antojo.
Golpe de timón a Washington y señales mixtas en Asia
En el plano internacional, el gobierno ha dado un giro claro hacia Estados Unidos. Nasry Asfura sostuvo un encuentro con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago para relanzar la agenda bilateral en comercio e inversión e incluso aun siendo solo presidente electo viajó a Washington donde fue recibido por el más alto estamento del poder para iniciar conversaciones en torno a temas bilaterales descontinuados por las hostilidades de la administración anterior del izquierdista partido Libre.
Además, Honduras anunció su reincorporación al CIADI, revirtiendo la salida promovida en 2024. El sector privado ha respaldado esta decisión al considerarla clave para atraer inversión extranjera y ofrecer garantías jurídicas.
Sin embargo, analistas advierten que este acercamiento podría incrementar la dependencia de Honduras respecto a Washington, y señalan que el gobierno aún no define con claridad su postura frente a China ni concreta la posible reanudación de relaciones con Taiwán, un tema sensible para sectores productivos como el camaronero.
Infraestructura, empleo y economía: la ruta
Asfura ha insistido en que su administración busca reactivar la economía mediante inversión en infraestructura y alianzas con el sector privado. Entre los proyectos anunciados se encuentran el diseño y licitación del libramiento de San Pedro Sula, desde La Barca hasta Baracoa y los dragados y obras de protección en la zona norte para prevenir desbordamientos de los ríos Ulúa y Chamelecón para fortalecer el potencial productivo del Valle de Sula, el motor económico y comercial de Honduras, que aporta el 50 % del producto interno bruto del país.
El presidente también ha hecho un llamado directo a la empresa privada para generar empleo, afirmando que “el papá gobierno no puede dar trabajo a todos”.
Promesas de campaña: ¿qué se ha materializado?
Durante la campaña, Asfura prometió austeridad y reducción del Estado, fortalecimiento de la transparencia, reactivación económica, empleo y mejorar la relación con inversionistas y socios internacionales.
En estos primeros meses, las acciones verificadas dan cuenta de logros paulatinos: la austeridad se ha reflejado en la reducción del despliegue protocolar y en el plan de reordenamiento estatal; la transparencia ha sido abordada con el aumento de fondos al TSC y la presentación de la Ley Antisoborno pero lo que queda por hacer es amplio y demanda medidas y acciones concretas. Todos son pasos someros, propios del arranque.
El hecho de que la Presidencia de la República concedió un bono de 100 mil lempiras a los diputados de la bancada legislativa del cogobernante Partido Liberal, resultó en la desaprobación ciudadana en momentos en el que las medidas económicas producto de las alzas a los combustibles y con ello a toda la cadena de consumo, hacen estragos en la economía de las familias y por ende, se sienten en toda la población.
La reactivación económica avanza con proyectos de infraestructura y la búsqueda de inversión extranjera. A ello se suma los efectos de una ley de empleo parcial o por hora, que permite una significativa contratación de mano de obra para empresas que reportaron durante las vacaciones de Semana Santa haber generado al menos 30 mil puestos de trabajo. La respuesta es apenas un asomo. La gente demanda trabajos estables y dignos en un país donde el desempleo y la informalidad han incrementado la brecha social que hace de Honduras una de las naciones más desiguales del continente.
En política exterior, el giro hacia EEUU. y la reincorporación al CIADI cumplen promesas de estabilidad jurídica y apertura internacional.
Aun así, persisten desafíos estructurales: la pobreza que afecta a seis de cada diez hondureños.
Un gobierno que corre contra el tiempo
Los primeros meses de Asfura muestran un gobierno que intenta ordenar la casa en medio de una crisis profunda, mientras envía señales de estabilidad a inversionistas y socios internacionales. Las medidas iniciales apuntan a cumplir parte de sus promesas, pero la magnitud de la deuda, la fragmentación política y la urgencia social plantean un camino complejo.
Las heredadas crisis sanitaria, el crecimiento desmedido del aparato burocrático, la deuda en educación, una inigualable polarización, una criminalidad organizada extrema y la corrupción son parte de los pesados lastres en los que ya se muestran pequeños cambios. Nasry Asfura recibió un país a ciegas, sin informes oficiales y sin presupuesto nacional, pero llegó al poder para hacer y responder ante una ciudadanía agotada por las promesas incumplidas.
El reto ahora es incrementar el ritmo, convertir anuncios en resultados tangibles y demostrar que la austeridad y la transparencia pueden traducirse en mejoras reales para la población. (PD)
