En el barrio Buenos Aires, como en tantos otros de Tegucigalpa, la muerte ya no espera la noche. Madruga. Se sienta frente a la pulpería de María antes de que ella suba la cortina, la acompaña en el primer autobús que la lleva a surtir su mercadería y, algunas tardes, la sigue de vuelta a casa por la misma calle que debería llevarla a salvo. María paga la extorsión con una puntualidad que el Estado nunca ha conseguido para la justicia. Cuando por fin reunió valor para denunciar, el cobrador ya conocía su nombre, el número de su puesto y la cuadra donde dormía.
Lo que le ocurre a María no es el simple reemplazo de una autoridad por otra. Sobre su vida actúan varios poderes al mismo tiempo: la estructura que cobra la cuota, el funcionario que decide qué expediente avanza y un orden antiguo que todavía vigila y castiga a las mujeres. No compiten entre sí. Se reparten, en silencio, la facultad de decidir quién puede vivir tranquilo y quién queda expuesto.
Honduras ha reducido los homicidios durante la última década. Negarlo sería mezquino. En 2025, la Secretaría de Seguridad reportó una disminución del 21 por ciento frente a 2024, aunque organismos independientes como la Asociación para una Sociedad Más Justa han cuestionado la consistencia de esos registros. Una curva descendente también puede convertirse en coartada: un país no es seguro solo porque entierre menos muertos, mientras las mujeres cambian de ruta para llegar vivas y denunciar sigue siendo más peligroso que callar.
En 2023, Honduras registró 7.2 femicidios por cada 100,000 mujeres, la tasa más alta entre los países latinoamericanos que reportaron a la CEPAL. María conoce ese cálculo sin necesitar el dato: el año pasado enterró a una vecina de su barrio, y la fiscalía nunca llegó a formular una acusación. El femicidio no comienza con el último acto de violencia: comienza antes, cuando una amenaza deja de tomarse en serio y una denuncia termina archivada. La impunidad es el idioma en que el Estado conversa con el crimen: no es ausencia de justicia, es algo más perverso, una justicia selectiva, severa con unos, ciega solo cuando conviene.
La extorsión que paga María muestra hasta dónde ha llegado la derrota. Cuando una estructura criminal decide quién abre un negocio, cuánto paga y a qué hora debe cerrar el puesto, ya no estamos ante un delito aislado. Estamos ante una autoridad paralela. Entre 2022 y 2024, los hogares hondureños que pagaban ese impuesto de guerra pasaron de 266,000 a 304,000. El Estado cobra impuestos; el crimen también. La diferencia es que uno promete protección y el otro demuestra, cada día, que puede castigar.
María teme, sobre todo, por su hijo. La MS-13 y Barrio 18 no nacieron en Honduras: nacieron en Los Ángeles y llegaron deportadas, en los mismos aviones que hoy devuelven a miles de hondureños que huyen de ellas. A los catorce años, cualquier esquina de Buenos Aires puede ofrecerle a un muchacho una pertenencia que la escuela ya dejó de ofrecerle. El país que recibió pandilleros expulsados de Estados Unidos exporta ahora a sus propias víctimas: más de 262,000 hondureños viven fuera como refugiados o solicitantes de asilo. La migración es el balance de quienes comprendieron que el Estado había dejado de disputarles la calle.
El narcotráfico entendió algo todavía más grave: no necesitaba destruir al Estado. Le bastaba con alquilarlo. La condena en 2024 de un expresidente hondureño a 45 años de prisión en Nueva York, por participar en una red que envió más de 400 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, reveló algo más profundo que la corrupción de un gobernante: mostró la posibilidad de un narcoestado, allí donde la economía criminal deja de sobornar al poder y comienza a decidir desde él.
Un narcoestado no es solamente un país con traficantes. Es un Estado cuyas instituciones dejan de perseguir el delito para empezar a administrarlo desde adentro: rutas que se protegen en vez de perseguirse, adversarios políticos investigados con más celo que los propios socios. Esa es la herida mayor: el crimen dejó de rodear el poder, entró en sus despachos y aprendió a administrarlo.
Ningún país nace condenado. Se degradan las instituciones y se pactan los silencios. Medellín pasó de 381 homicidios por cada 100,000 habitantes en 1991 a cerca de 11 en 2024. No fue un milagro, sino una decisión sostenida de recuperar el territorio y no abandonarlo otra vez. La mano dura puede vaciar una calle. La paz exige devolvérsela a la gente.
La patrulla llega cuando el daño ya comenzó; la prevención debe llegar antes. Empieza en una escuela que retiene a un muchacho antes de que la calle se lo gane, en un empleo que le ofrece una salida y en la posibilidad de que una mujer deje al agresor sin perder también la casa y el sustento. Escocia trató la violencia como un problema de salud pública y coordinó policía, escuelas y servicios de salud. La lección es sencilla: castigar al último agresor no basta si nada impide que aparezca el siguiente.
Recuperar autoridad no significa convertir la calle en un cuartel; un Estado que solo llega armado sigue llegando tarde. Lo decisivo no es inaugurar, es permanecer: que el presupuesto sobreviva al cambio de alcalde y el programa juvenil no dependa de quién lo anunció. La seguridad comienza a fracasar el día en que depende del calendario electoral.
La dignidad urbana es, también, una forma de seguridad. Medellín no solo llevó policía a las laderas que antes controlaba el crimen: llevó ahí sus edificios más ambiciosos. El Parque Biblioteca España, en la comuna de Santo Domingo Savio, uno de los barrios más golpeados por la violencia de los años noventa, fue diseñado por uno de los arquitectos más reconocidos de Colombia y se volvió el edificio más fotografiado de la ciudad, no en el centro financiero, sino en la ladera que antes nadie visitaba. El mensaje era claro: un barrio abandonado también merece belleza, presencia pública y futuro.
La ciudadanía también debe reconocer su parte, y esa parte es más decisiva de lo que el discurso oficial suele admitir. El poder no es algo que un gobierno posee y distribuye: solo existe cuando las personas actúan juntas. Sin esa acción conjunta, el poder simplemente no ocurre, por más que la ley lo describa en un papel.
Bajo esa idea, el miedo a denunciar no es una debilidad personal de quien calla: es la evidencia exacta de que el barrio se quedó sin la pluralidad que podría sostenerlo. Revertir eso no depende de una campaña de valentía cívica. Depende de que la denuncia deje de ser un acto solitario y se convierta en un gesto compartido, sostenido por la solidaridad y la empatía entre vecinos que ya se conocían antes de que el miedo los separara.
Ese gesto compartido ya tiene nombre en otras ciudades: vigilancia comunitaria organizada, que no es patrulla improvisada ni justicia por mano propia, sino una red vecinal que se mantiene alerta y avisa a la fiscalía cuando algo ocurre.
María no puede esperar una promesa abstracta de protección: necesita saber que, si denuncia, no estará hablando sola frente al mismo cobrador que ya conoce su nombre. Para que esa red funcione, el Estado debe ofrecer algo concreto: un canal que proteja su identidad, un enlace institucional confiable y una respuesta rápida. Sin eso, llamar participación ciudadana a la ausencia del Estado es otra forma de trasladarle el riesgo a quien menos puede cargarlo.
Honduras no está condenada a que la violencia siga ocupando el espacio que el poder, ejercido a la vez por varias manos que se lo disputan, dejó sin gobernar.
La salida tampoco consiste en esperar una reforma tardía mientras María paga cada mes. Exige reconstruir presencia pública desde abajo y desde arriba, hasta que la vigilancia comunitaria y la respuesta estatal formen una sola defensa. La comunidad observa, acompaña y denuncia; el Estado protege, investiga y sanciona. Esa posibilidad empieza cuando María encuentra, en su gremio o en su cuadra, a otras dispuestas a presentarse juntas ante la fiscalía y dejar de enfrentar solas la cuota mensual. La unión, aquí, no es una consigna de campaña: es la única fuerza que el miedo no sabe comprar.
Ya sabe organizarse así: lo hizo para enterrar a su vecina, lo hizo cuando la tormenta se llevó el techo del mercado. Lo que falta es convertir esa costumbre ocasional en una red que no dependa de la próxima tragedia para activarse, y dirigirla contra el miedo que le cobra cuota cada mes, antes de que le cueste una vida más. El día en que María deje de pagar sola, el cobrador perderá lo único que nadie le ha quitado todavía: la certeza de que nadie se le va a enfrentar. Ese día, y no antes, Honduras dejará de ser el país donde el crimen aprendió a gobernar.
