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Trump aún piensa qué hacer con el discurso sobre Estado de Unión por cierre



Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que todavía está pensando qué hacer respecto al discurso sobre el Estado de la Unión, previsto para el próximo 29 de enero, debido al cierre de la Administración.

El mandatario empleó su cuenta de Twitter para dirigir un mensaje a la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

"Nancy, todavía estoy pensando sobre el discurso del Estado de la Unión, hay tantas opciones -incluido hacerlo según su oferta escrita (realizarlo durante el Cierre, no es un problema de seguridad), y mi aceptación por escrito. Como un contrato es un contrato, le responderé pronto", dijo.

Hace cuatro días, Pelosi solicitó en una carta a Trump que aplace el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión hasta que finalice el cierre parcial de la Administración.

"Tristemente, dados los problemas de seguridad y a menos que se reabra el Gobierno esta semana, sugiero que trabajemos conjuntamente para determinar otra fecha adecuada después de que el Gobierno haya reabierto para este discurso o que considere presentarlo por escrito al Congreso el 29 de enero", indicó Pelosi en una misiva enviada al mandatario.

La presidenta de la Cámara Baja señaló que, como consecuencia de la clausura parcial de la Administración, el Servicio Secreto, encargado de coordinar, planear y aplicar las medidas de seguridad en esos actos, lleva 26 días sin recibir financiación.

Trump pronunció en enero de 2018 su primer discurso sobre el Estado de la Unión, una tradición en la que el presidente estadounidense evalúa cada año ante el Congreso la situación del país y expone sus prioridades de Gobierno.

Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración federal sufre una suspensión parcial debido a la exigencia de Trump de incluir fondos para la construcción de la barrera fronteriza en los presupuestos federales, una propuesta que ha chocado frontalmente con la nueva mayoría demócrata en la Cámara Baja.

La situación afecta a unos 800.000 empleados públicos, que han dejado de percibir su salario, y ha trastocado el funcionamiento de distintos espacios turísticos o las actividades de agencias gubernamentales a las que no se les han asignado nuevos recursos.


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