El decreto establece que de conformidad al numeral uno del artículo 22 de la Ley General de la Administración Pública, se autoriza a la ENEE, a negociar y oportunamente suscribir el convenio correspondiente, de línea de crédito entre esa empresa que actuará como prestatario y la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) como Ejecutora y el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) como prestamista, para la construcción de la segunda y última fase del proyecto Patuca III, conocido como Piedras Amarillas.
El gerente de la ENEE, Emil Hawit, precisó que el convenio es por un monto de aproximadamente 297 millones 720 mil dólares.
En el artículo dos del decreto, se señala que una vez suscrito el convenio de línea crédito con la institución financiera china, deberá ser remitido para su correspondiente aprobación, al Congreso Nacional.
En uno de los considerandos del decreto, se menciona que el decreto legislativo 279-2010 publicado en el diario oficial La Gaceta, el 5 de febrero de 2011 y, mediante el cual se aprobó la Ley Especial Reguladora de Proyectos Públicos de Energía Renovable, declaró en su artículo uno de apremiante urgencia, interés público y necesidad nacional de la más alta prioridad, la construcción y puesta en funcionamiento de, entre otros, el proyecto de generación de energía con recursos renovables nacionales Patuca III (Piedras Amarillas), ubicado en el departamento de Olancho.
El proyecto en su primera fase, fue concedido a la empresa de China Popular Sinohydro.
En ese sentido, el abril de 2011, Sinohydro firmó un contrato con la estatal hondureña Empresa Nacional de Energía Eléctrica para construir la primera fase de la represa hidroeléctrica Patuca III por 50.5 millones de dólares.
La segunda fase será de unos 350 millones de dólares y contempla la instalación de las líneas de transmisión de energía desde la zona de Patuca hasta el departamento de Olancho.
Sin embargo, el proyecto ha encontrado dificultades con el financiamiento y con el pago a los pobladores que reclaman la indemnización por sus tierras que han sido afectadas por la construcción del embalse.
