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De cómo destruir la economía



Por: Julio Raudales

Abba Lerner, uno de los mas conspicuos economistas del siglo pasado, expresó allá por la década de 1970, que la economía se ha ganado el título de “reina de las ciencias sociales”, porque trabaja de manera eficiente cuando los problemas políticos están resueltos.

Esto es crucial: Lerner decodifica la relación casi simbiótica entre la ciencia de la escasez y la del poder. La economía de mercado genera riqueza y bienestar, siempre y cuando exista buena gobernanza y estabilidad. Ejemplos abundan.

En otras palabras, los países como Honduras son pobres porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. Ellos, los políticos, hacen esto no por ignorancia o por error, sino a propósito.

Para comprenderlo, debemos ir mas allá de la economía y de los modelos econométricos que nos muestran como funcionan los mercados y lo que hacen para mejorar el bienestar de la gente. En su lugar, es importante entender cómo se toman realmente las decisiones, quién las toma y por qué estas personas deciden hacer lo que hacen. Éste es el estudio de la política y los procesos políticos.

Lo acaecido en la ciudad de Gracias durante la semana que hoy termina, es una muestra clara de cómo la mala política es, a fin de cuentas, el camino mas expedito para destruir la economía de un país.

No se necesita un huracán, una sequía o un terremoto, tampoco una bolsa de valores a la baja o el deterioro repentino de los términos de intercambio. Basta una mala decisión de los políticos, quienes muchas veces actúan en obsecuencia a los dictados de intereses particulares y no pensando en el bien común, para provocar la muerte y la miseria de miles y hasta millones de las personas, que, por lo general, son quienes los llevaron al poder.

En efecto, el Congreso Nacional, que desde hace algunos años tiene la excéntrica costumbre de salir a sesionar a la ciudad de Gracias durante el mes de julio, aprobó el pasado miércoles, en medio de una turbulenta sesión, algunos decretos que causarán mas destrozos que cualquier hecatombe natural. Uno de ellos es el establecimiento de un “precio mínimo” al transporte de carga y la prohibición de que las empresas productivas o comerciales que posean su propia flota, la usen de manera libre. ¿Puede usted creer semejante dislate?

Pues, así como lo lee: Los honorables diputados, en respuesta a las presiones derivadas de la crisis política reciente, a la cual se sumó un paro de los transportistas de carga, quienes aprovecharon la turbulencia para pedir algunas canonjías, subieron por decreto el precio de los fletes de 97 centavos de dólar por kilometro recorrido, a US$ 3.42 por Km.

Es decir, el incremento en el costo de transporte para los productores, los comerciantes y en general, de todos los bienes que se producen en el país, se ha casi cuadruplicado de un solo plumazo. Ya podrá usted imaginar el impacto que esto tendrá en el precio final de los bienes y por tanto en la economía de las familias mas pobres.

Y como si esto fuera poco, el decreto aprobado el miércoles, obliga a los productores nacionales o extranjeros, a utilizar solo en un 30% sus propios vehículos si es que los tuvieran. Esto, seguramente incrementará aun mas los costos, ya que no solamente reducirá la oferta de camiones, tráiler y otros medios de carga, pero además será un disuasivo adicional a la inversión y lacera los tratados internacionales que Honduras ha suscrito y que prohíben tales prácticas.

La experiencia de los dos últimos siglos ha demostrado la eficiencia de la competencia y la libertad de los mercados en la generación de bienestar y riqueza. Ese es el espíritu que los constituyentes quisieron marcar en el artículo 331 de Carta Magna: “El Estado reconoce, garantiza y fomenta la libertad de… inversión…” No se puede imponer mediante un decreto, precios y ventajas para un determinado sector. Es una cuestión de principios, de apego a la libertad, pero, sobre todo, de protección a las familias mas pobres.

La imagen del país se encuentra ya muy deteriorada. La inversión doméstica y extranjera se ha cohibido fuertemente en los últimos 10 años. Las leyes y los arreglos institucionales constituyen un factor clave en las decisiones de cualquier inversionista a la hora de poner a trabajar su dinero.

¡No le hagamos la vida mas difícil a la gente! Los transportistas tienen derecho a trabajar y tener ganancias, pero si lo hacen vía decreto y no mediante la sana competencia, lo único que lograrán será matar la gallina de los huevos de oro. Todavía estamos a tiempo, siéntense a la mesa, discutan y lleguen a acuerdos que permitan que la política sea el impulsor y no el bloqueador de la economía.


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