Tegucigalpa (Especial Proceso Digital ) – En el Poder Judicial de Honduras se realizan movimientos internos que, aunque podrían pasar desapercibidos, están generando críticas y levantando sospechas sobre la falta de transparencia y el aparente desvío de los procedimientos establecidos.
Traslados, suspensiones, audiencias de descargo, e incluso requerimientos fiscales han salido a la luz en los últimos meses, lo que ha desatado zozobra sobre la falta de respeto a la Ley de la Carrera Judicial y el impacto de las decisiones de carácter político.
A lo interno de la institución, funcionarios han expresado su inquietud ante los cambios que se han venido dando en la presente administración del nuevo pleno, que consideran arbitrarios y motivados por caprichos ajenos a la justicia.
Hace pocos días se conoció que la magistrada Julissa Aguilar fue removida de su posición en la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente y trasladada a un puesto administrativo.
El puesto de Aguilar fue asignado a Guillermo López Lone, justamente uno de los jueces que demandó al Estado de Honduras por su despido del Poder Judicial el 2009, tras la crisis política que registró el país dicho año. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de López Lone y exigió su reintegro. La decisión fue adoptada por la presidenta de la CSJ.
Aguilar fue integrante de la Junta Nominadora justamente para elegir a los 45 candidatos de cuya lista salieron los 15 magistrados de la actual CSJ. El reglamento establece que Aguilar no podía ser despedida o trasladada de su cargo durante los próximos dos años después de integrar dicha junta.
Denuncia
Por su lado, la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Ana Cardona, viajó recientemente a Washington para poner una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la presión y los movimientos que ocurren en el Poder Judicial y que afectan el accionar de los funcionarios.
Cardona previamente había denunciado que ha sido objeto de persecución en el Poder Judicial, al grado que movilizan personas que vigilan sus movimientos a ver si realiza las tareas de su cargo como directora de los Tribunales de Familia.
La falta de apego a los procedimientos de ley y las buenas prácticas establecidas en administraciones pasadas ha sido objeto de crítica, ya que compromete tanto la eficiencia como la eficacia en la impartición de justicia, poniendo en entredicho la institución.
Aplicación de protocolos
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, anotó que es normal que, con la llegada de un nuevo pleno, ciertos grupos intentan posicionar personas en puestos clave para manejar información de forma inmediata y controlada. “Esto no es nuevo; sucede en todas las administraciones, y esta no fue la excepción”, comentó Castañeda, a Proceso Digital.
Sin embargo, esos nombramientos en el Poder Judicial, incluyendo a jueces y coordinadores de juzgados clave, deben hacerse respetando el debido proceso, como lo establece la Ley de la Carrera Judicial.
En la presente administración hay casos concretos en los que se ha conocido que no se han respetado los procesos, anotó Castañeda, y cito el caso del exjuez Marco Antonio Vallecillo, enjuiciado por corrupción.
Él exjuez Vallecillo fue nombrado en el circuito anticorrupción y antiextorsión, directamente por la presidenta de la Corte Suprema, sin revisión exhaustiva de antecedentes o experiencia. Según el director de la ASJ, este juez no cumplió con los años requeridos ni con la experiencia necesaria, y al poco tiempo de su nombramiento, fue implicado en un caso de extorsión que involucró a otras figuras de alto nivel, dejando al Poder Judicial en una posición comprometedora.
“Es inaceptable que no se apliquen protocolos rigurosos en la selección de funcionarios clave. La prevención es posible si se implementan procesos de selección exhaustiva”, señaló Castañeda, cuestionando la transparencia en los nombramientos y señalando cómo esto ha generado anomalías graves en el sistema.
Además, Castañeda indicó que la Inspectoría del Poder Judicial carece de independencia y de recursos suficientes para investigar y sancionar irregularidades en el comportamiento de jueces y otro personal. “La percepción de efectividad de la Inspectoría es muy débil, y muchas denuncias no son gestionadas adecuadamente debido a la falta de herramientas y autonomía”, agregó.
Asimismo, el director de ASJ destacó que se ha dejado de aplicar un modelo de gestión judicial que permitía supervisar de forma constante el desempeño de los jueces, lo cual evitaba la acumulación de casos y la selección arbitraria de expedientes. «Ese modelo garantizaba transparencia y eficiencia en el trabajo judicial, pero, lamentablemente, esta administración lo ha desechado”.
Castañeda concluyó que la falta de un control adecuado sobre los nombramientos estratégicos y la supervisión de jueces es un obstáculo grave para la justicia en Honduras, generando dudas sobre la independencia y solidez del sistema judicial.
No hay despidos
Aunque se han dado ciertos rumores de algunos despidos o traslados fuera de ley en el Poder Judicial, el director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, negó que haya habido despidos de funcionarios judiciales. “No ha habido despidos, no tengo información de que haya habido movimientos bruscos o intercambios”, declaró a Proceso Digital.
En la misma línea se pronunciaron los magistrados Anny Ochoa y Mario Díaz, quienes aseguraron que no se han dado despidos a lo interno del Poder Judicial.
En el caso del magistrado Díaz calificó que esa información es una “imprecisión”. De su lado, la magistrada Ochoa, refirió desconocer de despidos al interno de este Poder del Estado.
Concentración de poder
En una reciente audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) expresó su preocupación sobre la situación en el Poder Judicial de Honduras, destacando la creciente concentración de poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según CESPAD, esta concentración centraliza la administración judicial, limitando la autonomía de los jueces y condicionando su independencia, lo que crea un entorno favorable para la corrupción y la concentración de poder.
La organización enfatizó que la injerencia política partidaria sigue afectando el funcionamiento del Poder Judicial y que esta es una de las principales causas de desconfianza entre la ciudadanía.
De acuerdo con sus observaciones, siete de cada diez hondureños no confían en el sistema judicial, mientras la percepción de corrupción prevalece en la opinión pública. “La gente cree que el Poder Judicial protege los intereses de los poderosos, alejándose de su rol de impartir justicia imparcial”, según algunos sondeos.
El CESPAD subrayó la urgencia de implementar reformas para reducir la influencia política en el sistema judicial y promover una administración de justicia que inspire confianza y sea accesible.
Por su parte Joaquín Mejía, abogado y experto en derechos humanos, recordó que el Poder Judicial hondureño tiene una “deuda histórica” en cuanto a la administración de justicia de manera independiente, competente e imparcial.
Citó que, según el más reciente informe de la CIDH sobre Honduras, los niveles de impunidad en el país rondan entre el 83% y el 85%. Mejía resaltó que esta situación tiene un impacto directo en la vida de la ciudadanía, ya que las decisiones judiciales afectan derechos fundamentales, como la propiedad, la custodia de los hijos en caso de separación, las herencias, la vida y la libertad.
“La independencia judicial debería ser una preocupación para toda la sociedad, pues los jueces tienen el poder de decidir sobre aspectos esenciales de nuestras vidas”, afirmó Mejía.
Transparencia en procesos
La preocupación por la transparencia en los procesos sobre cualquier cambio dentro del Poder Judicial es fundamental coinciden los analistas ya que es especialmente importante para mantener la confianza ciudadana en el sistema judicial y asegurar que las decisiones internas no respondan a intereses políticos sino a la misión de impartir justicia de manera justa y equitativa. LB
