Tegucigalpa – Las organizaciones de la sociedad civil que conforman la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), aseguran que la elección del nuevo Fiscal General es un esencial reto que los legisladores de las diferentes bancadas del Congreso Nacional tienen enfrente.
La organización de Sociedad Civil piden a los diputados que seleccionen a los más idóneos para desempeñarse en la titularidad del Ministerio Público, argumentando que esta es una entidad que representa los intereses de la sociedad y tiene el monopolio de la persecución penal en el país.
Asimismo, señalan que es recomendable que los diputados que son acusados ante los tribunales de justicia no tengan un papel relevante en el proceso de designación del nuevo Fiscal General.
Aseguran que de tener participación puede haber un conflicto de intereses que se presenta de conformidad al Código de Conducta Ética del Servidor Público.
APJ dice que si los diputados acusados participan en la elección del nuevo Fiscal General, esto le restará credibilidad y legitimidad al proceso y que será una decisión que marcará la continuidad o no de la lucha en contra de las bandas del crimen organizado y redes de corrupción en Honduras.
Solicitan a los diputados a colocar los intereses del país por encima de los personales.
Piden a todos los diputados que no estén que actúen con responsabilidad al evaluar las hojas de vida y la trayectoria de los cinco sugeridos por la Junta Proponente, sometiéndolos a procedimientos internos de evaluación que amplíen el apropiamiento del perfil y pensamiento de quienes aspiran a convertirse en Fiscal General.
Además, dicen que existe un tiempo prudente para realizar con rigor y transparencia para buscar los consensos y acuerdos necesarios para obtener la mayoría calificada que permita el nombramiento de quienes dirigirán tan importante ente operador de justicia.
“En esta elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, ni se admiten prisas injustificadas, ni manipulación de los grupos de poder político, económico o criminal, ni mucho menos el intento de quebrantar las disposiciones que ya establece la Constitución de la República y la Ley del Ministerio Público, para elegir a tan importantes funcionarios del Estado”, concluye APJ en un comunicado.
