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CIDH condena asesinatos y actos de violencia contra defensores de derechos humanos en Honduras



CIDH condena asesinatos y actos de violencia contra defensores de derechos humanos en Honduras
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), manifestaron y condenaron por la continuidad y agravamiento de patrones de violencia y criminalización que sufren los defensores en América.

- Colombia sigue siendo el país que registra más asesinatos de defensores de derechos humanos en Latinoamérica.

El estudio se refiere a los hechos ocurridos durante los meses de mayo a septiembre del presente año.

Ambas agencias alertaron sobre los altos números de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en la región, ataques, amenazas, hostigamientos, actos de intimidación, campañas de estigmatización y desprestigio, así como procesos de criminalización.

“Resulta especialmente preocupante que algunos de los ataques registrados en este período, se llevaron a cabo en contra de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, así como de medidas de protección adoptadas por mecanismos nacionales”, dijo la CIDH.

En el caso de Honduras, la CIDH y OACNUDH expresaron su preocupación de violencia y asesinatos de defensores en contexto de manifestaciones y paros provocados por los sectores de salud y educación.

“Según la información recabada, fuerzas de seguridad del Estado habrían empleado un nivel excesivo en el uso de la fuerza al momento de disuadir las protestas. Cuatro personas fallecieron por heridas de arma de fuego, incluido un menor de edad”, aseveró.

Los organismos condenaron los asesinatos de al menos 10 personas defensoras de derechos humanos que ejercieron su labor fuera del contexto de protestas, citando el caso del ambientalista Roberto Antonio Argueta Tejada el 28 de agosto de 2019.

El defensor sufrió, junto con 32 personas más, actos de criminalización por defender los ríos de San Pedro y Guapinol.

También condenaron el asesinato de Bessy Ferrera, mujer transexual y defensora de los derechos de las personas LGBTI y de personas viviendo con VIH el 8 de julio.

Los días 26 y 29 de septiembre, respectivamente ,fueron hallados muertos los defensores indígenas Tolupán, Milgen Adán Soto Ávila que formaba parte del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y Adolfo Redondo quien se desempeñaba como coordinador del comité de apoyo local al Consejo Indígena Tribal de el Portillo, ambos en el departamento de Yoro.

Lamentaron los asesinatos de las personas defensoras de la etnia Tolupán e instan a la toma urgente de medidas para luchar contra la impunidad.

En el contexto de las manifestaciones convocadas en el marco del paro de los sectores de salud y educación, ambos organismos recibieron información que indica que manifestantes e integrantes de la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación Pública sufrieron campañas de intimidación y hostigamiento laboral, con motivo de su organización y participación en dichas manifestaciones.

Revelaron que recibieron información del despido del presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH), Marco Garay Caballero, en agosto por un alegado conflicto de intereses al pertenecer a la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación Pública.

Asimismo, el 14 de junio, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de los miembros de la Organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), alegando que los líderes jóvenes se encontraban en una situación de riesgo tras supuestos actos de violencia, intimidaciones y hostigamientos en su contra, presuntamente relacionados con su labor como defensores de derechos humanos.

Por otro lado, ambos organismos expresan su preocupación por los constantes actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra de personas defensoras de personas migrantes y refugiadas en México.

Por otra parte, reiteraron su preocupación por los actos de criminalización que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en la región, mediante los cuales se les somete a procesos penales sin fundamento con el objetivo de obstaculizar sus labores y desacreditar sus causas.

Según información recibida, personas defensoras de migrantes han sido indebidamente investigadas por supuestos delitos, incluyendo el de tráfico de personas.


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