Tegucigalpa.- Las dudas rondan la nueva elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo votarán los diputados?, ¿Seguirán a pies juntillas las ordenes de los jefes de los partidos políticos?, ¿Pensarán en Honduras?, cuál es el camino que tomarán los que tienen causas pendientes en los tribunales o que son vinculados con redes al margen de la ley?
No se puede advertir con certeza que el martes haya elección y que si hay, la misma sea exitosa, dijo a Proceso Digital, uno de los líderes políticos del partido Liberal y quien considera fundamental que el país cuente con la nómina completa de magistrados.
Las preguntas rondan en el ambiente hondureño. Más allá de los pasillos políticos, la ciudadanía, no deja de seguir el proceso de elección de los altos jueces. Organizaciones de sociedad civil como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), las Iglesias y la academia, exigen a los diputados cumplir con su deber constitucional.
En ese sentido, hoy el pleno del Congreso Nacional se reunirá por cuarta vez para intentar elegir a siete magistrados que deberán completar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ). Todos los ensayos anteriores han fracasado . El Parlamento no ha logrado la mayoría calificada de 86 voluntades que en un frente común tengan el poder de elegir a los máximos jueces.
Los juegos del poder
En el proceso, los juegos políticos han estado visible y hasta desvergonzadamente presentes. Sin pudor alguno, líderes políticos han manifestado, sus intereses de controlar o tener una cuota de poder en la Corte.
Mauricio Villeda fue claro al decirlo en medios de comunicación, en los que además mencionó que, los liberales también debían ostentar la presidencia del máximo órgano de justicia.
Manuel Zelaya, líder del benjamín partido Libertad y Refundación (Libre), le ha apostado a la no elección de la nueva Corte. Analistas consideran paradójico que él afirme la continuidad de la actual Corte, que es la misma que avaló su salida del poder a medidos de 2009.
El diputado Manuel Zelaya, jefe de la bancada de Libre, ha instruido a los diputados de su partido, a no votar por
ninguno de los 45 candidatos a magistrados que conforman la nómina. Pero Libre se ha desmoronado en el Congreso y ya son 7 los diputados que se han retirado de ese instituto político, aunado a ellos, también sus suplentes. Otros parecieran están a las puertas de seguir la misma ruta y toman sus propias decisiones, particularmente en el caso de la elección de los magistrados.
Otros pensadores, son del criterio que Zelaya le apuesta a hacerse del poder en las urnas en las próximas elecciones generales y en ese momento, elegir una Corte Suprema, más “a su medida”.
Los nacionalistas parecen coherentes en su propósito. Se manejan impulsando una nómina junto a los liberales. A ellos se les han unido miembros de una bancada independiente y de partidos con pequeñas representaciones. Igualmente han logrado cautivar voluntades de Libre y del Partido Anticorrupción (PAC), según ha reconocido Salvador Nasralla, coordinador partidario.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva ha reafirmado que ese poder del Estado no se va a cansar, ni debilitar en su propósito de elegir una nueva Corte Suprema.
Nasralla, ha llamado a los diputados a mantenerse dentro de la línea del PAC al momento de votar. Ese partido, con 13 diputados en el Congreso, propone que de siete magistrados que restan elegir, seis sean seleccionados por el PAC y uno por los nacionalistas.
El PAC también condiciona la elección de los siete magistrados a la selección del nuevo director de fiscales y además quiere negociar las representaciones en el Tribunal Supremo Electoral.
El diputado por el departamento de Olancho, Francisco Rivera, es del criterio que poderosos y oscuros intereses impiden elección de la Corte Suprema. Rivera dejó entrever que el crimen organizado podría estar tras los impedimentos para que se elija el máximo tribuna de la justicia hondureña.
Los votos ocultos
Aunque no se conoce con exactitud cómo han votado los diputados, porque la ley permite que el mismo sea secreto, los nombres de los que tendrían interés en obstaculizar el proceso de selección de magistrados es del dominio de políticos, diputados y actores sociales que ven en ellos intereses particulares para evitar la consolidación de un nuevo Poder Judicial.
Rondan en los pasillos legislativos los nombres de diputados afines a extraditables, parientes de acusados, señalados por presunta corrupción, abuso de autoridad, entre otros hechos. Ellos han permanecido discretos. Sus actuaciones no dejan de ser un misterio que envuelve a la mayoría de las bancadas.
¿Cree que logrará el Congreso Nacional en esta cuarta votación conformar la CSJ?
— Proceso Digital (@procesodigital) febrero 9, 2016
Bullen los escándalos judiciales
Pese a que en las últimas horas el presidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, quien ha reocupado la oficina que limpió para heredarla a quien resultara electo titular de la nueva Corte, ha dicho que “hay cosas que parecen malas pero que son legales”, al intentar explicar hechos concretos que dejan más dudas que respuestas a las actuaciones judiciales.
Para el caso, la decisión de un juez natural de suspender del cargo y dar arresto domiciliario al vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla, por encontrar indicios de culpabilidad en delitos en contra de la administración pública, ha matizado de un mayor nerviosismo la atmosfera judicial ya incierta ante la continuidad de una Corte que, al menos en apariencias, nadie quiere.
Teodoro Bonilla, ha sido señalado por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias para favorecer
presuntamente a un pariente suyo implicado en supuestos hechos de crimen organizado ligados al lavado de activos y al tráfico de armas. El concejal Bonilla permanece en su vivienda, bajo la figura de arresto domiciliario, no puede salir del país y tiene prohibido acercarse a dos funcionarias judiciales, una magistrada de apelaciones y una juez de jurisdicción nacional, por el caso que se le acusa y en el cual ellas también son señaladas de obstrucción a la justicia.
Casi al par, surgió la denuncia que señala como el abogado Francisco Quiroz, miembro del Consejo de la Judicatura quien se autonombró como magistrado de la Corte de Apelaciones en Santa Bárbara, incurriendo en abuso de autoridad, en un cargo que deberá asumir hasta dentro de tres año.
Francisco Quiroz, se presume, sustituirá a Teodoro Bonilla , mañana martes, en la vice presidencia del Consejo de la Judicatura, en una sesión convocada, entre otros, con ese propósito.
Otro caso que Rivera Avilés intentó explicar a periodistas, en una rueda de prensa convocada este lunes, es el de su motorista, a quien concedió un puesto en la carrera judicial. “Debe verse como un ejemplo de superación” ha dicho al detallar que el hombre obtuvo el título de abogado y a la vez reconocer que no tiene experiencia alguna en el ejercicio del derecho.
Otros casos ligados a nombramientos de última hora conforman el panorama judicial, en la víspera de la elección de la nueva Corte, en la que se centran altas expectativas.
En medio de este ambiente, los hondureños podrán contar con una nueva Corte a partir de este martes o seguir en medio de una estéril e insegura atmosfera que pone tono a la impunidad y a la ausencia de justicia.
