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En audiencia inicial 19 señalados por abuso de autoridad en la UNA



En audiencia inicial 19 señalados por abuso de autoridad en la UNA
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – En audiencia inicial comparecen la mañana de este martes los 19 imputados por abuso de autoridad en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Catacamas, Olancho, incluido el exrector y exministro de Educación, Marlon Escoto.

La audiencia fue programada para este día a las 9:30 de la mañana ante un juez de los tribunales en material de corrupción.

El viernes, luego de celebrar la audiencia de declaración de imputados el juez determinó dictar medidas distintas a la prisión a las 19 personas acusadas por abuso de autoridad.

Las medidas sustitutivas están contenidas en el artículo 173 (numerales 6, 7 y 9) del Código Procesal Penal que señalan: firman cada 15 días el libro de control en el circuito de Catacamas para 18 personas y una en Tegucigalpa; prohibición de salir del país; y no comunicarse con los testigos que han sido propuestos por el Ministerio Público.

La Fiscalía no pidió la suspensión del cargo de los imputados, por lo que continuarán ejerciéndolo mientras dure el proceso.

Relación de hechos

Los imputados en el requerimiento fiscal son: Marlon Escoto Valerio, Óscar Ovidio Redondo, Francisco Javier Medina, José Antonio Ramírez, José Andrés Paz, Kenny Nájera, Emilio Javier Fuentes, Raúl Muñoz, Miriam Alvarado, Juan Alberto Chavarría, Romeo Guevara, Hilsy Sanabria, Carlos Ulloa, José Bayardo Alemán, Diana Mireya Suazo, entre otros.

Los exdirectivos de la UNA fueron miembros del consejo directivo de la universidad en dos períodos, 2010-2013 y 2013-2016.

Esta es la primera línea de investigación por corrupción en la UNA que interpone la Fiscalía en la que se determinó que los señalados se acreditaron una cifra de 164 millones 266 mil 334 lempiras con 19 centavos.

Las investigaciones evidencian una presunta manipulación de informes técnicos mediante la contratación de una consultoría externa que dio paso a los ilícitos, obviando dictámenes legales y disposiciones generales del presupuesto al fingir una demanda contra el Estado bajo la modalidad de reclamo administrativo con la que ellos mismos se sometieron a un auto de conciliación.

En ese sentido, los mismos demandantes al ser parte del consejo directivo de la UNA resolvieron pagarse remuneraciones y sueldos caídos desde 2009 hasta el 31 de mayo de 2011.


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