Durante el evento, en el cual participaron más de 120 diplomáticos, dirigentes de sociedad civil, autoridades estatales y periodistas, se desempeñaron como expositores Carlos Hernández, presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); Omar Rivera, director ejecutivo del Grupo Sociedad Civil (GSC); Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA; y Tani Adams, académica de The Wilson Center.
Para enfrentar el grave problema de la delincuencia y criminalidad en Honduras, se hace necesario “depurar y después fortalecer el sistema de seguridad y justicia en Honduras; para esto es indispensable el acompañamiento internacional y una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil”, dijo Carlos Hernández.
Asimismo, Omar Rivera, manifestó que “al margen de la emergencia humanitaria generada por la migración de niños no acompañados, se deben implementar estrategias de mediano y largo plazo que reviertan la grave situación de pobreza, desigualdad y exclusión social que afecta a los grupos en situación de vulnerabilidad”, entre los que destacan las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Durante esta semana, la APJ, ejecuta acciones de incidencia y abogacía ante congresistas, senadores y funcionarios gubernamentales en los Estados Unidos, en torno a tópicos vinculados a la reforma y depuración del sistema de seguridad, justicia y prevención de la violencia en Honduras; históricamente, los estadounidenses han sido uno de los principales cooperantes de Honduras, en los proceso de fortalecimiento de las entidades operadoras de justicia en el país.
Para este jueves 23 de julio de 2013, los representantes de la APJ, participarán en una reunión de trabajo con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en un panel en el que se harán presentes los cancilleres de Honduras, Guatemala y El Salvador.
La APJ, es una coalición de ONG, redes de organizaciones de sociedad civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al proceso de reforma de los entes operadores de seguridad y de justicia en Honduras.
