Tegucigalpa – En la Sala I con Jurisdicción Nacional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se llevó a cabo la audiencia de interposición de excepción a favor del Carlos Roberto Fuentes Guerra con el objetivo de ser beneficiado con la reforma a la Ley de Presupuesto.
– La controvertida reforma ha sido duramente cuestionada por todos los sectores de la sociedad y al unísono se ha pedido su derogatoria, pero no ha tenido eco en la Cámara.
Igualmente, las defensas de Mario Zelaya, José Ramón Bertetty y Juan Carlos Maradiaga se adhirieron a la petición de Carlos Roberto Fuentes Guerra, todos vinculados en los casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La reforma a la Ley de Presupuesto fue aprobada el 18 de enero en la última sesión de la cuarta legislatura período 2014-2018 del Congreso Nacional.
El apoderado legal de Fuentes Guerra, Óscar Eduardo Lagos, explicó que el Código Procesal Penal en el artículo 46 establece la figura de la audiencia de interposición de excepciones, en ese sentido, se interpuso en primer lugar por falta de competencia del tribunal porque el ya no puede conocer de estos hechos y por la falta de acción penal del Ministerio Público porque la Ley de Presupuesto en su reforma establece que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es la que debe de auditar los fondos públicos que hayan sido administrados por un funcionario público y que sin un pronunciamiento de ellos no se puede interponer una acción penal por parte de la Fiscalía.
Señaló que de acuerdo a la interpretación literaria de la reforma la misma dice que es a todos los funcionarios públicos, “entonces no solamente es para diputados”, argumentó.
Fuentes Guerra es acusado por el Ministerio Público del delito de testaferrato.
“Mi cliente no es funcionario público, y es acusado de testaferrato y este delito es usar fondos públicos para la compra de algunos bienes, definitivamente los funcionarios públicos que utilizaron esos bienes fueron Mario Zelaya, Ramón Bertetty y Juan Carlos Maradiaga y por ende de ahí se deriva la acusación del Ministerio Público”, argumentó.
Indicó que el tribunal debe de dar una respuesta en tres días hábiles a partir de mañana.
Señaló que el Ministerio Público la objetó, sin embargo fue débil en su reacción.
Por su parte, el apoderado legal de Ramón Bertetty, René Altamirano, dijo que se adhirió a la audiencia porque el decreto establece una condición para que proceda una acción penal y la condición es que el TSC establezca un informe y casualmente estamos en el derecho de acción en este momento, por lo que el Ministerio Público no puede actuar hasta que el TSC emita su informe.
“Hay una reforma a la ley que da un beneficio a mi defendido pues tenemos la acción de revisión para restablecer ese derecho”, apuntó.
