Tegucigalpa – La zozobra y la ingobernabilidad volvieron a marcar la agenda de Honduras en las últimas horas tras una imprevista convocatoria al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para dilucidar dos temas de trascendencia del país: las ZEDES y la amnistía política.
– Se pretende crear una nueva crisis en el Poder Judicial para desviar la atención de temas fundamentales que atraviesa el país, según consultados por Proceso Digital.
– Los diputados tienen inmunidad parlamentaria por lo que deciden en el pleno, por lo que no proceden acusaciones bajo el argumento que son traidores a la patria por aprobar las ZEDES, coinciden consultados.
El tema genera incertidumbre entre las fuerzas opositoras y la población debido a que el pleno ha sido convocado pese a la ausencia de la mayoría de magistrados propietarios que deben integrar la sesión, especialmente cuando se trata de asuntos vitales en la vida pública.
La sesión del pleno de la CSJ fue convocada para este viernes 20 de septiembre a las 8.00 de la mañana.
La convocatoria de la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, ocurre cuando tres de los magistrados se encuentran en asignaciones laborales en España, en tanto otros dos tienen una incapacidad por quebrantos de salud.
Esta urgencia por sesionar ha generado el pensamiento de analistas del acontecer político y de opositores que han señalado que tras el escándalo de un narcovideo que involucra a miembros de la familia presidencial y a otros políticos seguida del asesinato del ambientalista Juan López, misma que se le atribuye directamente, de acuerdo al sacerdote Carlos Orellana de la Compañía de Jesús, al alcalde de Tocoa y gobernador político de Colón, también involucrado en el narcovideo y que permanece inamovible en el cargo.
En la sesión no podrán participar los magistrados de la Sala de lo Constitucional Sonia Marlina Dubón, Isbela Bustillo, Francisca Villela, Luis Fernando Padilla y Wagner Vallecillo, ya que ellos se pronunciaron previamente sobre el recurso de las ZEDEs, igualmente los togados Roy Pineda y Milton Jiménez quienes gozan de incapacidad por motivos de salud.
De acuerdo a la convocatoria se abordarán dos temas únicos: recursos de inconstitucionalidad en torno a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) y la Amnistía Política para el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien ya fue absuelto en cuatro expedientes y pretende “limpiar” otros tres más que tiene vigente en los tribunales.
Según las voces de analistas, Ráquel Obando pretende declarar inconstitucional las ZEDEs y a la par calificar como “traidores de la patria” a los que aprobaron la norma. Varios de los actuales parlamentarios participaron en esa sesión de hace 11 años, por lo que sería una estrategia política para acusarlos e inhabilitarlos.
Uno de los primeros en reaccionar a la convocatoria del pleno de la CSJ fue el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, quien alertó que la convocatoria del próximo viernes con la ausencia de nueve propietarios, busca perdonar delitos de corrupción a miembros del Partido Libre e inhabilitar a la oposición política.
La exjueza Karla Romero, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto de Amnistía, pidió a los altos jueces que integren el pleno que defiendan los principios democráticos y constitucionales de Honduras.
“Sólo espero que las personas que integren este pleno recuerden que son profesionales del derecho ante todo, que son jueces comprometidos con un sistema democrático, defendiendo el Estado democrático que es Honduras y que está establecido en la Constitución de la República, pero además sepan queridos colegas que ustedes tienen el deber ante todo de la aplicación de justicia y que sus actos deben de ser coherentes, que los actos que establezcan este viernes les van a perseguir por siempre”, manifestó la profesional del derecho.
Mal haría la CSJ en dejarse instrumentalizar
El profesional del derecho, Kenneth Madrid, reflexionó que mal haría la Corte Suprema de Justicia de prestarse a la instrumentalización de la justicia.
Sin embargo, recordó que los congresistas tienen inmunidad parlamentaria, es decir que no pueden ser procesados ni penal ni civilmente por las disposiciones que aprueban. “Esa inmunidad estaba vigente cuando se aprobó este tema de las ZEDEs, además como les beneficia pueden acogerse a ella o puede ser más que todo para hacer un show mediático y mantenerlos entretenidos”, apuntó.
Madrid insistió que sería improcedente acusar a los diputados por el delito de traición a la patria porque los protege el fuero de la inmunidad parlamentaria.
Asimismo, explicó que el recurso interpuesto por la UNAH pide que se declare inconstitucional el artículo 37 de la Ley de las ZEDEs, que fue derogada por el Congreso Nacional.
“La Sala Constitucional no tiene, tampoco la Corte Suprema, potestad para pronunciarse sobre un asunto que ya está derogado, no tiene sentido, pierden competencia para pronunciarse sobre ello, lo que deben hacer sobre una ley derogada es sobreseer el recurso y cerrarlo”, ilustró.
Madrid planteó que si la CSJ no está tomando en cuenta que es una ley derogada, y como la misma dice que tiene efecto extensivo, la Sala y la Corte pueden ir a la reforma primigenia, pero en este caso se están yendo a la reforma constitucional.
Es inconstitucional que se pronuncien sobre un artículo de la Constitución lo que corresponde al Congreso Nacional es derogarla para que sea expulsada de la Carta Magna, ya lo habían hecho, sólo que no la habían ratificada en la segunda legislatura, remató.
Remató afirmando que varios de los magistrados querían que tuviera efectos ex tunc (ir para atrás desde el origen como que nunca existió) y en los recursos de inconstitucionalidad no tienen ese efecto, sólo son ex nunc (a partir del momento que se declara inconstitucional en adelante). La Ley Sobre Justicia Constitucional establece que sólo tendrá efecto desde el momento que se declara inconstitucional en adelante, en el caso que lo hagan para atrás habría un fraude de ley.
Situación legal complicada
Para el abogado Raúl Pineda Alvarado, mientras en el país existen decenas de problemas por resolver a los políticos se les ocurre crear crisis en el Consejo Nacional Electoral o provocar otra en el Poder Judicial para desviar la atención de problemas fundamentales de la nación.
Sin embargo, avizoró “una situación legal complicada” porque en el caso de las ZEDEs lo que existe es una reforma constitucional y la Sala de lo Constitucional sólo puede declarar inconstitucional las leyes, pero no tiene facultad de declarar inconstitucional algo que está en la Constitución.
En tanto, sí se puede intervenir en lo relativo a la inviolabilidad de la Constitución, eso depende del criterio subjetivo que tenga la Corte Suprema.
Explicó que la CSJ puede tocar la Constitución en lo relativo a su vigencia, a la inviolabilidad de la misma y al procedimiento, es decir que se haya dado una reforma constitucional sin la mayoría calificada y sin la ratificación de la siguiente legislatura, pero no puede intervenir en el fondo de la misma.
El también exdiputado puntualizó que “el problema es que están haciendo esta decisión cuando el equilibrio político de la Corte se pierde y tres magistrados andan fuera del país, lo que genera suspicacias porque se habla que van a acusar a los diputados, eso no se va a quedar sin reacción por parte de los políticos”.
“En todo caso si legalmente puede la Sala de lo Constitucional como último intérprete, sí puede hacerlo, pero técnicamente hablando puede la sala decir que la Constitución es inconstitucional, no, todo depende de la coyuntura política”, finalizó Pineda Alvarado.
Diputados gozan inmunidad parlamentaria
De su lado, el analista Lester Ramírez consideró que no cree que haya unanimidad y que la parte oficialista no tiene la mayoría simple en el pleno de magistrados para declarar inconstitucional las ZEDEs.
Declaró a Proceso Digital que el motivo de la reunión del pleno de magistrados es “más por tinte político que constitucional”.
No obstante, señaló que en el caso de que se logre declarar inconstitucional las ZEDEs, podría permitir la posibilidad que se denuncie a los diputados que votaron a favor de esta reforma constitucional y los declaren traidores de la patria.
“Eso es muy difícil que se lleve a cabo. Ellos tienen inmunidad parlamentaria, la Ley Orgánica del Congreso Nacional les brinda inmunidad por las decisiones que toman”, reafirmó Ramírez.
Agregó que esta inmunidad parlamentaria es retroactiva y la ley se blinda por las decisiones que tomaron antes del decreto legislativo 117-2019.
Ramírez opinó que la discusión tiene tinte político tras que ocurriera la muerte del ambientalista y regidor municipal de Tocoa, Juan López.
“Todo lo que se haga ahora tendrá matices políticos electorales”, remató. (PD)
