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Imposibilidad para conciliar con la PGR congestionará el sistema, dice abogado penalista



Imposibilidad para conciliar con la PGR congestionará el sistema, dice abogado penalista
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - El abogado penalista Javier Talavera, dijo este viernes que la imposibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) concilie delitos por corrupción que son penalizados con menos de cinco años “no es correcto ni beneficioso para el sistemas judicial”, señaló.

A criterio de Talavera, esa medida solo congestionará más a un sistema que ya está congestionado, por delitos de bagatela y de menor cuantía no los quieren conciliar, eso es ser más papistas que papa, externó.

“Están poniendo entre dicho todo el sistema judicial de Honduras, porque congestionarán el sistema y eso solo empeorará las cosas en los tribunales, no puede ser que todos los casos los asemejen a delitos de corrupción”, acotó el profesional del derecho.

Según Talavera, la gente cree que una pena solo es estar en la cárcel y eso no es correcto, deberían analizar otro tipo de castigos, como prohibición a ejercer cargos públicos por un determinado tiempo o que devuelva el dinero o el daño que le causó al Estado.

La justicia hondureña negó a la diputada Sara Ismela Medina poder conciliar con la Procuraduría General de la República (PGR) en el denominado caso Pacto de Impunidad.
En ese sentido el fiscal del Ministerio Público y subdirector de UFECIC, Juan Carlos Griffin dijo que el juez natural decidió desestimar la homologación a favor de la diputada Medina, por lo que auto de formal procesamiento sigue firme y ahora pasa a la siguiente etapa.

De igual manera un juez de Letras en Materia de Corrupción declaró sin lugar la petición de conciliación entre una imputada en el caso “Patuca III Colusión y Corrupción” con la PGR) tal como ocurrió en las últimas horas con la diputada Sara Medina.

En este caso la Procuraduría tampoco era partidaria de una conciliación, con Luisa Sofía Figueroa Claré, acusada del delito de violación de los deberes de los funcionarios.


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