Tegucigalpa – La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (ASOJMAH), expresó preocupación por la publicación realizada en fecha 25 de septiembre del año 2024 en las páginas de redes sociales del Poder Judicial, la que aseguró que pone en riesgo la integridad personal de la jueza y magistrada Zoe Guifarro y su familia.
Mediante un comunicado, la ASOJMAH anuncia que solicitará medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los Jueces, Juezas y Magistrados de Honduras que se consideren afectados en sus derechos como ciudadanos.
En la publicación en referencia se informa lo referente a la investigación y la aplicación de sanción impuesta a la jueza seccional de Tocoa y a varios miembros de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba Atlántida, estas últimos en condición de magistradas de dicha corte.
«Nos vemos en la obligación de señalar que, respetamos las decisión procedente de las máximas autoridades del Poder Judicial, sin embargo, en esta ocasión no la compartimos, en el sentido de que se haya dispuesto sancionar a compañeros jueces y magistrados, que por razones propias de su cargo profirieron una resolución en el ejercicio de la función jurisdiccional, mismo que es susceptible de recurso», cita el comunicado.
La ASOJMAH exhorta, asimismo a las autoridades del Poder Judicial al respeto a las garantías de un debido proceso y defensa que se encuentra preceptuadas en el artículo 82 de la Constitución de la República, además de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Asociación enfatizó que «todo proceso disciplinario de jueces, juezas, magistrados y magistradas deberá realizarse mediante un procedimiento justo que asegure la imparcialidad y objetividad, interpretación y aplicación de la Ley que realicen los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo cual no podrá ser objeto de aprobación censura o corrección con motivo o consecuencia de actos de inspección o investigación.
«Debemos recordar que los jueces y magistrados, también somos ciudadanos de este país, y también gozamos de todas las garantías y derechos constitucionales que como seres humanos nos asisten, tanto a nivel nacional como internacional», refiere el comunicado.
Seguidamente señala que ha sido clara y manifiestamente expuesta la posición institucional, al considerar a una jueza y varias magistradas desde ya y públicamente como violadores de derechos fundamentales en perjuicio de las personas integrantes de grupos vulnerables», cita el pronunciamiento.
En la misiva dirigida a la comunidad nacional e internacional se anuncia que la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, con apoyo solicitado a la Federación Latinoamericana de Jueces y Magistrados, estará solicitando medidas cautelares ante la CIDH, a favor de los Jueces, Juezas y Magistrados de Honduras que se consideren afectados en sus derechos como ciudadanos y en la independencia judicial del ejercicio en la función judicial.
Además hace referencia a que la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) en un comunicado emitido en la Ciudad de Buenos Aires el día 26 de septiembre del año 2024 ha hecho mención que: «El ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vértice individual, es decir en relación a la persona del Juez especifico».
La misiva finaliza manifestando que en dicho comunicado que: «EXHORTAMOS a las garantías constitucionales para ejercer el debido derecho de defensa y el respeto de las vias recursivas que permitan un adecuado derecho a la defensa, para lograr la modificación o la eventual confirmación de la sanción. VC
