Guatemala– Un grupo de organizaciones denunció este martes que el Estado de Guatemala tiene el interés de provocar el «aislamiento internacional» para continuar su política de «venganza, represión y fomento de la corrupción y la impunidad».
En un pronunciamiento, titulado «¿Es Guatemala un Estado democrático?» y firmado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos y la Convergencia por los Derechos Humanos, las entidades criticaron la ausencia del Estado en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, no envió el lunes a ningún representante a dar explicaciones ante la CIDH al considerar que el organismo se entromete en «asuntos internos» y comete «injerencia» después de ser invitados a una audiencia titulada «obstáculos, retrocesos y retos para el avance de los derechos humanos en Guatemala».
En esa vista, celebrada en Washington, quedaron vacías las sillas negras que habían sido reservadas para el Estado, quien no cree que la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el pasado 3 de septiembre tras 12 años de trabajo deba ser objeto de discusión por ninguna instancia ni internacional.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, leyó una carta que le envío el 17 de septiembre el presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), Jorge Luis Borrayo Reyes, que depende del Ejecutivo.»Ellos no reconocen muy específicamente que el tema de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pueda ser objetivo de discusión por ninguna instancia interna ni internacional porque se trataría de injerencia en sus temas internos. Y por esa razón, entre otros comentarios justificaron su ausencia», explicó Abrao.La Cicig, un ente auspiciado por la ONU, colaboró durante 12 años con el Ministerio Público guatemalteco para desarticular las estructuras clandestinas incrustadas en el Estado, pero acabó su labor el día 3 de este mes porque Morales decidió no renovar su mandato alegando que había atentado contra la soberanía del país.
Ante ello, las tres organizaciones recordaron que el país es signatario de la Carta Americana de Derechos Humanos aunque hoy desconozca «su accionar» y rechazaron los «espurios y anacrónicos argumentos» esgrimidos por el Gobierno para justificar su ausencia.
«La incomparecencia del Estado en la audiencia temática representa la materialización de la política de regresión autoritaria del gobierno de Jimmy Morales, así como la representación dictatorial que ha mostrado desde el 2016. Este hecho sólo tiene parangón a las actitudes de los gobiernos militares en el marco del Conflicto Armado Interno, en la década de los ochenta», aseguraron.
Además, denunciaron que el Gobierno ha impulsado «una serie de acciones que violan todos los principios democráticos e incluso ha violado el Estado de Derecho con el único objetivo de mantener y ampliar la impunidad y garantizar los espurios intereses de grupos de poder fáctico en el país».
