Los jueza Valeria Montesarchio, del Tribunal de Grossetto, acogió así la petición de los peritos que explicaron que necesitan más tiempo para realizar sus informes.
El crucero embarrancó el 13 de enero a pocos metros de la costa de la isla del Giglio y en el naufragio perdieron la vida 25 personas, entre ellas un español y dos peruanos, y aún hay siete desaparecidos.
Los peritos tendrán que redactar informes técnicos sobre la nave, así como leer los datos de la «caja negra» de la que se esperan saldrán informaciones importantes como el cambio de ruta, pero también si se advirtió a la compañía del incidente.
El proceso comenzó el pasado tres de marzo y se está celebrando en el Teatro Moderno de Grosseto, debido a la cantidad de personas que han pedido asistir, entre ellas los abogados de las partes y los representantes de asociaciones de afectados y pasajeros.
Además de Schettino, al que la fiscalía de Grosseto investiga bajo los cargos de homicidio, naufragio y abandono de la nave, resultan también investigados su segundo en el puente de mando, Ciro Ambrosio, y otros cuatro oficiales Andrea Bongiovanni, Roberto Bosio, Silvia Coronica y Salvatore Ursino.
También los fiscales investigan a tres dirigentes de Costa Cruceros: el vicepresidente ejecutivo de operaciones de la flota, Manfred Ursprunger, así como al jefe de la Unidad de Crisis, Roberto Ferrarini, y al superintendente de la flota de la nave, Paolo Parodi.
Durante la audiencia de hoy solo estuvo presente entre los imputados Salvatore Ursino, quien a su entrada en el teatro deseó que «todo esto termine lo antes posible».
El inmenso crucero se encuentra aún embarrancado en la costa de la isla del Giglio, y aunque ya han empezado las tareas para ser trasladado se necesitará al menos otros 10 meses más para poder retirarlo completamente de la zona.
El capitán del barco, Schettino, se encuentra desde el 5 de julio en libertad, después de que la jueza Montesarchio decidiese sustituir el arresto domiciliar dictado por ella misma el 17 de enero por la obligación de permanecer sometiéndose a rutinarios controles en el municipio de su residencia, Meta di Sorrento (sur), del que podrá alejarse solo previa autorización judicial.
