Tegucigalpa – El delito de la extorsión en Honduras es como un monstruo de mil cabezas, se corta de un lado y se multiplica en otro. Sus víctimas sobreviven en medio de una constante zozobra.
– “La extorsión es como una enredadera que si no se corta de tajo seguirá extendiéndose”, reflexiona una víctima.
Las principales bandas operan de forma organizada, tienen sus libros contables, registran sistemas de pago, deudas, movimientos bancarios, entre otros datos propios de las ciencias exactas. Lo hace como verdaderos administradores de cualquier industria lucrativa.
Se ha propagado tanto esta forma de delinquir que en muchos casos personas se estrenan en el crimen bajo esta modalidad. Estudiantes universitarios, albañiles, ingenieros y hasta familias han creado sus redes para chantajear y extorsionar. Un ejemplo de ello ocurrió recientemente en la colonia San Miguel donde un padre de familia y su hijo, un estudiante de educación media, realizaban extorsiones. Su inexperiencia les llevó a ser aprehendidos rápidamente.
En las colonias del norte de Comayagüela operan con mayor acento. Allí el terror que generan hace que sus víctimas se repriman mayúsculamente de la denuncia.
En las principales ciudades los transportistas, constructoras, pequeñas, medianas y grandes empresas han sido víctimas de este flagelo.
Por igual, el catálogo de los extorsionadores abarca las pulperías, zapaterías, negocio de comidas, salas de belleza, vendedores ambulantes y hasta centros educativos. Tampoco faltan viviendas, desde modestas moradas hasta residencias de clase media e incluso se habla que las ciertas iglesias son víctimas de esta modalidad del crimen.
Proceso Digital se adentró en los lugares más calientes para conversar con pobladores y propietarios de negocios que sufren extorsiones.
Juana Montes, como llamaremos a una mujer de 48 años, quien junto a una de sus hijas vende baleadas y panqueques en una parada de buses ubicada en la colonia Montes del Sinaí en Comayagüela, lucha diariamente con el desafío de reunir la cuota que debe pagar a los extorsionadores.
La mujer es una de las afectadas con el impuesto de guerra que semanalmente tiene que pagar por vender sus baleadas en ese sector. Ella relata que paga la cuota. Diariamente guarda parte del producto de sus ventas para ajustar la asignación semanal que asciende a 250 lempiras.
Aliviada comenta que era más difícil enfrentar el pago cuando tenía que hacerlo a diario. Para su fortuna, comenta, llegó a un acuerdo con los extorsionadores para poder “tributarles” semanalmente.
Dice no saber el nombre de la pandilla a la que tributa. “Son unos muchachos que vienen por aquí” se limita a decir temerosa.
Para ella no entregar su cuota representa una amenaza para la vida de sus hijos. Relata que esa situación la enfrentó al inicio, pero en la medida en que ella es “cumplidora” no enfrenta riesgos.
Pero el drama de Juana no acaba con el pago del impuesto de guerra. Ella enfrenta la vida sin su marido ya que él, un conductor del transporte público, era obligado a recolectar extorsiones y entregarlas a un depositario de la pandilla. “Lo amenazaron dos veces mejor se fue de la ciudad”, afirmó la mujer.
“Eso nos dio mucho miedo porque si en un operativo lo hubiesen agarrado lo meten preso”, detalló.
En su sabiduría ligada más a la vida que a los libros, Juana dice que “la extorsión es como una enredadera que si no se corta de tajo seguirá extendiéndose”.
Los cabecillas, un laberinto para llegar a ellos
Una de las dificultades que tienen las autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) es que diariamente captura a sujetos vinculados con el flagelo, pero llegar a los cabecillas no es tarea fácil.
Uno de los agentes de la FNA, confió que los jefes de las bandas de extorsionadores están dentro de las cárceles u ocultos, ordenando a sus mandos, quienes se encargan de escoger a otros para que realicen el cobro y al final ese dinero pasa por varias manos hasta llegar a ellos.
Las extorsiones fueron uno de los tipos de crimen que motivó a las autoridades a cortar la señal de telefonía móvil desde las granjas penales, pero los esfuerzos no han resultado del todo efectivos.
La semana anterior altos mandos policiales denunciaron que desde las cárceles sigue habiendo comunicación telefónica, lo que representa que las empresas de telefonía no han cumplido lo que manda la ley en ese ámbito o que los teléfonos satelitales son un medio al que acuden los privados de libertad. Dentro de las cárceles el delito sigue fluyendo y dispersando su accionar extra muros.
“Es muy difícil para nosotros dar con los verdadero cabecillas, y si hacemos detenciones es por medio de un seguimiento hasta estar seguros que harán la acción ilícita, pero por lo general son mandaderos los que terminan presos”, arguyó.
Señaló que en el cobró de la extorsiones es común que los protagonistas sean niños y mujeres adolescentes ya que el Código de la Niñez les protege.
Denuncias
Una fuente de la Fuerza Nacional Antiextorsión relató en los últimos cuatro años han sido capturados y enjuiciados 904 criminales que se dedicaban al cobro del mal llamado impuesto de guerra.
El agente manifestó que en 2010 apenas se registraron 14 denuncias de cobros de extorsión, seis detenciones de sospechosos y tres judicializaciones.
Según el entrevistado el número de detenciones no coincide con el de arrestos y presentaciones de juicios porque en varios casos una misma persona es denunciada en varias oportunidades.
En 2011 el número de denuncias se incrementó a 138, por lo cual se procedió a la detención de 52 personas y en consecuencia se entablaron 18 requerimientos fiscales.
En 2012 las denuncias crecieron y se recibieron 708, se arrestaron 158 sospechosos y se presentaron 94 requerimientos fiscales contra los supuestos extorsionadores.
En 2013 las operaciones contra los extorsionadores se recrudecieron al contabilizase en ese período mil 946 denuncias de víctimas de ese cobro ilegal y en base a la información recibida se procedió al arresto de 452 personas de las cuales 242 recibieron un proceso judicial.
En lo que va de 2014 se han registrado 450 denuncias, se han capturado a 350 personas por este delito, de este total 238 son hombres y 112 mujeres.
“La mayoría de juicios están pendientes, los casos en los tribunales pueden durar hasta un año y hay algunos que solicitan la estricta conformidad, o sea que admiten el delito para que se les baje la pena”, explicó el investigador.
Agregó que los juzgados han beneficiado a 429 personas con sobreseimientos parciales.
La Fuerza Nacional Antiextorsión tiene su sede principal en Tegucigalpa y dos dependencias en La Ceiba y Comayagua, por ser las ciudades donde más ha atacado este crimen.
Algunas bandas de extorsionadores, al recibir la represión de las autoridades, han optado por movilizarse a zonas fuera de estas tres ciudades para seguir cometiendo extorsiones.
El Congreso Nacional aprobó la reforma del artículo 222 del Código Penal que aumenta la pena de 15 a 20 años para quien cometa el delito de extorsión.
