Tegucigalpa – La nueva Ley Electoral que será aprobada en un santiamén, antes del llamado a elecciones el 13 de este septiembre, probablemente por capítulos y en un solo debate, contempla entre su capitulado, el tema del financiamiento de campañas políticas de una forma general, y abre espacios a la discrecionalidad que limitan el accionar de la Ley de la Política Limpia y su ámbito de fiscalización de los aportes a las campañas.
– La nueva normativa electoral también limita Ley de Política Limpia
El capítulo VIII que habla del Patrimonio y Financiamiento de los Partidos Políticos, apenas tiene ocho artículos, en su mayoría relativos al patrimonio de los partidos políticos, la forma de calcular el financiamiento público, el pago del financiamiento público o deuda política; el financiamiento público o deuda política aplicable a campañas de candidaturas independientes, la rendición de cuentas en período electoral, las exoneraciones fiscales y el uso indebido de los recursos del Estado, así como el financiamiento para el fomento al liderazgo de mujeres.
Este artículo, el 163, es la nueva novedad incluida en la última versión del proyecto de ley, enviado este 7 de septiembre al Congreso Nacional y que empezará a ser debatido esta semana. Ahí señalan que: “Los Partidos Políticos tienen derecho a recibir financiamiento público para el fomento del liderazgo de la mujer. El monto de este financiamiento debe ser el equivalente al quince por ciento (15%) de la Deuda Política que cada Partido Político con representación en el Congreso Nacional hubieren obtenido en las últimas elecciones generales”.
Pero de esos ocho artículos, solo uno se refiere genéricamente a la Ley de la Política Limpia, y es el artículo 164 relativo a la Rendición de Cuentas en Período Electoral que dice: Los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes que recibieron recursos del Estado en el período electoral, una vez recibidos, están sujetos a las normas aplicables contenidas en la ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Ley de Política Limpia.
De esta manera, la propuesta de nueva ley electoral que será sometida para su aprobación a la cámara legislativa cierra el espacio a la Ley de Política Limpia al limitarla solo a conocer de los recursos que reciban los partidos, alianzas y candidaturas del Estado, más no habla del financiamiento privado, menos de lo relativo a los dineros procedentes del crimen organizado y la corrupción pública.
Se desvanece la Ley de Política Limpia
El otro apartado en donde se menciona la Ley de Política Limpia, es el artículo 166 que habla del uso indebido de los recursos del Estado, en el cual: “Se prohíbe la utilización de los recursos del Estado fuera del financiamiento que el mismo otorga y los programas debidamente aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Todo lo relativo a la aplicación de este artículo y sus efectos, se regula conforme a lo establecido en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos”.
Son las únicas dos referencias a la Ley de Política Limpia, un mecanismo impulsado por la extinta MACCIH que buscó cerrar el paso al dinero procedente de la corrupción y del crimen organizado en las campañas políticas.
La Ley de Política Limpia tiene en su Unidad de Fiscalización el brazo rector que da vida a esa normativa, que contiene valiosos elementos para transparentar las campañas políticas, el financiamiento y el coto de los montos autorizados a ejecutar. Es una normativa que va más allá de lo que estipula ahora este nuevo proyecto de ley electoral.
La Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia, tampoco queda claro cómo quedará una vez aprobada la nueva Ley Electoral, la tendencia parece que estará adscrita al Consejo Nacional Electoral (CNE), pero la víspera, por lo que establece la normativa sobre el financiamiento, tendrá funciones limitadas.
El dinero sucio en las campañas
Algunos parlamentarios en el Congreso Nacional son partidarios de que la Unidad de Fiscalización de la Ley de Política Limpia sea un órgano independiente, con su propio presupuesto y autonomía, pero otros prefieren bajar el perfil a la ley de política limpia y limitarla solo a tomar cuentas del dinero público que les da el Estado.
El tema del financiamiento de las campañas políticas no ha sido de momento una bandera que preocupe a la clase política, ni a los partidos políticos mismos, cuyos representantes en la comisión de dictamen de la nueva ley electoral, así como los asesores designados para la ilustración de la nueva normativa, han levantado la voz para dar fuerza e importancia a un tema tan sensible como de dónde viene el dinero de las campañas políticas en tiempos electorales.
En Honduras, el Ministerio Público y la extinta Misión de Apoyo en la lucha contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), judicializó varios casos de corrupción pública donde se usaron fondos públicos para el financiamiento de campañas políticas y de partidos políticos, entre otros aspectos. Algunos de estos casos están siendo sobreseídos por jueces naturales y con ello han salido favorecidos políticos, burócratas, exfuncionarios públicos, personas naturales, entre otros.
Casos de financiamiento de campaña política procedentes de fondos públicos relevantes en el país han sido el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social, Pandora, Corrupción sobre Ruedas, Arca Abierta y Red de Diputados.
Del lado de la penetración del dinero ilícito del narcotráfico, también se judicializó un caso asociado al lavado de dinero de carteles de droga que financiaron varias campañas políticas en Honduras.
Asimismo, los testimonios de los capos de la droga brindados en los tribunales de justicia en Nueva York han develado, con lujo de detalles, la penetración desde hace varias décadas del dinero sucio del narcotráfico en las campañas políticas para financiar puestos de elección.
De ahí que, de cara al próximo proceso electoral, el tema del financiamiento de campañas políticas sea un tema que reviste un interés público y nacional, pero, de momento, este tema no parece ser de interés de las elites políticas, los partidos políticos y sus parlamentarios representados en el Congreso Nacional.
Honduras se apresta el próximo año a ir a elecciones primarias, internas y generales, la idea es que se haga bajo una nueva ley electoral y bajo dos entes nuevos creados: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Se espera que se vaya también con una nueva cédula de identidad y un nuevo censo electoral.
De todo ello, solo dos cosas existen formalmente: el CNE y el TJE, lo demás, está en construcción y los legisladores se encuentran contrarreloj y todo apunta que la nueva Ley Electoral será dispensada en dos debates y aprobada al filo de la convocatoria a elecciones primarias e internas el 13 de septiembre próximo por parte del Consejo Nacional Electoral.
AL
