Tegucigalpa – La directora general del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Rosa Irene Gudiel Ardón, dijo este martes que al menos 5 mil privados de libertad a nivel nacional acusados por delitos cuya pena es igual o menor a cinco años podrían recuperar su libertad antes de finalizar este año.
– Los privados de libertad retornarán a sus hogares sabiendo diferentes oficios en los cuales podrán trabajar para llevar el sustento a sus familias.
La abogada Gudiel reveló que se reunió con los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para analizar los expedientes de al menos 5,000 internos, comenzando por 500 que se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Támara, el cual será el centro piloto de este proyecto iniciativa del INP y del presidente Juan Orlando Hernández.
La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal está integrado por el Poder Judicial a través de la Defensa Publica, Juzgados de Ejecución, Unidad de Antecedentes Penales, Ministerio Público, Procuraduría General de la Republica (GPR) e INP, entre otros.
Gudiel reveló que en conjunto con el Poder Ejecutivo se “ha venido trabajando en un plan de trabajo para excarcelar a todos los privados de libertad que tienen derecho a los beneficios que les confiere la ley tanto a las personas que están condenadas como a las que se encuentran en condición de procesados y que sus delitos no exceden una pena de cinco años”.
Sostuvo que este proyecto permitirá descongestionar el sistema penitenciario, “ahorita tenemos como guía o centro piloto la Penitenciaria Nacional de Támara que es el centro con mayor población penitenciaria, iniciando con 500 privados que ya se encuentran condenados por delitos no graves y cuya pena no excede los cinco años”.
También se beneficiaría a unos 4 mil privados que están en calidad de procesados y el día de hoy sostuvimos una reunión con la Fiscalía de Delitos Comunes, Defensa Publica, Juzgados de Ejecución y otros operadores de justicia para revisar estas causas y que a estas personas se les agilice su proceso jurisdiccional y puedan tener el beneficio que le confiera la ley, agregó.
La directora del INP afirmó que los internos beneficiados con esta medida, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: no estar acusados por delitos graves, deben ser causas penalizadas con cinco o menos años de reclusión, no deben tener otros procesos judiciales, no deben tener antecedentes penales y policiales (por casos anteriores).
Asimismo, haber mostrado buen comportamiento en el centro penitenciario, participar en los programas y proyectos de reeducación, rehabilitación y reinserción social (para evitar la reincidencia del delito), contar con el estudio psicológico y socio-económico, entre otros.
La abogada reveló, también se ha trabajado en el anteproyecto de reforma de la Ley Especial de Personas Privadas de Libertad con Enfermedades en Fase Terminal o Degenerativas del Sistema Nervioso el cual ya fue enviado al Congreso Nacional y se espera que pueda ser aprobado y que muchas personas que adolecen enfermedades puedan cumplir sus condenas bajo la vigilancia de los Juzgados de Ejecución, el INP o el juez que conoce la causa en el caso que se encuentre en calidad de procesado.
Con el descongestionamiento de los centros penitenciarios se logrará una mayor efectividad en los procesos de reeducación, rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad, asimismo, mayor control de los privados de alta peligrosidad y agresividad concentrados en los centros penitenciarios de máxima seguridad y el módulo de alta seguridad.
