El pleno de la Eurocámara debatirá el martes en Estrasburgo (Francia) el texto de la directiva y las enmiendas presentadas por los grupos socialista y verde, de forma que la votación tendrá lugar el miércoles.
Sin embargo, la aprobación del texto en su redacción actual parece casi asegurada, ya que los grupos a favor (Popular, Liberal) superan en votos a los que se muestran en contra o reticentes (Socialista, Verde e Izquierda Unitaria), incluso sin contar a grupos más a la derecha del hemiciclo como Europa de las Naciones.
Fuentes del Grupo Popular, el más numeroso, confían en que la directiva se adoptará «sin problemas» ya que en conjunto «es un buen paquete» legal.
En el lado socialista se insiste en intentar que se admitan sus enmiendas, especialmente las destinadas a que el período máximo de retención de inmigrantes ilegales no sobrepase los tres meses -ampliables a otros tres para los casos excepcionales- y para que haya un tratamiento especial para los menores no acompañados.
Los socialistas, que consideran que «los sin papeles no son criminales», decidirán el sentido de su voto entre el lunes y el martes.
El grupo Verde, que junto al Socialista ha presentado un total de diez enmiendas, se mostró en cambio completamente opuesto al texto en su forma actual
Para los liberales, aunque la norma es mejorable, «ésta es la mejor solución de compromiso», señalaron fuentes del tercer grupo de la Eurocámara.
La directiva ya recibió el visto bueno de los ministros de Interior de la UE durante el Consejo del pasado día 5, y ésta es la primera ocasión en que el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión en una disposición comunitaria sobre inmigración.
Entre otras medidas, la directiva establece en su forma actual un período de retorno voluntario para los inmigrantes ilegales de entre 7 y 30 días.
También prevé que los irregulares puedan ser internados un máximo de seis meses antes de su expulsión, período que puede extenderse por otros doce en los casos en que el irregular no coopere en su identificación o haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
Además, se establece para los expulsados una prohibición de retorno a la UE de hasta cinco años.
En cuanto a los menores no acompañados, se acepta la posibilidad de que puedan ser devueltos a tutores que no sean familiares directos o a instituciones adecuadas de su país.
Otras enmiendas intentan aumentar el control judicial de las retenciones forzosas.
Si es aprobada por el Parlamento, la directiva tendrá que volver al Consejo de Ministros para su aprobación formal y entraría en vigor dos años después de su publicación oficial.
