Tegucigalpa – Unas 73 personas defensoras de los derechos humanos murieron en circunstancias violentas e impunes en Honduras, entre el 2020 y el 2026, reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ente que recomendó, al Estado hondureño, garantizar el ejercicio de esa actividad con medidas encaminadas a proteger la integridad física y la vida de quienes realizan esa labor.
– Honduras es el peor país para defender derechos ambientales en la región, ya que quienes, con valentía, se dedican a esta actividad enfrentan una situación de “extremo riesgo” debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra buscando silenciar sus causas.
El Director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres declaró que, desde el año 2020 a la fecha, al menos, 73 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinados con un alto nivel de impunidad que supera el 95% de los casos, debido a que no se sancionó ni a los autores materiales ni a los intelectuales.
Se estima que doce, de los 18 departamentos del país fueron escenario de la muerte de defensores de los derechos humanos, de los cuales, el 60% se registró en Colón, Atlántida y Yoro.
Muchos defensores de los derechos humanos, en Honduras, también son objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión, difamación, secuestros e incluso su desaparición.
Entre las víctimas figuran defensores de la tierra, del territorio, del medio ambiente y de los pueblos originarios, entre otros.
Cáceres explicó que hay defensores del ambiente que tienen medidas cautelares tanto del Sistema Interamericano como de la Dirección General del Sistema de Protección o Mecanismo de Protección en Honduras.
Advirtió que, debido al escenario de violencia que impera en el país, contra los defensores de los derechos humanos, Honduras podría enfrentar sanciones internacionales que van desde sentencias condenatorias en el Sistema Interamericano hasta ser objeto de algunas limitaciones de financiamiento cuando haya países que no acepten productos que vengan de alguna infracción que afecte el derecho al medio ambiente.
Indicó que el riesgo que se corre, al mantener impunes, todos estos casos, es la repetición crónica de los hechos, con un patrón que inicia con agresiones y amenazas, luego la criminalización o estigmatización, la judicialización y, por último, que es el nivel más grave de violencia, la privación arbitraria de la vida.
Honduras fue escenario, en el 2020, de 11 asesinatos de defensores de los derechos humanos, 10 en el 2021, 15 en el 2022, 16 en el 2023, 8 en el 2024 y 11 en el 2025. En el 2026 ya se reportó una muerte y otros casos de criminalización.
Como parte de las acciones inmediatas, Cáceres es del criterio que se deben fortalecer los procesos de investigación a nivel de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Fiscalía de Derechos Humanos, pero también se debe dotar de recursos a instituciones como el Conadeh y la Secretaria de Derechos Humanos.
Otra de las acciones que Conadeh ha recomendado, de manera reiterativa, es que se implemente una política de seguridad ciudadana que no solamente proteja a la ciudadanía en común, sino a aquellos que se dedican a la defensoría del ambiente.
Desafortunadamente, Honduras es el peor país para defender derechos ambientales en la región, ya que quienes, con valentía, se dedican a esta actividad enfrentan una situación de “extremo riesgo” debido a las distintas formas de violencia que actores estatales y no estatales ejercen en su contra buscando silenciar sus causas.
El alto nivel de impunidad hace que el Estado hondureño tenga una “deuda histórica” al negarle a los familiares de las víctimas el derecho a conocer la verdad.
El 3 de marzo del 2016 fue asesinada, en horas de la madrugada, en su residencia localizada en la Residencial El Líbano, en la ciudad de la Esperanza, Departamento de Intibucá, la defensora de los derechos humanos, Bertha Cáceres.
La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos es alarmante, se estima que, desde el año 2014, más de un centenar de personas que se dedican a esa actividad humanitaria, perdieron la vida violentamente, sin que se conozcan, en la mayoría de los casos, a los responsables. JS
