Tegucigalpa – Al menos 17 empleados de distintas cuadrillas del Programa de Recuperación de Pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), habrían sido despedidos en las últimas horas en la zona sur del país, tras ser descubiertos participando en el hurto de energía eléctrica, según confirmó el representante del programa en esa región.
“Hay una sanción en proceso. Se ha comprobado que estas cuadrillas no estaban trabajando con transparencia. Es un acto grave que no sólo involucra a los ciudadanos que se reconectan de forma ilegal, sino también a los propios empleados que permitieron esas conexiones a cambio de dinero”, declaró el funcionario.
Se estima que al menos 17 personas fueron separadas de sus cargos por su vinculación directa con actos de corrupción dentro del programa.
Complicidad con usuarios y reincidencia delictiva
Una de las preocupaciones principales que surge con estos casos es la situación legal de los ciudadanos que fueron intervenidos por cuadrillas oficiales y que, tras una desconexión, volvieron a conectarse de forma ilegal. Según la ley vigente, reconectarse de forma no autorizada tras una sanción puede conllevar hasta 24 meses de prisión.
El escándalo ha reavivado las críticas al programa de recuperación de energía, que ha sido señalado en reiteradas ocasiones por su ineficacia.
El programa ha sido un fracaso
En este contexto, el especialista en energía y miembro de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kevin Rodríguez, aseguró que esta situación confirma lo que ya se había advertido. “Este programa ha sido un fracaso rotundo, no solo por no cumplir sus metas, sino por el descomunal gasto de recursos durante tres años. Se prometió reducir pérdidas y controlar el drenaje de más de 40 millones de lempiras diarios, pero en lugar de mejorar, las pérdidas pasaron del 33 % al 36 %”, indicó.
Por su parte, el experto en temas energéticos, Samuel Rodríguez, calificó de crítica la situación y urgió al Gobierno a establecer un sistema de control transparente en el manejo del personal.
“Es urgente romper con la cultura del hurto de energía. Hay ciudadanos que buscan sobornar a los empleados para manipular medidores y pagar menos. Pero cuando quienes deben evitar el delito son cómplices, el problema se vuelve estructural. Se necesita personal idóneo, ético y supervisado”, señaló. LB
