Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este miércoles en su tercer debate la iniciativa remitida por el gobierno de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.
-Diputados se enzarzaron en ataques entre las diferentes bancadas, llegando a ataques personales.
El interés del decreto es racionalizar el gasto en las finanzas públicas, por lo tanto, su propósito es implementar un régimen de medidas en materia fiscal y financiera.
Asimismo, las medidas deben ser extraordinarias, excepcionales y temporales ante la situación actual que afecta las finanzas públicas, orientadas a restablecer su equilibrio y promover el crecimiento económico sostenible, desarrollo humano, preservación del equilibrio macroeconómico y fortalecimiento institucional del Estado.
Los órganos de la administración pública central y descentralizada deben aplicar medidas necesarias en materia de ingresos fiscales, racionalización del gasto público, ordenamiento financiero y disposiciones administrativas, organizativas y sociales.
El decreto autoriza al Poder Ejecutivo para que durante su vigencia realiza procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones de la administración pública descentralizada e instituciones desconcentradas para que realicen la disminución forzosa de servicios o de personal con acuerdo de nombramiento o por contrato por razones presupuestarias para lograr una organización más eficiente y económicas, pagando las indemnizaciones.
Uno de los puntos de la iniciativa, es que una vez realizado el pago de las indemnizaciones, él mismo será oponible como extinción de las obligaciones ante los juzgados y tribunales.
Señaló que en caso que el personal se niegue a recibir los fondos de las indemnizaciones, se podrá consignar ante la autoridad administrativa o judicial para evitar el aumento de la cuantía de los mismos.
En el caso de las alcaldías e instituciones descentralizadas, estas podrán adoptar medidas descritas en los párrafos anteriores en lo que sea concerniente y aplicable.
La legislación aprobada señala que cuando se emita órdenes judiciales para la aplicación de embargos contra el Estado en cualquier materia como resultado de sentencias judiciales firmes, los juzgados correspondientes librarán el oficio con copia certificada de la sentencia a la Tesorería General de la República y al órgano condenado para que los montos se ajusten a la disponibilidad presupuestaria de cada parte sentenciada y no afecte el cumplimiento de pagos de servicios.
La orden de ejecución debe ser remitida dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sentencia firme.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cinco años los embargos al Estado han alcanzado montos cercanos a los 10,000 millones de lempiras, lo que representa un promedio anual de 2,000 millones. No obstante, solo en los primeros 15 días de gobierno, las demandas ya han generado un impacto superior a 3,000 millones de lempiras sobre el Tesoro General de la República.
También se autoriza a la Procuraduría General de la República (PGR) para que realicen conciliaciones judiciales, procesos de arbitrajes, demandas internacionales, controversias sometidas a tribunales, denuncias y casos en organismos internacionales que el Estado forma parte para evitar un perjuicio económico mayor.
En el caso de los arreglos extrajudiciales a los titulares de instituciones del Estado, deben contar previamente con la disponibilidad presupuestaria y dictámenes legales correspondientes a la Secretaría de Finanzas, y deben ser sometidas a homologación del juzgado o tribunal.
Todos los procesos de conciliación deben realizarse con la participación directa y vinculante de la PGR, incluyendo entes descentralizados y alcaldías.
Para que el acuerdo conciliatorio sea efectivo, debe tener previamente la opinión favorable de una comisión de diputados del Congreso Nacional y debe ser un monto igual o superior a cinco millones de lempiras.
Igualmente, se autoriza a las instituciones de la administración central, desconcentradas, descentralizadas y alcaldías que realicen un diagnóstico de identificación de contratos que sean emitidos antes de la vigencia de la ley.
Adicionalmente, se faculta a la Secretaría de Finanzas a realizar movimientos presupuestarios entre los renglones del gasto capital y gasto corriente de cada institución del gobierno central, descentralizada y desconcentrada, con excepción de los otros dos poderes del Estado y órganos constitucionales.
El partido Liberal logró que en la ley quedarán protegidos los empleados que ingresaron por oposición, no así los nombrados en las últimas semanas de la pasada administración.
La bancada del opositor partido Libertad y Refundación (Libre) votó en contra, mientras a favor votaron las bancadas del oficialista Partido Nacional, así como de los partidos Liberal, Pinu y Democracia Cristiana, para un total de 90 votos favorables.
Debates
Previo a la aprobación final, los diputados se fueron a un debate, ya que el legislador de Libre, Fabricio Sandoval, acusó a los liberales de apoyar una masacre laboral, mientras criticó al diputado del Pinu, Rolando Contreras, quien se sintió ofendido.
Igualmente el diputado Hugo Noé Pino acusó que la ley abre la posibilidad a acciones de funcionarios que pueden generar mayores males al Estado, especialmente en lo referente a que los agentes de la PGR pueden hacer acuerdos previos de pagos en los litigios donde participan.
Los diputados liberales Jorge Cálix y Yury Sabas, defendieron la actuación de su partido y rechazaron las críticas de Sandoval y del partido Libre.
El jefe de la bancada liberal, el diputado Cálix, pidió a Libre que no los ataquen, recordando que en el gobierno pasado despidieron a más de 15 mil empleados del programa guía de familia, así como a trabajadores del Congreso Nacional, los cuales volvieron a trabajar en la actual administración. (PD).
