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Fiscalía ordena captura de implicados en retención a investigador de la Cicig



Guatemala - La fiscal general, María Consuelo Porras, ordenó hoy a sus fiscales que procedan a la captura en flagrancia de las personas implicadas en la retención del investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Yilen Osorio.

En la resolución, Porras pide a sus fiscales que con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) procedan a la detención en flagrancia de todas aquellas personas que persistan en el incumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) y otros tribunales.

 Osorio, de nacionalidad colombiana, intentó ingresar el sábado a Guatemala pero las autoridades migratorias se lo prohibieron y está retenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, de la capital.

 Al investigador y otros 10 miembros de la Cicig el Gobierno no les renovó la visa y les ordenó abandonar Guatemala en diciembre pasado, pero una resolución judicial dejó sin efecto esa medida.

 La fiscal general también instruyó a sus fiscales que soliciten las órdenes de captura en contra de quienes resulten responsables de la negativa de obedecer las resoluciones.

 Además, que se inicien los procesos de antejuicio (desafuero) en contra de los funcionarios que hubieran desobedecido las resoluciones con el fin de garantizar el Estado de Derecho.

 Porras exhortó al Ministerio de Gobernación (Interior) y a la Policía Nacional Civil, acatar las órdenes de los fiscales.

 La organización Acción Ciudadana (AC) presentó hoy una denuncia penal en contra de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, Enrique Degenhart y Sandra Jovel, respectivamente, por impedir el ingreso de Osorio al país.

 El Gobierno del presidente Jimmy Morales no se ha pronunciado sobre la orden de la fiscal general.

 El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, publicó en su cuenta oficial de Twitter que "no hay pretexto para no acatar las órdenes de fiscales".

 También expresa al director y agentes de la PNC, que "no están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito".


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