El ministro de Industria y Comercio (SIC), Francisco Zelaya, dijo que el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Enrique Castellón, está verificando la liquidación de las pólizas, con relación al pago y el valor.
Según Zelaya, con el pago efectuado no habrá evasión al fisco.
El “arrozazo” es una importación de 14,300 toneladas, que afecta a los productores locales, en plena cosecha. Esta importación pretendió hacerse libre de impuestos bajo las contingencias del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA).
El presidente Porfirio Lobo manifestó en su momento que sí la importadora no efectuaba el pago del 45 por ciento de arancel en 48 horas, que vencía hoy viernes, el grano debería ser devuelto, pero se procedió a cancelar el impuesto, por lo que el arroz podrá ser descargado del barco e internado en Honduras.
El total del pago de la liquidación no fue establecido por las autoridades.
El presidente de la Asociación Nacional de Molineros de Honduras, Benjamín Toledo, dijo a Proceso Digital que el pago de los impuestos por parte del importador es una obligación conforme a ley.
Agregó que el sector arrocero elevó un escrito a la representación de Washington en Tegucigalpa a fin de que se cumpla con las reglas establecidas en el CAFTA.
Honduras tiene una demanda nacional de 3.5 millones de quintales de arroz (granza). La producción local es de 900 mil quintales y el resto es traído al país a través del sistema CAFTA.
Toledo señaló que aún no se logra un acuerdo de compra con los productores. Dijo que para alcanzar el acuerdo es necesario corregir las reglas existentes que a su juicio son ambiguas y que quedaron plasmadas en un convenio publicado en noviembre del año pasado.
