Tegucigalpa– Mediante un comunicado, el Poder Judicial anunció este jueves que se ha decidido suspender a funcionarios de esta entidad en Colón y Atlántida por faltas al debido proceso en casos referentes a comunidades campesinas del municipio de Tocoa.
Los funcionarios suspendidos son: Zoe Doralina Guifarro, Ibeth Albertina Benítez, Vianey Cruz Recarte y Dila Iracema Guillén.
El comunicado señala que en virtud de la denuncia presentada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Colón, en relación con la actuación de la Jueza Supernumerario el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, Zoe Doralina Guifarro Díaz y los miembros de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, Magistradas lbeth Albertina Benítez Erazo, Vianey Cruz Recatee y Dila Iracema Guillén, se procedió a investigar las irregularidades señaladas a través de la Supervisión General del Poder Judicial en relación a la negación de amparo solicitado para participar en un cabildo abierto donde se abordarían asuntos de impacto ambiental para los pobladores de comunidades afectadas en el municipio de Tocoa, Colón.
Tras un exhaustivo proceso de revisión, se determinó que la jueza y las magistradas involucradas incurrieron en graves faltas al debido proceso, al no garantizar el derecho a la defensa ya la tutela judicial efectiva.
Estos actos, que constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades campesinas supuestamente afectadas por el proyecto termoeléctrico de Inversiones ECOTEK S.A. de C.V., son inaceptables y contravienen las exigencias de la Constitución de la República y las normativas internacionales en materia de derechos humanos, así como de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales (LOAT).
En consecuencia, la Presidencia del Poder Judicial ha dispuesto una sanción de un mes de suspensión de sus labores para las funcionarias judiciales relacionadas en esta decisión que imposibilitó la práctica de una prueba solicitada. Esta acción es una respuesta contundente y firme que reafirma la postura de esta administración ante comportamientos que desdibujan la independencia y la integridad del sistema judicial. IR
