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Un manual para registrar dinero público y atajar la corrupción



Un manual para registrar dinero público y atajar la corrupción
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

Tegucigalpa -  El escándalo sobre la “Red de Diputados” develado a fines de 2017 por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que originalmente implicó a cinco entonces parlamentarios y que luego se amplió a más de 100, llevó a la Secretaría de Finanzas a publicar en marzo de este año, un Manual para la Transparencia que permita seguir la ruta del dinero en materia de proyectos y subsidios con fines sociales.

Denominado “Manual para la Transparencia del uso de Fondos Públicos Financiados por medio del Programa de Transferencias y asignaciones Globales, de la Secretaría de Finanzas”, el mismo tiene como propósito establecer los procedimientos para la adjudicación, aprobación y liquidación de fondos consignados en el Programa de Transferencias y asignaciones globales de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) para proyectos públicos sociales de tal forma que se garantice la transparencia del uso de los recursos, la rendición de cuentas y la satisfacción de la necesidad planteada por la población a la que están destinados dichos recursos.

El manual que consta de 34 artículos señala con detalle los pasos para acceder a fondos públicos generados desde Finanzas, como liquidarlos, cómo presentar las liquidaciones e informes, así como plazos para la ejecución o presentación de los avances. 

La labor de este trabajo recae en la Dirección de Transparencia de la Secretaría de Finanzas que es la responsable de aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de aplicar los principios rectores de acceso a la información, entre otros aspectos.

Fuerte mandato a Dirección de Transparencia

Desde que se creó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública hace una década, es la primera vez que una dependencia del Estado delega a una oficina la “facultad de resolver adjudicaciones presupuestarias para financiar proyectos público - social”. El Manual da así un mandato amplio a esta dependencia responsable del cumplimiento de la Ley de Transparencia, ahora con funciones más allá del artículo 13 de la ley que se refiere a la llamada información pública de oficio.

La Dirección de Transparencia ahora tendrá, a raíz de la publicación del manual en el diario oficial La Gaceta el 19 de marzo de este año, diseñar mecanismos internos propios que le permitan cumplir con transparencia esta disposición ministerial.

Con el Manual para la Transparencia se permitirá seguir la ruta del dinero para proyectos.

Como proyecto público social, la Secretaría de Finanzas lo define como aquel que busca alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Caen en esta categoría los proyectos de infraestructura menor en escuelas, centros de salud, canchas deportivas, mitigación de enfermedades; formación de capacidades (emprendedurismo, valores y convivencia ciudadana, equidad, derechos humanos y otros).

Se suman a esa lista las actividades culturales y de identidad nacional (muralismo, ferias de artes, música, pintura, museos, casas de la cultura y otros), así como la creación de microempresas.

El detonante

Este manual publicado por la Secretaría de Finanzas es resultado del escándalo conocido como “Red de Diputados”, en el cual originalmente cinco diputados, en el período pasado, hicieron presuntamente uso inapropiado de fondos públicos, según las investigaciones de la MACCIH junto al equipo fiscal de la UFECIC del Ministerio Público.

Ese caso que, de acuerdo la Misión, se amplió a un poco más de 100 parlamentarios, exparlamenttarios, funcionarios y exfuncionarios, de acuerdo con lo hallado en los archivos muertos de Finanzas, donde había facturas del uso de los fondos, las cuentas bancarias particulares y los gastos en que se fueron usados como pago de tarjetas de crédito, compra de artículos personales, entre otros. Esos documentos los llevaron a ampliar las investigaciones dijo el entonces vocero Juan Jiménez Mayor.

Los cinco acusados en el caso de la "Red de diputados".

El caso, fue archivado por una juez especial de la Corte Suprema de Justicia al invocar un artículo de las disposiciones transitorias del Presupuesto 2018 aprobado por la legislatura anterior que favorecía a los imputados al quitar al Ministerio Público la potestad de investigar y pasar ese tipo de casos al Tribunal Superior de Cuentas.

De esta forma la “Red de Diputados” quedó engavetada, pero las reformas hechas al Presupuesto han sido impugnadas ante la Sala Constitucional del Poder Judicial por considerarlas violatorias de la Constitución; el fallo aguarda el veredicto.

Atajando la discrecionalidad

De ahí que la Secretaría de Finanzas anunciara la toma de medidas de transparencia y rendición de cuentas más exhaustivas por medio de un manual que cierra el paso a las discrecionalidades en materia de uso de fondos públicos en lo relativo al Programa de Transferencias y Asignaciones Globales.

El mismo establece muchos requisitos para las organizaciones no gubernamentales, fundaciones y otro tipo de asociaciones civiles que trabajan con recursos públicos procedentes de ese programa de transferencias y asignaciones globales.

Las organizaciones que accedan a esos recursos ya no deberán presentar tres hojas como justificación de un proyecto, ahora deben estar acompañadas del registro que tienen en Gobernación y Justicia, tener una constancia de idoneidad, un apoderado legal y direcciones de ubicación reales, entre otros aspectos.

Los fondos públicos ahora deberán someterse a la veeduría social.

Asimismo, en el manual se establece que quienes accedan a estos fondos públicos deben someterse a la veeduría social, la Ley de Transparencia, revisiones internas y externas necesarias, además de responder a otras normas legales como la Ley Especial Contra el Lavado de activos, las leyes Orgánica y el Reglamento del Tribunal Superior de Cuentas, la Ley de Contratación del Estado o el Régimen de Contrataciones que les es aplicable y las disposiciones generales del presupuesto.

Para cada liquidación de los fondos las organizaciones deberán contar con un registro auxiliar que respalde la información presentada y la documentación de las transferencias o pagos efectuados, deberá mantenerse en custodia de cada organización solicitante, señala el manual de la SEFIN que ha sido socializado con organismos de la cooperación internacional y la propia MACCIH como mecanismo de rendición de cuentas del dinero público.


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