Tegucigalpa- El abogado penalista Félix Ávila analizó las recientes declaraciones del fiscal general de la República, Joel Zelaya, respecto a la Ley de Amnistía Política, destacando que el mensaje del fiscal es claro: la amnistía es una ley vigente y no se tomará ninguna acción en contra. de ella hasta que sea derogada.
Según Ávila, Zelaya dejó en claro que el Ministerio Público no presentará requerimientos fiscales que vulneren dicha ley, ya que sigue amparada por el Congreso Nacional.
El penalista subrayó que, aunque la ley de amnistía es válida, su aplicación queda a discreción de los tribunales de justicia. «El problema radica en la interpretación de los jueces, ya que en algunos casos la amnistía ha sido aplicada en Tegucigalpa, mientras que, en San Pedro Sula, en un caso similar, no fue otorgada», en referencia al caso del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri explicó. Esto ha generado incertidumbre y cuestionamientos sobre la coherencia en la aplicación de la ley en diferentes jurisdicciones.
En este sentido, Ávila mencionó que la Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra en materia de justicia, y la Sala Constitucional se enfrenta ahora a la tarea de decidir sobre amparos relacionados con la amnistía. No obstante, se reconoce que las decisiones en el pleno de la Corte pueden estar influenciadas por intereses políticos, un factor que podría determinar el desenlace.
Ávila remarcó que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), también ha presentado denuncias contra jueces que otorgaron amnistía, alegando que podrían haber incurrido en prevaricato por aplicar incorrectamente el decreto. Sin embargo, Ávila advirtió que no se puede afirmar que los jueces han prevaricado solo por ser denunciados, ya que un acto de prevaricato implica emitir una sentencia arbitraria e ilegal, lo cual debe ser comprobado.
Finalmente, Ávila señaló que el principal desafío es asegurar que la amnistía no se utilice como un instrumento para exonerar a algunos y castigar a otros, incluidos los jueces que la aplican. «Lo esencial es que la ley se aplique con justicia y no como un medio para perseguir o proteger a determinadas personas», concluyó.LB
