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Custodio recomienda a Chimirri retirar querellas contra periodistas



Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, recomendó hoy al gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, retirar las querellas incoadas la semana anterior contra seis periodistas hondureños.
 

En una rueda de prensa, Custodio calificó de improcedentes las acciones judiciales en contra de los comunicadores y advirtió al Estado hondureño de posibles demandas internacionales por este caso.

“Lo que estoy planteando públicamente es que el querellante puede y tiene todavía la oportunidad de retirar las respectivas querellas”, declaró el funcionario.

“El desistimiento no solo es aconsejable en este caso sino que aliviaría la carga del Poder Judicial y contribuiría a mejorar la imagen del Gobierno”, añadió.

Chimirri, a través de su cuerpo de abogados, interpuso la semana anterior seis querellas contra igual número de periodistas que reprodujeron en sus medios de comunicación una denuncia de supuestos actos de corrupción publicada en el diario El Universal de México.

En una exposición, Custodio planteó que la crítica a un funcionario público “es una crítica al sistema democrático y por lo consiguiente los funcionarios públicos tenemos la obligación de demostrar mi honestidad y no el periodista que me denuncia”.

“Definitivamente este es un mal planteamiento del sistema penal hondureño, la carga de la prueba de la honestidad pública depende y debe depender del funcionario público cuestionado”, apuntó.

Señaló que “aquí lo que se está poniendo en evidencia es que desde el Poder Ejecutivo se está atentando contra la libertad de expresión (…), que hay una intensión de intimidar y de que no se critique más a nadie, y eso es malo para la imagen del país”.

“Se pasa hablando de que no se toman otras decisiones para no ahuyentar la inversión, pero en un país donde no hay libertad de expresión, donde no investiga cualquier denuncia pública y un acto de posible corrupción se está dando el mensaje equivocado”, afirmó.

“Nosotros como democracia tenemos la obligación de defender la libertad de expresión que nos ha costado mucho y si algo ha caracterizado al país en la lucha por los derechos humanos ha sido la libertad de expresión libremente ejercida y debidamente respetada”, indicó.

Como referencia, leyó parte de la sentencia a un periodista costarricense que fue condenado por el Código Penal de su país, la que tuvo que ser revocada por el estado costarricense y sometió todo su sistema penal a revisión a raíz de esa condena de la Corte Interamericana.

“Desde hoy estoy anunciándole al Estado hondureño que se puede ahorrar muchos problemas en el futuro si los periodistas llegaran a ser condenados por estas circunstancias pueden recurrir con éxito a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica con la seguridad que el Estado hondureño sería sancionado como el Estado costarricense”.

Organizaciones civiles repudian acción de Chimirri

Otras organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Democracia Sin Fronteras, el Colegio de Periodistas de Honduras, la Red probidad, el Consejo Nacional Anticorrupción y Colegio de Abogados de Honduras, también expresaron su repudio a la acción emprendida por Chimirri.

En una rueda de prensa, recordaron que la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones no es una concesión de los estados sino un derecho fundamental e inalienable y además requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática

Pidieron al Congreso Nacional “para que en el corto plazo se proceda a despenalizar las figuras de calumnia, injuria y difamación y diferir la responsabilidad de las mismas al ámbito civil como lo aconseja la tendencia internacional”.

A la Corte Suprema de Justicia le pidieron “actuar en consonancia con el respeto al principio del debido proceso, objetividad e imparcialidad aplicando los tratados y convenciones internacionales sobre la materia, encaminándose a la producción de jurisprudencia para establecer precedentes de tutela en el goce y ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información”.

Consideraron que los periodistas querellados actuaron en el marco del ejercicio de su obligación democrática de informar a la ciudadanía y al pueblo, hoy sufren las consecuencias de la intolerancia gubernamental de transparentar las acciones de quienes dirigen las instituciones del Estado.


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