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Más de 900 policías denunciados por faltar a la ley



Más de 900 policías denunciados por faltar a la ley
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

Tegucigalpa Al menos 900 agentes y altos mandos de la Policía Nacional registran denuncias de faltas que ameritan la investigación de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), en lo que constituye un reto en el inicio de las funciones de esta oficina interna.

- Depuradora ampliará requisitos para ingresar a la Policía

Así lo refirió el pastor Alberto Solorzano, miembro de la Comisión Depuradora de la Policía hondureña, quien afirmó que ese órgano acompañará a la Didadpol en todo el proceso de asentamiento.

En el contexto de la depuración de la Policía, el ministro de fe que integra la depuradora, dijo que los requisitos para ingresar a la Policía hondureña serán más rigurosos y deberán contribuir a fortalecer el organismo en plena reingeniería.

El proceso de depuración no solo es retirar policías, sino también una mejora institucional y de formación de los nuevos agentes.

Tras la ampliación de la vigencia de la Comisión Especial para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional, los miembros de esta instancia creada por el Poder Ejecutivo, para sacar avante a la institución, permeada hasta el tuétano por el crimen, saben que los pendientes les obligan a mayores y más profundas modificaciones que incluyen una estricta selección de los candidatos a agentes.

En Honduras se cuenta con un policía por 533 habitantes, de acuerdo a datos oficiales que registran algo más de 15 mil agentes del orden a nivel nacional.

Mientras los registros del Observatorio Universitario de la Violencia de la UNAH indican que en el país cada dos horas una persona muere de forma violenta, una cifra que es menor en casi la mitad a la que predominaba en el país hace seis años, cuando las muertes violentas llegaron a cerca de 90 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la misma instancia académica.

Mandato prolongado

El pastor Alberto SolórzanoEl pastor Alberto Solórzano, integrante de la Comisión Depuradora, reveló que cuando asumieron funciones encontraron que había policías que no sabían leer y escribir, una dinámica que poco a poco se ha ido modificando pero que se profundizará al aprobar un nuevo pensum académico entre otras medidas, previó al tiempo que hizo énfasis en la base de requisitos para ingresar a la institución.

En la penúltima sesión de este año, el Congreso Nacional amplió las funciones de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional por tres años más, es decir hasta 2022.

La extensión del mandato de la comisión se debe a que la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), que es la encargada de dar continuidad al proceso de depuración dentro de la institución, no ha podido conformarse plenamente, argumentó el secretario de la junta directiva del Congreso Nacional, José Tomás Zambrano Molina.

La Comisión Depuradora está integrada por el ministro de Seguridad, Julián Pacheco; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, el pastor Alberto Solórzano y el representante de la sociedad civil, Omar Edgardo Rivera, como asesores actúan el exdiputado German Leitzelar y el representante de la sociedad civil Carlos Hernández.

Prioridades de la comisión

“Hay algunas prioridades, sobre todo vinculadas a fortalecer las decisiones que se han tomado y continuar con el tema relacionado a la reforma policial, que tiene varias facetas, una de ellas tiene que ver con la Didadpol que en esta etapa necesita el fortalecimiento para que pueda comenzar a funcionar de manera más expedita y más puntual”, indicó Solórzano.

Acotó que el otro tema prioritario es la puesta en marcha de normativas como la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial, al igual que los ocho reglamentos que están por publicarse en el diario oficial La Gaceta y que han sido trabajados por la misma comisión depuradora.

La Comisión Depuradora trabaja en el perfil del nuevo liderazgo de la Policía.

Más requisitos de ingreso

Para el ministro de fe, miembro de la comisión, la formación académica de los futuros y actuales policías es prioritaria y por ello gran parte del esfuerzo se enfoca en el tema educativo. “Esto va a ser una prioridad de la comisión en función que sentimos que la parte de educación del nuevo policía es sumamente importante”, señaló Solórzano.

Respecto a los requisitos para engrosar las filas de la Policía Nacional, el pastor Solorzano dijo que “no podemos pensar que alguien llegue a la Policía sólo en función de obtener un trabajo, sino que debe tener la vocación y por eso los requisitos se van a elevar más”, arguyó.

Añadió que también hay una infraestructura que se está construyendo a nivel nacional mediante una fuerte inversión y se necesita que la misma comience a funcionar de acorde a las exigencias del nuevo momento de la Policía.

Actualmente, hay un policía por cada 533.33 habitantes y con el potencial incremento a 26 mil uniformados.

Aumento de 11 mil policías

El reto para la comisión es elevar el número de agentes de alrededor de 15 mil a 26 mil  miembros, lo que significa que en los próximos tres años deben ingresar otros 11 mil policías, lo que va a requerir de un manejo profesional en lo que los depuradores tienen que trabajar fuertemente, se indicó.

También se trabaja en el perfil del nuevo liderazgo de la Policía a fin de administrar las nuevas leyes, a todo el recursos humano institucional, las nuevas instalaciones e infraestructura  y especialmente la dinámica académica.

“No podemos pensar que con el liderazgo que ha venido funcionando en la Policía se le va a hacer frente a este nuevo momento que vive la Policía y uno de los retos que tiene la comisión es buscar ese nuevo liderazgo en los próximos años y capacitarlo de tal medida que sirva a la institución”, refirió.

Actualmente, hay un policía por cada 533.33 habitantes y con el potencial incremento a 26 mil uniformados se pretende reducir esa relación a un policía por cada 307.69 habitantes, estimó.

La Comisión de Depuración de la Policía ha remitido a la Fiscalía 147 expedientes con pruebas que involucran más de 500 oficiales.

Solórzano admitió que, aunque la Policía hondureña es una de las más numerosas de la región, no está todavía acorde con las nuevas exigencias del estándar mundial.

Tras el hartazgo de los hondureños que, a partir de octubre de 2011, tras el asesinato de dos estudiantes universitarios, incluido el hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, la ciudadanía empezó a denunciar la corrupción policial en todos los niveles y como respuesta obligada se inició una lucha por depurar el ente y entonces se previó que el proceso llevaría al menos 13 años.

Para ello y desde entonces, se crearon leyes, se nombró la Comisión Depuradora y se han sacado de la institución cerca de cinco mil agentes y altos mandos, considerados por los comisionados  como “no idóneos”. Otras medidas también han sido puestas en marcha.

El Ministerio Público, incluso, creó una unidad especializada, donde se recibieron denuncias de policías y oficiales corruptos y los procesos de investigación están en marcha, dijo a Proceso Digital una fuente fiscal.

Vocación

Respecto a la vocación de servicio policial de los aspirantes actuales, el pastor Solorzano refirió que a nivel mundial existen prácticas que permiten conocer quién tiene vocación y quién no la tiene para formar parte de la Policía y citó el caso de los Carabineros de Chile, una experiencia que servirá de modelo en Honduras.

Desde su creación, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía ha cancelado a cinco mil 521 miembros de la carrera policial; igualmente, durante ese mismo período, han egresado de los diferentes centros educativos policiales ocho mil 22 nuevos agentes y oficiales policiales que han sustituido a los cancelados.

La Comisión Depuradora está integrada por el ministro de Seguridad, Julián Pacheco; la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, el pastor Alberto Solórzano y el representante de la sociedad civil, Omar Edgardo Rivera.

Como asesores actúan el exdiputado German Leitzelar y el representante de la sociedad civil Carlos Hernández. La Comisión fue juramentada por el presidente Juan Orlando Hernández, el 12 de abril de 2016.

Acompañamiento a la Didadpol

Omar Rivera miembro de la
Comisión Depuradora.
Por su parte, el también miembro de la comisión, Omar Rivera, explicó que la Comisión acompañará el cumplimiento del mandato de la Didadpol.

Aseveró que se le dará todo el apoyo a la Didadpol durante su transición en todo lo que tiene que ver con transferir de manera periódica los expedientes de la comisión de faltas graves, muy graves o la supuesta comisión de delitos, así como darle seguimiento a los casos que se puedan enviar al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público, para que se ejerza la acción penal pública.

“Hemos podido observar, para que tenga un ejemplo bastante claro, como los principales obstáculos presupuestarios se pudieron presentar en el proceso de arranque, fue ahí donde la comisión especial, aún sin que el decreto estuviera vigente, pudimos respaldar a Didadpol haciendo gestiones ante la Secretaría de Finanzas, para garantizar los recursos necesarios para poder contratar los investigadores del caso para el cumplimiento de esa función, y poder garantizar que tengan esa disponibilidad financiera el próximo año”, argumentó Rivera.

sistema de educacion policialLa Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH)

El Sistema de Educación Policial (SEP), encabezado por una rectoría, posee cuatro dependencias: la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH), el Instituto Tecnológico Policial (ITP), la Academia Nacional de Policía (Anapo) y la Escuela de Suboficiales (ESO); cada uno dirigido por un director.

Solórzano indicó que, de inicio, al menos 900 policías serán investigados por la Didadpol, por la comisión de diferentes delitos de índole penal. El nuevo organismo de depuración policial comenzó operaciones con 30 investigadores, 20 en Tegucigalpa y 10 en San Pedro Sula.

Hay denuncias contra oficiales y agentes por la comisión de diferentes delitos y faltas graves que ameritan su expulsión de la institución, puntualizó.

En este entorno, la comisión depuradora prolonga su accionar en uno de los procesos exógenos que ha redituado en mucho su creación, pero, que asume su prórroga con una responsabilidad definida que amerita respuestas que se plasmen en un país más seguro.


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