Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – Cuando se habla de violencia, salta en el imaginario los homicidios, los crímenes contra mujeres, la violencia intrafamiliar, pero pocos hablan de la impunidad relacionada con el abuso infantil, donde según una reciente investigación, seis menores en las edades de 13 a 17 años son objeto de abuso sexual cada hora en este país centroamericano.
Definido como el contacto e interacciones entre un niño, niña o adolescente con un adulto, usado por este último para estimularse sexualmente a sí mismo, al niño, niña, u otra persona, el abuso sexual infantil es uno de los problemas que más permanecen en la opacidad cuando de delitos sexuales o de violencia se trata.
Los informes al respecto son tan escasos y las respuestas tan tardías que el índice de impunidad en este tipo de abusos se acrecienta, señala una investigación efectuada al respecto por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al indicar que de los años 2016 al 2018, el departamento de Medicina Forense del Ministerio Público evaluó un total de 9,152 casos. Y de las evaluaciones físicas forenses por ellos realizadas, más del 78 por ciento fueron por delitos de abusos sexuales.
Los principales abusadores de los menores fueron parientes y amigos, el lugar donde se produjo la agresión fue mayormente en la casa de habitación y el rango de las víctimas oscilaba entre los 13 y 16 años, quienes fueron objeto, además, de múltiples agresiones.
Estos abusos han tenido un impacto directo en el embarazo de adolescentes, al reportarse de los años 2016 al 2020 un total de 4,345 embarazos en adolescentes, en las edades de 8 a 11 años; 12 a 14 años, 15 a 17 años. En el rango de 8 a 14 años, la mayoría de esos embarazos existe la presunción que fue por abusos sexuales.
Las denuncias y abusos diarios
Diariamente, según la investigación en mención, se reportan un promedio de 4.6 denuncias de abuso sexual a menores, pero cada seis horas un menor de edad (niña o niño) es abusado sexualmente en el país. Los cinco delitos de mayor registro que se cometen y denuncian son violación especial, actos de lujuria, violación, estupro y rapto. En el período de 2016 al 2020 se registraron un total de 7,879 denuncias sobre estos cinco delitos.
Al desgranar los abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes por departamentos del país, se dividieron en cuatro categorías de acuerdo con el orden de las denuncias interpuestas. Así, en primera categoría destacan los departamentos de Francisco Morazán (2038) denuncias, Cortés (1151), Atlántida (836); Comayagua (807) y El Paraíso (787). En esta categoría caen los que han registrado más de 600 denuncias.
En la segunda categoría están Choluteca (573) y Olancho (467). Aquí se colocan a los que registran entre 400 a 599 denuncias. En la categoría número tres destacan los departamentos de Yoro (371), Lempira (327), Copán (290); Colón (289) e Islas de la Bahía (235). En esta categoría caen los que han registrado de 200 a 399 denuncias.
En la cuarta categoría, con registros de 0 a 199 denuncias, se encuentran los departamentos de Santa Bárbara (191), Intibucá (161), La Paz (136), Valle (135), Ocotepeque (65) y Gracias a Dios (29).
Ningún departamento del país registra cero denuncias de abuso a menores, las cifras evidencian que este fenómeno puede convertirse en una epidemia silenciosa que amerita de respuestas efectivas a nivel de políticas públicas y de concienciación social.
Una de esas políticas públicas debe orientarse a reducir la impunidad de los casos, pues de cada 10 casos denunciados, 8 quedan en impunidad, de acuerdo con los hallazgos efectuados por la Asociación para una Sociedad más Justa. El nivel de impunidad de los casos es del 83.74%.
Los 10 departamentos más impunes
De acuerdo con el Índice de resolución de casos, en promedio, 5 de 10 casos judicializados fue resuelto con una sentencia condenatoria; mientras en el Índice de judicialización, 2 de 10 casos denunciados fue judicializado, y en el Índice de efectividad, 1 de 10 casos denunciados fue resuelto con sentencia condenatoria.
En cuanto a Índice de Impunidad Departamental anual de los años 2016 al 2020, el departamento de El Paraíso es el que presenta el mayor índice de impunidad, pues de 787 denuncias, 238 fueron judicializadas, 14 tuvieron sentencia condenatoria, para un índice de impunidad departamental del 98.22 por ciento.
Le siguen en impunidad el departamento de Gracias a Dios con 29 denuncias, 10 casos judicializados y 1 condenatorio para un índice de 96.55 por ciento.
Yoro es el tercer departamento más impune con este tipo de casos, de 371 denuncias presentadas, 101 fueron judicializadas, 17 con sentencias condenatorias y un índice de impunidad de 95.42 por ciento.
El cuarto departamento con mayor índice de impunidad es Islas de la Bahía con 235 denuncias, 37 judicializadas y 18 condenas, para un índice de impunidad de 92.34 por ciento. Comayagua es el siguiente departamento en donde de 807 denuncias, 113 fueron judicializadas, 69 con condenas, y un índice de impunidad de 91.45 por ciento.
Colón es otro de los departamentos con alto índice, pues de 289 denuncias, 71 fueron judicializadas, 27 con sentencia y un índice de impunidad de 90.66 por ciento.
Choluteca, de 573 denuncias, 161 fueron procesadas judicialmente, 62 condenas y un índice de impunidad de 89.18 por ciento. Olancho registra 467 denuncias, 130 judicializadas, 60 con sentencias y un índice de impunidad de 87.15 por ciento.
Atlántida registra 836 casos, 201 fueron judicializados y 123 con condenas para un índice de impunidad de 85.29 por ciento y Francisco Morazán con 2,038 denuncias, 528 procesadas y 310 condenas para un índice de impunidad de 84.79 por ciento. Son los 10 departamentos del país con los niveles más altos de impunidad en el caso de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes.
Principales vulnerabilidades
En cuanto a la investigación criminal y el índice de eficacia policial, en promedio 4 de cada 10 denuncias fueron investigadas, en tanto, 6 de 10 denuncias investigadas fueron soporte para un requerimiento fiscal.
Los resultados ante la respuesta judicial de los años 2016 al 2020 refleja lo siguiente: Denuncias (8,945), Investigaciones (4014), Judicializaciones (2499) y Condenas (1,454).
Estos datos y hechos presentan grandes desafíos a la autoridad, entre ellos la ausencia de políticas de prevención que prevalezcan sobre las diligencias del proceso penal, una limitada capacidad del DINAF para actuar, una débil coordinación institucional y una ausencia del abordaje familiar sobre el problema.
Para la ASJ estos desafíos deben ser tomados en consideración con prioridad, pues en su trabajo de investigación encontró entre las 10 vulnerabilidades a que se exponen los niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual: ser niña, ser del grupo etario de 12 a 15 años, multiplicidad de eventos (los abusos se cometen más de una vez), el agresor es un pariente, el agresor casi siempre es el proveedor económico del hogar, el sistema de protección y justicia no cuenta con estrategias especiales de abordaje frente a este tipo de hechos y en 8 de cada 10 casos no se concluye con una sentencia condenatoria. (PD)
